Los hilos del poder en Nicaragua están en una disyuntiva política

Al menos 156 opositores se encuentran en las cárceles de Nicaragua como “presos políticos”, incluidos seis aspirantes a la Presidencia, de cara a las elecciones de noviembre donde Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan su permanencia en el poder, según un informe divulgado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Esa cantidad de arrestos supera los 134 registrados hasta junio pasado por el mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin contar la cada vez más mencionada mano del narcotráfico, que siempre busca las esferas de poder para realizar sus operaciones sin contratiempos.

De los 156 opositores convictos, 146 fueron arrestados como “producto de la crisis sociopolítica iniciada desde abril de 2018”, según el informe, y diez ya estaban presos desde antes de ese año.
“A partir de mayo de 2021 se registra una nueva ola de judicialización de la disidencia social, esta vez, focalizada en criminalizar a liderazgos políticos y sociales, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas”, indicó el mecanismo.

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El informe registró el encierro reciente de seis aspirantes a la Presidencia, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, dos líderes campesinos, un dirigente empresarial, un banquero, un exdiputado, un periodista, tres trabajadores y cinco dirigentes opositores.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, cinco de los seis candidatos presosdebido a que solamente incluye los nombres de “presos políticos” cuyos familiares dieron permiso expreso para ser divulgado.

La lista no incluye a la exprimera dama María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), quien está bajo régimen de casa por cárcel, al igual que la hija de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, quien sí aparece en el listado.

Las detenciones ocurridas en los últimos tres meses ocurrieron “en el marco de una escalada represiva en contra de personas asociadas a liderazgos políticos o de sociedad civil”, explicó el mecanismo de monitoreo.

Entre los detenidos en el marco de la crisis de 2018 hay 127 varones y nueve mujeres, sin incluir a Flores.

Del total registrado, 109 se encuentran en el Sistema Penitenciario Nacional, dos en delegaciones policiales, Chamorro en casa, y 24 “se presume están la Dirección de Auxilio Judicial”, una sede policial denunciada como supuesto “centro de torturas” por los defensores de derechos humanos.

El mecanismo destacó que tanto los que están en prisión, como sus familiares, sufren “amenazas y agresiones físicas, agresiones sexuales, específicamente desnudos y tocamientos, tanto a presas y presos políticos, como a familiares que ingresan para las visitas, chantaje e intimidación de las autoridades, y falta de asistencia médica”.

Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha acentuado en la medida en que se acercan las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega, quien recuperó el poder en 2007 tras haber gobernado entre 1979 y 1990, busca una tercera reelección consecutiva.

Además, en el proceso de expandir su influencia, las organizaciones criminales transnacionales usualmente desarrollan relaciones cercanas con las élites para obtener protección y acceso a recursos. Esta faceta llama la atención de los gobiernos y académicos debido a la amenaza que representa el crimen organizado transnacional para la seguridad y la economía en América Latina.

De acuerdo con InSight Crime, Nicaragua, como otros países de la región, no es inmune a los grupos de crimen organizado, que han buscado cómo instalarse y penetrar las estructuras de poder, institucionales o fácticas, para asegurar sus actividades. 

No es un encuentro casual, sino el resultado de acciones premeditadas, buscadas por ambos actores aprovechando la ausencia institucional y la opacidad que prevalece en las instituciones estatales, así como las zonas grises que existen en los mecanismos de control y transparencia de la gestión pública. Vacíos y ausencias que funcionan como incentivos para este tipo de relaciones simbióticas, alimentándolas y potenciándolas.

En Nicaragua existe una escasa discusión acerca del papel que juegan las élites al respecto, aunque estos grupos son percibidos dentro de la cultura política nacional como factores importantes para explicar los procesos políticos del país y la corrupción que se relaciona con ellos.

Algunas de las investigaciones más conocidas realizadas en el país durante las dos últimas décadas analizan el tema desde dos perspectivas: su cultura política y sus estructuras y procesos de conformación. 

Estos estudios permiten identificar élites de poder que por sus vínculos políticos, económicos o sociales tienen un claro interés en ocupar al Estado y sus recursos para consolidarse y, potencialmente, cometer actos de corrupción.

Desde esa perspectiva hace mucho sentido, que los intereses de las mafias, respalden la permanencia de Ortega, algo similar a lo que sucede en Venezuela con el trasiego de drogas, la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaron un hueco en la frontera entre Colombia y Venezuela, que ha sido muy bien aprovechado por el cartel de los soles.

De 1979 a la fecha, diferentes élites de poder en Nicaragua han competido por ocupar posiciones privilegiadas en el Estado para favorecer, desde allí, sus intereses. En ese proceso se pueden identificar dos momentos importantes: la Revolución Sandinista y el período de las democracias liberales que se instaló a partir de 1990. En ambos casos se produjo un cambio en el proyecto político y en el modelo económico que facilitó la competencia entre élites.

Del círculo de poder de la dictadura a la alianza de la revoluciónEn sus años finales, la dictadura de los Somoza –que mantuvo la Presidencia por más de 30 años en el siglo XX– estaba conformada como una dinastía familiar, respaldada por la alta oficialidad de la Guardia Nacional. 

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El control monopólico que los Somoza y sus allegados ejercían sobre el sistema político y sobre las principales actividades económicas del país generó un enorme malestar entre la sociedad nicaragüense, entre ellos, los dos grupos económicos más importantes del país: la oligarquía tradicional, vinculada a las actividades y la gran propiedad agropecuaria, y un joven empresariado vinculado a las actividades industriales y el comercio que buscaba nuevas oportunidades de inserción mundial. 

Ambos grupos se aliaron en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). El descontento de estos dos grupos era similar: no estaban conformes con la forma en que el monopolio de los Somoza sobre las actividades económicas del país no les permitía desarrollarse y expandirse.

Los líderes de partidos opositores –con vínculos con los dos grupos económicos principales– así como intelectuales de clase media, tampoco estaban de acuerdo con el statu quo del país. Ninguno de estos grupos encontraba espacio en el sistema político ni en el Estado. 

Las organizaciones que los agruparon fueron el Frente Amplio Opositor (FAO), que reunía a empresarios, profesionales e intelectuales vinculados con la gran empresa privada; la Unión Nacional Opositora (UNO), conformada por líderes de partidos políticos, algunos empresarios privados y directivos de medios de comunicación; y el Grupo de los Doce, conformado por intelectuales y escritores reconocidos en el país –incluyendo a Carlos Tünnermann, Sergio Ramírez, Arturo Cruz, Miguel d’Escoto, Fernando Cardenal y Joaquín Cuadra Chamorro.

Entre los años de 1978 y 1979, el nivel de descontento facilitó el establecimiento de una alianza amplia entre distintos grupos de la sociedad civil y grupos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización guerrillera que intentaba el derrocamiento de la dictadura en Nicaragua. 

Además de los grupos económicos y la oposición política, la alianza incluía grupos provenientes de las comunidades cristianas, trabajadores, obreros, estudiantes, campesinos y sectores populares de zonas urbanas. 

Esta alianza fue definida como un frente amplio de oposición y estableció mecanismos de representación a nivel local y nacional; desde la dirección colegiada de las acciones insurreccionales y grupos de la sociedad civil, hasta la conformación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), instalada después de la caída de la dictadura, según la investigación de InSight Crime.

Una vez que se alcanzó el objetivo principal y el régimen somocista fue derrumbado en 1979, la revolución y el frente amplio que se conformó alrededor del FSLN se enfrentaron a grandes retos, como la refundación del Estado, la reconstrucción luego de la guerra civil y la respuesta a las expectativas de los diferentes actores nacionales y externos respecto al futuro del país y la democracia.

La alianza se rompió tempranamente cuando la dirigencia del FSLN –bajo la Presidencia de Ortega– definió al proceso como socialista, ocupó todos los espacios de poder dentro del Estado y comenzó a tomar decisiones que afectaban claramente los intereses del gran empresariado privado y la oligarquía terrateniente. 

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Estas decisiones incluían la expropiación de latifundios y fábricas, así como la nacionalización de sectores clave de la economía, como la importación de combustibles, el sector energético, el sector minero, entre otros.

El régimen sandinista enfrentó otros problemas, entre ellos una confrontación con fuerzas contrarrevolucionarias apoyadas por Estados Unidos. Conocidos como los Contra, este grupo armado estaba conformado en sus inicios por miembros de la derrocada Guardia Nacional, pero poco tiempo después sus filas fueron engrosadas, en su mayor parte, por campesinos del país, fundamentalmente aquellos que residían en las zonas de guerra.

Los Contras fueron mantenidos por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y operaban desde la remota frontera entre Honduras y Nicaragua. Este grupo acabó con recursos vitales para los sandinistas y desarrolló una guerra de desgaste que afectó psicológica y emocionalmente a la sociedad nicaragüense. 

Este conflicto prolongado también radicalizó al liderazgo sandinista, dándole voz y voto al sector más radical del partido. La transición política y el intento por constituir una nueva élite de poderEn 1990, el proyecto revolucionario del FSLN fue derrotado por la alianza Unión Nacional Opositora (UNO), conformada por más de una decena de partidos y agrupaciones políticas de oposición, muchas de ellas vinculadas con la gran empresa privada. 

Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la UNO, se convirtió en Presidenta. Esta inesperada victoria electoral abrió un proceso sumamente complejo en el cual convergían al menos tres subprocesos distintos: el fin del conflicto armado con los Contras, el surgimiento de la democracia liberal, el cambio del modelo económico y la incorporación del país a la globalización.

El acuerdo entre ambas élites políticas y económicas se mantuvo hasta poco después del año 2007, cuando el líder del FSLN, Daniel Ortega, asumió nuevamente la Presidencia del país y se deshizo de Arnoldo Alemán. 

Durante esos años, el país atravesó por varias crisis políticas que expusieron las contradicciones y las diferencias entre estas dos élites, además de otros grupos, que todavía disputaban el poder y los espacios estatales.

Desde el 2007 hasta abril de 2018, Daniel Ortega, su familia y empresarios prominentes del FSLN lograron consolidar su poder a través de dos vías: la construcción de alianzas con grupos estratégicos para insertarlos en los principales ejes de la economía de Nicaragua.

Tales como los grandes empresarios agroexportadores, inversionistas extranjeros –principalmente del sector de las telecomunicaciones y el turismo–, empresarios del sector financiero, así como el alto mando militar, y la “colonización” de todos los espacios de poder estatales, de tal manera que controla a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el órgano electoral, los gobiernos locales (municipales y regionales) y los órganos del sistema de control de la administración pública. 

La fortaleza de esta élite se incrementó desde el 2007 y logró imponerse a las demás facciones opositoras mediante procesos privados de negociación, el establecimiento de alianzas económicas o la represión a sus competidores políticos para evitar que se convirtiera en una amenaza electoral en Nicaragua.

Hoy la sociedad cayó en el hartazgo de Ortegismo y busca un nuevo cambio, pero falta saber si las esferas de poder están dispuestas para ese proceso para aguantar en el poder al exguerrillero hoy convertido en un dictador en Nicaragua.

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