Política
Una funcionaria del Poder Judicial firmó contratos por 71 mdd cuando estaba en la Policía Federal de Genaro García Luna: UIF
Todos los contratos firmados por la funcionaria del Poder Judicial fueron hechos en dólares y ningún cubrió con los señalamientos legales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez informó que Sonia Vargas Terrero, quien fuera funcionaria en la Policía Federal de García Luna y hoy empleada del Poder Judicial de la Federación, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares.
De acuerdo con Gómez Álvarez, la ahora funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal firmó estos contratos de manera inexplicable.
“La de la Policía Federal en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, dijo Pablo Gómez.
El funcionario recalcó que los contratos fueron firmados por las funcionaria del Poder Judicial de la Federación en dólares, a pesar de que no se cubrieron los señalamientos legales.
“Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”, señaló.
El titular de la FGR habló de otros involucrados en la realización de contratos en los periodos de Calderón y Peña Nieto y que se hicieron a un sólo conglomerado.
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“Como ustedes pueden suponer, todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel L. que son quienes suscriben gran cantidad de contratos, desde luego los primeros”, comentó Gómez Álvarez.
Los contratos fueron para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama safe city instalado, supuestamente aunque que no lo fue, en Ciudad Juárez.
Pablo Gómez aseguró que todos los contratos fueron para la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de exacción de dinero público, que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande”, puntualizó.
“El gobierno mexicano como ya se ha informado antes a acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentran gran cantidad de estos bienes”, enfatizó.
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