El robo de electricidad es un delito que va en descenso en Baja California Sur

LA PAZ, Baja California Sur. De 15 años a la fecha, el robo de energía eléctrica que en la entidad ha disminuido, y actualmente las tomas se registran en el municipio de Los Cabos, en asentamientos irregulares que se formaron por la invasión de tierras.

Colonias como La Ballena, Vado de Santa Rosa y Tierra y Libertad, entre otras, cuyos habitantes tomaron las lotes por la vía de los hechos y que tardaron varios años en regularizar sus predios, se colgaban de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer llegar energía a sus viviendas.

El problema fue de tal magnitud que en algunos sitios la CFE tuvo que instalar tableros comunitarios desde donde se surtía el flujo a los hogares, con el cobro de una cuota fija, esta especie de institucionalización de la toma ilegal de energía por parte de la CFE, resolvió una parte del problema, pero generó otros, debido a que sentó un precedente.

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Así, se abrió la esperanza de contar con electricidad no solo en las invasiones sino también en los terrenos sin urbanizar, es decir, los llamados predios rústicos en donde no se contaba ni con permisos de construcción ni con factibilidad de servicios, aun y cuando no estuvieran en zonas de riesgo o alto riesgo.

En la actualidad, son centenares de tomas clandestinas que son toleradas por la autoridad, debido a que se ha visto rebasada por la demanda de servicios; cifras recientes señalan que cada día llegan a Los Cabos aproximadamente 25 familias en busca de mejores condiciones de vida, que demandan suelo, vivienda y servicios, primordialmente agua y luz.

El ayuntamiento llegó a un acuerdo con la CFE sin que se sepa a la fecha si hubo o no denuncias penales en contra de quienes conectaron la electricidad por su cuenta

Y si el vertiginoso crecimiento poblacional de Los Cabos ha complicado al estado la prestación de servicios, especialmente de agua y luz en terrenos regulares, lo ha hecho imposible en asentamientos irregulares ubicados en zonas de riesgo y alto riesgo en donde por esta causa, la autoridad está impedida para llevar infraestructura pública.

Según cifra de protección civil, en Los Cabos hay 40 mil personas viviendo en zonas de riesgo y alto riesgo, y el crecimiento poblacional sigue creciendo de tal manera que en la actualidad ese municipio tiene el 44 por ciento de la población del estado con más de 350 mil habitantes, y aumenta en 10 mil por año.

Pero el robo de energía eléctrica no solo se practica en Los Cabos, como parte de una integración atrofiada de la migración al desarrollo de ese destino turístico; otra forma de robo menos común sucede con jefes de familia que enfrentan el desempleo y la falta de ingresos y se conectan de los cables de la CFE por encima de los medidores cuando les cortan la energía por falta de pago.

Aunque se trata de un delito que se castiga con cárcel, no se conoce hasta ahora de alguien que haya ido a prisión, aunque sí de casos donde el cálculo del consumo que hace la paraestatal represente fuertes sumas de dinero que el usuario debe de pagar para volver a contar con el servicio, y sin ninguna posibilidad de ganarle a la paraestatal, aun y cuando los argumentos pretendan ser lo más convincente.

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Según el artículo 368 del Código Penal, el robo de electricidad se castiga con entre 3 y 10 años de prisión y con multa de mil días de salario mínimo.

Una nueva modalidad de robo de electricidad fue inauguradaen Mulegé en el año 2021 siendo alcalde Felipe Prado, cuando unos 300 pobladores de la Heroica Mulegé conectaron por su cuenta la electricidad al pozo de agua potable que días antes fue cortada por la CFE por falta de pago.

La falta del líquido afectó a más de cinco mil personas en lo más crítico de la pandemia de Covid-19; otros 20 mil habitantes de la cabecera municipal Santa Rosalía también se quedaron sin el agua debido a que los pozos que le surtían del vital líquido también se quedaron sin electricidad por la misma causa, luego de que por la pandemia, el ayuntamiento registró una caída del 80% en su recaudación.

Al final, el ayuntamiento llegó a un acurdo con la paraestatal, sin que se sepa a la fecha si hubo o no denuncias penales en contra de quienes conectaron la electricidad por su cuenta.

Elías Medina | El Sudcaliforniano