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El Extranjero

El verano latinoamericano se cocina para cambiar el poder político

En el verano latinoamericano hay que estar pendientes de la ebullición social en Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y hasta México

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 En las últimas semanas no paran de llegar noticias de la región, en lo que parece se está convirtiendo en el “Verano Latinoamericano”, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, las protestas en Cuba, por la extrema pobreza y las restricciones por la pandemia, y las detenciones en Nicaragua avizoran un escenario más violento.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dispone a cumplir los seis meses en el cargo sin haber formulado una política coherente hacia América Latina. La única prioridad de su equipo ha sido supeditar las relaciones exteriores en el continente americano a una emergencia nacional: la de los indocumentados. 

Eso explica que prácticamente toda la atención de la Casa Blanca se haya centrado en México y el llamado Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Las crisis, sin embargo, le han estallado a la Casa Blanca en otros frentes, y Biden no se decide a tomar la iniciativa en ninguna de ellas y su liderazgo comienza a ponerse en duda.

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En Haití continúan las revelaciones sobre el asesinato del presidente de Moïse. El domingo, la policía haitiana anunció la detención de un ciudadano haitiano “que tenía objetivos políticos” para reclutar al comando conformado por 26 colombianos que asesinó al Presidente.

Léon Charles, director de la policía nacional, señaló que “es un individuo que ingresó a Haití a bordo de un avión privado con objetivos políticos”. A su llegada a su país en junio, el sujeto, Charles Emmanuel Sanon, de nacionalidad haitiana, estaba acompañado de varios colombianos encargados de velar por su seguridad.

Además, las autoridades colombianas que ayudan en la investigación del asesinato del Presidente de Haití confirmaron que el jefe de seguridad del palacio presidencial en Puerto Príncipe, Dimitri Hérard, hizo este año varios viajes a Colombia y otros países latinoamericanos cuyos propósitos se desconocen.

“Tuvimos conocimiento a través del equipo de trabajo de Interpol en Colombia que el comisario Dimitri Hérard, jefe de la unidad de seguridad general del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá y República Dominicana utilizando como tránsito a Colombia”, dijo en una rueda de prensa el director de la Policía colombiana, general Jorge Luis Vargas.

Interrogatorios realizados a los 18 ciudadanos colombianos detenidos el pasado miércoles permitieron a la Policía saber que Sanon había reclutado a los 26 integrantes del comando. Lo hizo, según la Policía de Haití, a través de una empresa de seguridad venezolana llamada CTU, con sede en Florida.

El presidente Moïse estaba en medio de un polvorín político, porque grupos opositores y la influyentes pandillas argumentaban que debió dejar el poder el pasado 7 de febrero de 2021. Él señalaba que su mandato terminaba en 2022 y por ello busca reformar la Constitución para buscar una posible reelección, pero se adelantó el verano latinoamericano.

En tanto, hartos de la crisis económica, la falta de vacunas y de los confinamientos por el Covid-19, miles de cubanos se manifestaron el pasado domingo en varias regiones al grito de “¡libertad!” y “¡abajo la dictadura!“.

Ante las protestas desbordadas desde La Habana hasta Santiago, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus partidarios a tomar las calles. Medida que fue criticada por la OEA y Estados Unidos.

En una alocución televisada, Díaz-Canel, acusó a “la mafia cubano-americana” de estar detrás del levantamiento. Y llamó a sus partidarios: “la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios“.

Varios grupos de simpatizantes del gobierno se reunieron en distintos puntos de la capital para preparar la contramarcha. Lo cierto es que las protestas en Cuba alcanzaron su punto máximo en por lo menos 27 años.

Las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, ampliamente difundidas en las redes sociales, hoy restringidas, comenzaron de forma espontánea la mañana del domingo. Un hecho poco habitual en un país gobernado por el Partido Comunista (PCC), donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del propio partido.

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La pandemia del coronavirus ha sumido a la isla en su peor crisis económica en 30 años, agravando la escasez de alimentos y medicinas, y generando un fuerte malestar social. Las dificultades económicas también han llevado a las autoridades a aplicar cortes de electricidad de hasta seis horas al día en amplias zonas del país.

Las protestas se produjeron en un día en el que Cuba registró un nuevo récord diario de contagios y muertes por el coronavirus. En total se reportaron 6,923 nuevos casos, para un total de 238.491 y 47 muertes en 24 horas, sumando un total de 1.537 fallecidos.

A cuatro meses de las elecciones en Nicaragua, van seis aspirantes a la presidencia presos que se suman a un total de 26 detenidos. Los precandidatos detenidos son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. 

Todo apunta a que el presidente Daniel Ortega y, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se presentarán a unas elecciones sin garantía de transparencia en los resultados y volverán ganar de forma “democrática” su perpetuidad en el poder.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, señaló la situación. “Cada día se ve más lejos la posibilidad de que Nicaragua tenga elecciones libres, justas, equitativas. El asedio y la persecución a todas las voces disidentes no se detiene“.

La detención de los precandidatos hace parte de un clima de persecución general contra la oposición. La semana pasada, las autoridades de Nicaragua detuvieron a cinco líderes estudiantiles y dirigentes campesinos, dentro de los que se encontraba el precandidato Mairena. 

Los acusan de “menoscabar la soberanía” del país, entre otros cargos. Con estas detenciones aumentaron a 26 los opositores al gobierno de Ortega arrestados a cuatro meses de las elecciones. Este es otro de los casos del verano latinoamericano.

Mairena ya había sido detenido y condenado a 200 años de prisión por “terrorismo” y otros delitos por su participación en las protestas de 2018, responsabilizándolo de la muerte de policías. Pero lo benefició una ley de amnistía en junio de 2019.

Por su fuera poco, el activista guatemalteco Frank Stalyn Ramazzini, crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, fue asesinado a balazos un ataque armado. En la ofensiva murieron otras tres personas en una discoteca de la capital, según denunció el ombudsman, Jordán Rodas.

Ramazzini, de 31 años, trabajaba por los derechos laborales de los policías nacionales y guardias del sistema de cárceles del país, apuntó Rodas. Según la prensa local, también denunciaba corrupción en el gobierno, sobre todo en el Ministerio del Interior.

El activista había sobrevivido a un atentado en julio de 2018, ocurrido después de participar en una marcha para exigir mejores condiciones para los policías.

Decenas de guatemaltecos que suelen protestar los sábados en el centro capitalino para exigir la renuncia de Giammattei, a quien acusan de “corrupto”, exigieron justicia por el asesinato de Ramazzini, y culparon al gobierno del crimen.

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Además, un informe de la ONG Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) señaló que los ataques contra activistas sociales han aumentado desde 2020.

“El primer año (2020) del gobierno de Giammattei representó el más fuerte y profundo incremento de agresiones a personas defensoras de derechos humanos“, denunció la organización al comparar las últimas siete administraciones presidenciales.

El año pasado, las agresiones contra defensores de derechos humanos registraron una cifra histórica con mil 55 hechos, entre ellos 17 asesinatos, precisó el organismo.

Estados Unidos divulgó, la semana pasada, los nombres de más de 50 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes considera “actores corruptos y antidemocráticos“. El gobierno estadounidense les prohibió la entrada al país.

El gobierno de Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular a la frontera sur. En los últimos meses, la llegada de migrantes ha registrado números récord.

“Señalamos casos donde tenemos información clara“, explicó Ricardo Zúñiga, enviado especial de Biden para el Triángulo Norte. Zúñiga subrayó que “el combate a la corrupción es un objetivo importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. No excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes“.

En Colombia también hace aire de el verano latinoamericano, las alertas por presuntas desapariciones forzadas iniciaron pocos días después del comienzo de las multitudinarias protestas contra las políticas del gobierno de Iván Duque que se mantienen desde el 28 de abril, primero motivadas por el rechazo a una reforma fiscal que fracasó por la presión ciudadana, y después impulsadas por problemas estructurales como la creciente pobreza acentuada por la pandemia, la inequidad y la violencia.

Casi tres meses después, la Fiscalía mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente para 63 personas. Éste puede activarse de oficio o por solicitud de una persona que conozca un presunto caso y ha recibido cinco denuncias formales por desaparición, según el último informe público del 11 de julio.

Aunque el número de casos ha descendido -inició siendo de 465 personas-, persiste la preocupación de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.

Hay que estar muy pendiente de lo pueda pasara en Perú, Brasil y Chile, que están en un  punto de ebullición social (o el verano latinoamericano) por las medidas y decisiones políticas y sanitarias derivadas del Covid-19.

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