En Morelos, ser activista es un auténtico peligro, dice un integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos

CUERNAVACA, Morelos. En la actual administración estatal, encabezada por el gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco Bravo, al menos ocho activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados, pues “ser activista en Morelos es un auténtico peligro”, afirmó José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

“Lo que nosotros planteamos es que esas actividades no deben significar la pérdida de la vida; cualquier persona pueda exigir defender sus derechos sin que por esa razón sea víctima de violencia, de amenazas de todo tipo. Nosotros llamamos a que se tomen las medidas adecuadas”, señaló.

En su actividad como defensor de los derechos humanos, José Martínez Cruz también ha recibido amenazas y actos de represión, aseguró.

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“Hemos sufrido una serie de amenazas, de actos de represión, de violencias, lo hemos hechos y lo hemos denunciado en su momento, y para nosotros la mejor protección es la participación de la gente, porque la gente en ese sentido en donde quiera que esté uno se solidariza”.

En el actual sexenio se ha registrado una serie de crímenes contra activistas, uno de ellos, el de Samir Flores Soberanes, asesinado en febrero de 2019 afuera de su domicilio. Él era uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), planteado desde el gobierno federal y que planteó la construcción y operación de una termoeléctrica en Huexca, comunidad de Yecapixtla, en Morelos.

Hemos condenado todas las violencias y particularmente todos los asesinatos cometidos en contra de defensores del medio ambiente, el caso de Samir, el caso de Rodrigo Morales, a pesar de que han estado haciendo la lucha abiertamente, públicamente y han sido objeto de asesinatos.

En septiembre de 2020 fue privado de la vida el activista y político Juan Jaramillo Frikas. Su familia, a casi cuatro años del crimen aún vive con la zozobra de no saber qué fue lo que ocurrió.

“El no tener respuestas todavía es muy doloroso. Estamos con miedo, creo que como el resto de la sociedad en Morelos, y me atrevo a decir que, desafortunadamente, de la república”, dice Karla Jaramillo, hija de Juan.

Lamenta que en este caso, como en la mayoría de los crímenes contra activistas, la impunidad sea la constante.

“Seguimos en las mismas, sin avance en la investigación, la inseguridad en el estado cada día más fuerte y seguimos esperando resultados de las autoridades, que creo que ahora entre campañas y cambios de gobierno y cambios de administraciones pues será más difícil el poder tener respuestas a lo que le paso a mi papá”.

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A pesar de que asegura que su familia no ha recibido ningún tipo de amenazas tras el asesinato de su padre, su familia vive con miedo y toman todas las precauciones posibles ante la ola de inseguridad que se vive en el estado.

“Yo ya no sé si sea exclusivo de quienes han levantado la voz, evidentemente son los más sonados, pero a diario desafortunadamente hay pérdidas de gente que nunca se han dedicado al tema político o al activismo social”, lamenta.

Pero el caso de Samir Flores y Juan Jaramillo no han sido los únicos. En 2020, Isaac Medardo Herrera Avilés fue asesinado afuera de su casa, en Jiutepec. Un año más tarde, en septiembre de 2021, Rodrigo Morales, opositor a la reapertura del relleno sanitario de Loma de Mejía, fue víctima de homicidio en avenida Universidad, al norte de Cuernavaca.

En enero de 2022, Ana Luisa Garduño fue privada de la vida en un restaurante de Temixco. Ella participó en varias movilizaciones en la búsqueda y atención a familiares de personas desaparecidas, luego de que su hija Ana Karen fuera asesinada, presuntamente, por su pareja sentimental.

Uno de los casos más recientes fue el asesinato de María Fernanda Rejón Molina, reportada como desaparecida a finales de diciembre de 2023 y localizada sin vida días después a un costado de la autopista México-Acapulco, en los límites de Cuernavaca y Temixco.

Otros activistas asesinados han sido Alejandro García alias “Chepe”, vecino de la colonia Antonio Barona, de Cuernavaca, quien encabezó las movilizaciones para exigir un servicio de agua potable digno.

Asimismo, en 2020 Paul Vizcarra, empresario y ambientalista fue privado de la vida en el año 2019, pues luego de reportar su desaparición en Cuernavaca su cuerpo fue encontrado en la Ciudad de México.

Enrique Domínguez / El Sol de Cuernavaca