Política
Juzgado de la CDMX frena entrada en vigor del Nuevo Modelo Educativo y Programa Piloto de la SEP
Organizaciones civiles consideras que no existe justificación constitucional ni legal para que únicamente se implemente el programa en escuelas públicas
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión para la entrada en vigor del Nuevo Modelo Educativo y Programa Piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 960 escuelas públicas, por considerarlo inconstitucional.
Asimismo, informó que analizará la constitucionalidad del Modelo Educativo, luego del amparo promovido por movimiento nacional Educación con Rumbo para garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad.
En un comunicado, Miguel Ángel Ortiz, representante de Educación con Rumbo, argumentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.
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Por ello, sostuvo que el Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas.
Afirmó que no existe justificación legal para que la SEP sólo implemente el programa en escuelas públicas, “por lo que el modelo que se aplicará a los niños de las 960 escuelas públicas es discriminatorio y se trata de un modelo prueba-error, que calificó de experimental.
Por ende, abundó, es inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución.
A su vez, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, consideró como una decisión valiente y sin precedentes del poder Judicial que obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país.
Ello, a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil tal y como establece el artículo 135 de la Ley General de Educación, lo que en el caso del nuevo modelo educativo no sucedió, apuntó.
Puntualizó que el amparo concedido es un logro inédito y relevante de la sociedad civil para garantizar el interés superior de los niños y niñas de México y asegurar una educación en condiciones de igualdad, sustentado en el método científico y libre de contenidos ideológicos.
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