Colombia arde por el cobro de más impuestos a la clase media

No han pasado ni dos años desde que el presidente de Colombia, Iván Duque enfrenta otra revuelta social y ya está en medio de una nueva que parece más fuerte y decidida, pues no fue suficiente con la retirada de la ley de reforma tributaria ni con el cese del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

En medio de la crisis económica generada por la pandemia y con la pobreza y el desempleo en aumento, el mandatario presentó ante el Congreso una iniciativa que pretendía incrementar el IVA a ciertos productos y ampliar la base tributaria. Entonces, decenas de miles protestaron en las calles de las principales ciudades, el 28 de abril de 2021.

Desde el primer día, Cali se convirtió en el epicentro de las protestas y de los disturbios, que Duque califica como “terrorismo de baja intensidad”, pero que el mismo ha atizado con el uso de fuerza desmedida para contener los brotes del enojo social. 

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Los bloqueos en las carreteras y las protestas pacíficas mayoritarias, se las atribuye el gobierno a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a bandas criminales, al igual que los ataques contra la fuerza pública y el vandalismo.

La suma de una semana de protestas, disturbios y violencia policial ha cobrado la vida de, al menos, 28 personas y ha arrinconado a Duque más que durante 2019, durante la otra oleada antigubernamental.

Hace un par de años, Duque desactivó las protestas con una hábil maniobra negociadora, pero a la postre sólo postergó el malestar nacional. En la nueva crisis nadie sabe hasta dónde puede llegar la revuelta, que incluso fue capaz de hackear las webs del Ejército colombiano.

Es inevitable que el enojo social esté encendido a tope, tras los diferentes videos que circulan en las redes públicas, que muestran a jóvenes asesinados por policías lo que ha lanzado a las calles las manifestaciones de enojo en contra de Duque.

Las protestas han dejado de lado, incluso, las medidas preventivas para evitar los contagios por Covid-19, y se han lanzado a la selva de asfalto para bloquear las principales vías de acceso de las principales ciudades en señal de enojo por un sector de la sociedad (campesinos, taxistas, camioneros, estudiantes).

Duque se defendió hace unos días señalando que “esto no es un momento para divisiones, sino para estar unidos. Y que quede claro que no permitiremos las vías de hecho ni el vandalismo”, pero la verdad asumiendo esa postura difícilmente va a calmar los ánimos. 

El mandatario aseguró el pasado miércoles que no “tolerará” abusos policiales a la vez que pedía apoyo para los agentes, sólo que su reacción parece un tanto fuera de tiempo, porque ya se registran dos docenas de muertos y más de 800 heridos precisamente por abusos de la autoridad, datos el momento de realizar este texto.

Los excesos policiales obligaron la intervención de organismos internacionales, que han mostrado su repudio, desde la Unión Europea hasta Naciones Unidas. El equipo de Michelle Bachelet, Alta Representante de la ONU para los Derechos Humanos, vivió una pesadilla al ser hostigado y atacado, incluso con disparos por un grupo de policías enfurecidos durante una de las protestas. 

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Las cifras gubernamentales también son contundentes: 515 detenidos de momento, de los que 47 son menores de edad y 18 venezolanos, cuya deportación inmediata exigió el alcalde de Cali. También se decomisaron 140 armas de fuego, de las que 110 son de fogueo, y 5 mil 572 armas blancas.

Pese a la intensa actividad de los políticos, fue Shakira quien se convirtió en trending por uno de sus comentarios, en el que consideró inaceptable que “una madre pierda a su único hijo” y donde criticó al gobierno por la violación de derechos humanos: “Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre”.

La última vez que Colombia había escuchado rugir las calles en rechazo de algo distinto de la violencia fue en 1977. Entonces los sindicatos fueron protagonistas. Pero en noviembre de 2019, cientos de miles salieron a las calles para mostrar su insatisfacción con el gobernante más joven en la historia reciente de Colombia, hoy con 44 años.

Por si faltara otro elemento a este conflicto, un informe de inteligencia del gobierno de Colombia detectó a cuatro grupos que están siendo financiados por el ELN y la disidencia de las FARC que los identifica como responsables de los brotes de violencia en las protestas en contra del presidente Duque.

Según el diario colombiano El Tiempo, las redes sociales identificadas son: Movimiento Pedro Pascasio Martínez, Movimiento JM19,  Movimiento Colectivo Libertad, Autogestión y Resistencia (CLAR) y el Movimiento Jaime Bateman Cayón, todas dedicadas a perpetrar actos de terrorismo y vandalismo. 

Algo que hasta cierto punto le conviene al gobierno de Duque, porque distrae la atención y la autenticidad de las manifestaciones. Al mismo tiempo le permite a las autoridades justificar el empleo de la fuerza desmedida en contra de radicales y no radicales.

Todo este escenario sucede a falta de un año para las elecciones presidenciales y cuando el dirigente izquierdista Gustavo Petro, aliado de la revolución bolivariana, se mantiene primero en todas las encuestas, lo que avizora una vuelta completa de tuerca en ese país sudamericano y las simpatías de Argentina y Venezuela, entre otras.  

La verdad es que Duque encabeza una Presidencia que pende de un hilo y la presión social está a punto de romperlo, sobre todo, si el Presidente no se aparta de su mentor político el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que según Petro lo tiene secuestrado. O usted ¿Qué cree?.

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