La austeridad republicana y la pobreza franciscana de AMLO no resolverán la recaudación: Santamarina y Steta

La austeridad republicana y la pobreza franciscana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no resolverán la escasez de recursos gubernamentales, por lo que una fiscalización más agresiva para obtener más ingresos sólo llevará a que los grandes contribuyentes opten por irse a juicio, con buenas posibilidades de ganar, planteó Mariano Calderón, experto fiscal de la firma legal Santamarina y Steta.

Consideró que la fiscalización seguirá en aumento para “exprimir y perseguir, de manera agresiva, a contribuyentes cautivos” y anticipó una miscelánea fiscal para 2023 centrada nuevamente en presionar a los contribuyentes cautivos, sin atacar el problema de fondo de ampliar la base de contribuyentes.

“No se necesitan grandes cálculos para preverla: La presente administración ha centrado sus esfuerzos en elevar la recaudación mediante una agresiva fiscalización, al haber decidido no hacer ninguna reforma fiscal a lo largo del sexenio”, expresó.

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Lo cierto es que, apuntó, la austeridad republicana y ahora pobreza franciscana no resolverán la escasez de recursos gubernamentales. Lamentablemente, seguirán aumentando la fiscalización a fin de exprimir y perseguir, de manera agresiva, a contribuyentes cautivos.

No obstante, sostuvo que esas medidas, en lugar de resolver el problema, lo agravarían, “porque la misma austeridad hace que los actos de gobierno se vuelvan más ineficientes jurídicamente, menos sólidos y profundos todos los estudios, análisis, determinaciones y actos de administración, a falta de manos y expertos, por lo que los grandes contribuyentes optarán por irse a juicio, con buenas posibilidades de ganar”.

El especialista de Santamarina y Steta dijo que los casos que gane el gobierno podrán convertirse en recursos en efectivo hasta dentro de dos o tres años.

“Aunque resulte políticamente incorrecto, tal vez sea ahora el mejor momento para una reforma fiscal real, con las medidas impopulares, que consisten en aumentar la base de contribuyentes atacando la economía informal”, planteó.

Consideró que existe la posibilidad de una crisis fiscal, mientras no haya una modificación de fondo, dado que México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recauda impuestos porque hay pocos contribuyentes cautivos, y los grandes, con recursos para defenderse en tribunales.

En caso de que el gobierno federal aprovechara el capital político que le queda para adoptar las medidas impopulares y ampliar la base de contribuyentes, a fin de no dejar una bomba de tiempo a la próxima administración, expuso se podría reducir el número de regímenes especiales para simplificar los trámites de recaudación.

Además, abundó, se podría trazar una veta de impuestos indirectos, dado que de todas formas todo el mundo termina pagando el IVA. “Sí, es impopular gravar alimentos y medicinas, pero se puede hacer gradual y subsidiar a los deciles de menores ingresos”, señaló.

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También se buscaría elevar la recaudación a nivel estatal y municipal. “El predial, por ejemplo, se paga en cantidades ínfimas”.

Además, el especialista de Santamarina y Steta consideró que es previsible que las empresas estén preparadas para enfrentar actos de presión, que se asesoren por abogados expertos, para no perder ninguna oportunidad de defensa.

Mientras, tendrá un doble efecto negativo, sobre todo en las grandes empresas, porque el clima de persecución y presión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) inhibirá la actividad económica de las compañías.

Mencionó que los recursos dedicados a los litigios serán los que dejarán de invertirse para el crecimiento y generación de empleos, mientras que para el gobierno, se incrementará el costo de la recaudación.

“Las empresas ejercerán sus medios de defensa y se generará un clima de litigios largos que, en última instancia, la actual administración no recibirá los recursos, en caso que las resoluciones le sean favorables en dos o tres años.

“No hay que olvidar que la posición del SAT no es necesariamente la correcta. La última palabra la tiene el Poder Judicial”, puntualizó el analista de Santamarina y Steta.

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