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El Extranjero

Destituyen al Máximo Tribunal y al Fiscal general de El Salvador

“Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador”, dice la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas

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En medio de una fuerte crisis sanitaria por el Covid-19, el nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión el sábado y destituyó a los magistrados del Máximo Tribunal y al fiscal general, en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder.

El cese de los jueces fue promovido con el argumento de que con sus resoluciones obstaculizaron los planes del Gobierno para contener la epidemia de Covid-19. El mandatario celebró la decisión, escribiendo en Twitter: “¡DESTITUIDOS!”.

El Parlamento retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones.

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La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias “arbitrarias”. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución” y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.

Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.

En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas. La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado.

Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.

“Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas.

Luego, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general, Raúl Melara.  De acuerdo con el diputado Numan Salgado, que sustentó el pedido, “quedó en entredicho su independencia e imparcialidad” necesarias para ejercer el cargo, al haber sido vinculado con el opositor partido ARENA (derecha).

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“Hemos sido críticos del actuar del fiscal general pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional”, consideró por su parte la diputada Dina Argueta, de la opositora exguerrilla izquierdista Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).En su reemplazo, la madrugada del domingo fue elegido el abogado Rodolfo Delgado.

“Se trata de una evidente alteración del orden constitucional”, dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.

Por su parte, la diputada Anabel Belloso, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó: “estamos en contra del golpe de Estado”.

Tras la destitución de magistrados, la subsecretaria interina de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, Julie Chung, advirtió que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.

“Así no se hace”, opinó por su parte  el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.

“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial”, dijo a su turno el relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados.Para el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco,

“Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.
Bukele reiteró que está dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen. “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”, aseguró.

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