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La Opinión

Ecuador está plagado de narco   

Ecuador decomisó en los últimos tres años 530 toneladas de cocaína, cuyo destino eran puertos europeos

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Hace una década, Ecuador era una nación reconocida por su baja tasa de delincuencia, pese a estar en el corazón de la producción de la cocaína en América del Sur, pero hoy se ha convertido en una de las más peligrosas de la región, incluso al borde de ser catalogada como un estado fallido, tras el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio.

Horas antes de ser ejecutado, Villavicencio –aspirante del Movimiento Construye– dio a conocer que había recibido amenazas de narcotraficantes, supuestamente ligados al cártel de Sinaloa que opera en ese país sudamericano desde 2021, ahora se sabe que un comando de seis colombianos perpetró el ataque.  

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Claro, eso no es culpa a nadie, por el contrario, sólo ratifica que Ecuador está invadido de narcotraficantes, que, sumados a la corrupción de los diferentes gobiernos, a los que había denunciado Villavicencio, han hecho de esa parte del mundo una de las zonas más volátiles, peor aún, no se vislumbra en el corto plazo alguna solución para contener esa marea negra.       

Ese país, ubicado en el ombligo del planeta, que colinda con Colombia y Perú, ya vivió el año pasado tres estados de excepción, debido a que los niveles de violencia siguen subiendo en ciudades como Guayaquil, Durán y Samborondón. Y ahora en la misma capital de Ecuador, Quito.  

Expertos consultados por la agencia francesa AFP explican que la guerra contra las drogas en México y Colombia llevó a carteles de estos dos países y a mafias albanesas a instalarse en Ecuador. Para el narcotráfico son claves los estratégicos puertos sobre el Pacífico, punto de salida de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos.  

Sólo para contextualizar, Ecuador decomisó en los últimos tres años 530 toneladas de cocaína, cuyo destino eran puertos europeos.   

A la par de las confiscaciones han aumentado las muertes violentas. La tasa de homicidios casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100 mil habitantes. En los primeros 58 días de 2023 se registraron 945 homicidios intencionales a nivel nacional, un promedio de 16.2 casos al día.

Entre las víctimas de la violencia en Ecuador figuran además alcaldes, jueces, fiscales y decenas de civiles sin antecedentes penales.  

Los expertos creen que el aumento de los decomisos y la acción estatal en las cárceles desde donde operan muchos jefes del crimen organizado solo ha empeorado el problema.  

Esta nueva tendencia ha obligado a miles de ecuatorianos a migrar hacia Estados Unidos. Un fenómeno que es fomentado por la era pospandemia de COVID-19, que provocó una fuerte crisis de desempleo y huelgas por los amplios recortes de diversas empresas.   

Pero son más los ecuatorianos que deciden quedarse en su país, ahí es donde entra la delincuencia organizada, que está afianzando sus estructuras con reclutamiento y adiestramiento para hacer funcionar sus actividades ilícitas.   

Hoy el pan de cada día son las ejecuciones, robos, el trasiego de droga, secuestros y una ola de extorsiones, que hacen imposible vivir a la gente que opta por la legalidad. Ecuador está entre los 10 países de Latinoamérica con peores índices de criminalidad.  

La corrupción juega un papel muy importante en este cóctel, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el pasado 17 de mayo la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones. 

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Esta decisión del mandatario, utilizando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones demalversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.   

La “muerte cruzada” permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y cuando –a su juicio– el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.  

La Corte Constitucional aprobó llevar al presidente Lasso a juicio político acusado de beneficiarse de los fondos públicos, una medida que no fue vista con malos ojos por los ecuatorianos, debido a los altos índices de inseguridad.   

Lasso, en el poder desde 2021, dice que los ecuatorianos tienen un enemigo común: “la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, por eso decidió que los civiles se armen o utilicen aerosoles de gas pimienta.    

Las organizaciones criminales tienen poder para desafiar al Estado. Cuentan con inteligencia, muchísimos recursos, alta tecnología y una altísima capacidad de infiltración. Las bandas cuentan con decenas de miles de miembros –tantos como la Policía que posee unos 60 mil agentes– y armas incluso más sofisticadas.   

El asunto es que un informe reciente de la DEA, dice que los cárteles mexicanos tienen presencia en al menos 100 países del mundo y como se presentan las cosas parece que este racero, que provoca muchas más muertes que la pasada pandemia, va seguir avanzando y no ha esperanzas en el corto plazo de una vacuna. O usted ¿qué cree?  

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