Los Ortega alistan su permanencia en el poder en Nicaragua

Nicaragua celebrará el próximo domingo unas elecciones presidenciales en las que el “demócrata” Daniel Ortega y su esposa, la recién nombrada “copresidenta” Rosario Murillo, en el poder desde 2007, buscan un cuarto mandato consecutivo, con todos sus rivales presos y con un amplio apoyo de los gobiernos de izquierda en América Latina y de Rusia.

El nombramiento de Murillo es de facto porque no lo contempla ni la Constitución que Ortega reformó en 2014 para quedarse indefinidamente en el poder. Fue un acto público y transmitido por televisión, uno de los pocos que los Ortega han protagonizado durante una campaña electoral sin oposición, porque toda está encarcelada desde hace varios meses en Nicaragua.

Siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos desde junio acusados de “conspirar en menoscabo de la soberanía”, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, junto a más de 30 líderes y activistas opositores, todo esto bajo la contemplación de la izquierda en la región o al menos sin ningún pronunciamiento a esa medida de meter a todos a prisión.

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Tres agrupaciones opositoras que planeaban participar en los comicios fueron anuladas por el tribunal electoral, dejando en la competencia únicamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega y cinco partidos derechistas, cuyos candidatos son prácticamente desconocidos por la ciudadanía, entiéndase a modo.

Pero esta idea de quitar a todo lo que se le cruce a los Ortega en el camino no es nuevo, en la campaña electoral de 2016, cuando el dictador nicaragüense no había encarcelado como ahora a todos sus adversarios, él inscribió como su fórmula presidencial a Murillo, pasando por encima de la vieja guardia sandinista, que mostró un rechazo tácito a la vicepresidencia “de la mujer del comandante” por encontronazos y diferencias con ella. 

La primera dama oficializaba así su ascenso a la primera línea de mando del Ejecutivo, luego de ejercer informalmente una especie de rango de “superministra” desde 2007, cuando Ortega regresó a la Presidencia, un cargo que se labró con constancia y cuyo génesis de influencia muchos críticos ubican en el encubrimiento del abuso sexual que denunció su hija, Zoilamérica, a manos de su pareja. Lo que sea necesario para mantenerse en el poder.

El nombramiento de copresidenta adquiere alto valor en un contexto en el que la pareja presidencial cerró por completo el espacio democrático, y confeccionó una elección a su medida, que consolida una “dictadura familiar y un régimen de partido único”, en el que la disidencia se paga con prisión, por decir lo menos.

La decisión de que Murillo sea copresidenta de Nicaragua tiene muchas lecturas, pero sobre todo, busca que la primera dama pueda suceder a Ortega sin fractura y sin protesta al interior del orteguismo, porque ha habido demasiada manifestación de que ella no goza del apoyo de esas base. Para nadie es un secreto que hoy en día quien tiene la última palabra en el gobierno es ella.

De hecho, Murillo ha sido sancionada en tres ocasiones y señalada por la comunidad internacional por cometer graves violaciones a los derechos humanos, de ser responsable del desmantelamiento de las instituciones democráticas y de actos de corrupción. Todo ello se ha conjugado para “entorpecer su sueño presidencial”. Pero tome en cuenta que ella no va a detenerse hasta convertirse en Presidenta.

Las esperanzas de que Nicaragua tenga una oposición real son casi nulas, sólo la Iglesia católica mantienen una tensa relación con el régimen desde las protestas antigubernamentales de 2018, por el apoyo que los templos dieron a los manifestantes durante la represión, que dejó más de 300 muertos, según grupos de derechos humanos, que también andan a salto de mata.

Ortega acusa a los obispos en Nicaragua de “golpistas terroristas” y de estar “al servicio de los yanquis”, o sea de Estados Unidos, un discurso demasiado sobado, pero que en muchos países como Cuba, Venezuela o Bolivia siguen utilizando como principal herramienta de sus discursos. 

No importa si Estados Unidos es gobernado por demócratas o republicanos, el culpable de lo que le pasa a los países de izquierda es el imperialismo estadounidense y ellos con todo su esfuerzo se mantienen por décadas en el poder, para con ello defender a sus gobernados. Un verdadero sacrificio, que por añadidura los convierte en millonarios.

Sólo que Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, pero eso es lo de menos, la soberanía y democracia es resguardada y protegida, si es preciso, con sus vidas.

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La Asamblea General de la OEA, el órgano máximo del bloque regional, instó en octubre de 2020 a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, pero el gobierno de Ortega rechazó la resolución, la verdad lo que diga ese organismo le viene guango a Ortega, ponerle más sanciones ya es pan de todos los días. No le hace ni cosquillas.

En su arranque de campaña, Ortega invitó a los empresarios, con los que el Ejecutivo mantuvo una alianza de consenso hasta abril de 2018, a retomar los acuerdos.

Dos semanas después las autoridades nicaragüenses arrestaron a los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente, críticos del Ejecutivo.

Los gobiernos de Rusia, Venezuela, Cuba, Irán y Turquía son aliados de Ortega en el exterior. Existe un búnker de los rusos en Nicaragua donde operan sistemas de comunicación de espionaje. También está presente la colaboración cubana y venezolana en asuntos de inteligencia, sostuvo en una entrevista Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en el período 1985 a 1990.

Desafortunadamente la suerte de los Nicaragua ya está echada, el próximo domingo sólo se realizará un acto de trámite para avalar democráticamente la permanencia de los Ortega en el poder y con ello seguir con el viejo discurso que ellos son los buenos y Estados Unidos es el malo. O ¿usted qué cree?