El tráfico de personas en América Latina avanza a la sombra del Covid-19

Mientras el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus (Covid-19), la redes de corrupción no se detienen, entre ellas, destaca el sofisticado contrabando de personas en el continente americano, un mercado negro por las crisis económica en Haiti,  Argentina, Brasil, Uruguy, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y México cobra muchísima relevancia.

Los nuevos análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito( UNODC) muestran cómo el confinamiento, las restricciones para viajar, las limitaciones laborales y los recortes en presupuestos tienen un impacto negativo, y a menudo peligroso en las vidas de las personas, que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, antes y durante esta emergencia sanitaria de Covid-19.

La restricción de movimiento por causa del Covid-19, el desvío de los recursos de las fuerzas de la ley y la reducción de los servicios sociales y públicos han ocasionado que las víctimas de trata de personas tengan hoy en día menos oportunidades de escapar y encontrar ayuda.

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La trata de personas es utilizada generalmente alrededor del mundo con diversos fines, entre los que destacan la explotación sexual y el trabajo forzado, pero también la mendicidad forzada, los matrimonios forzados, la venta de niños y el uso de niños soldados o el tráfico de órganos.

Según el Informe Global de Trata de Personas de la UNODC, las formas más predominantes de trata son la explotación sexual y el trabajo forzado, que representan alrededor del 90 por ciento de los casos identificados.

La información recolectada en 142 países muestra que más del 70 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Una de cada tres víctimas es menor de edad.

Una red de contrabando de personas que transportaba ilegalmente migrantes desde Haití hasta Chile, pasando por varios países latinoamericanos desnuda que la crisis haitiana sigue siendo una mina de oro para los traficantes de personas.

Haití está considerado por la ONU como uno de los países más pobres del mundo, en enero de este año se cumplió una década de un devastador terremoto que terminó con la vida de más de 316 mil personas, 350 mil resultaron heridas y más de 1.5 millones se quedaron sin hogar.

Además, en las últimas semanas se ha desatado una ola de protestas de policías que exigen la liberación de algunos de sus compañeros acusados por el asesinato del jefe del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, mientras ellos custodiaban la vivienda.

También los estudiantes han salido a las calles para exigir profesores, pues tras el inicio del nuevo ciclo escolar, –hace un mes– no hay suficientes docentes que cubran las horas de cátedra, en medio de la pandemia de Covid-19.

Estos y muchos otros problemas son el caldo de cultivo para que los altos niveles de migración no se frenan, en agosto pasado, autoridades bolivianas capturaron y deportaron al menos a 142 migrantes haitianos, lo que motivó la apertura de una investigación, mientras que al menos otros 22 fueron detenidos en Chile.

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En septiembre, ambos países abrieron una investigación y desde entonces han actuado contra los presuntos traficantes. Las autoridades bolivianas arrestaron a tres haitianos con residencia legal sospechosos de la organización parcial del esquema, así como a unos conductores bolivianos, quienes transportaban a los migrantes.

El ministro boliviano del interior, Arturo Murillo, afirmó que la red es una mafia internacional y adelantó que toda la información que ha recabado sería compartida con sus pares en otros países para poder llegar al fondo de este tema.

La dimensión internacional del problema no tardó en hacerse evidente. Al parecer, los haitianos pasaban primero a República Dominicana, desde donde eran llevados en avión a Guyana y luego trasladados por Brasil y Bolivia hasta Chile, de acuerdo con un reporte de la BBC.

El esquema era lucrativo para los traficantes. Algunos medios chilenos informaron que los migrantes debían pagar tres mil dólares por cabeza sólo para salir de Haití, y en el trayecto se acumulaban más costos a su paso por diferentes países.

Se tiene conocimiento de empresas en Puerto Príncipe dedicadas a decirle a los haitianos: “venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga tres mil dólares y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el avión”.

Haití es, según cifras del Banco Mundial, el país más pobre en términos de ingreso per cápita del hemisferio occidental. Aun así, las crisis política, económica y de seguridad del país caribeño han llenado los bolsillos de bandas criminales. Y Chile ha sido el destino preferido, por su postura más amigable hacia la migración y la percepción de oportunidades económicas.

Aunque cabe hacer hincapié, en que  México ha otorgado también 4 mil 295 migrantes de Haití una tarjeta de estancia regular en el país durante este año, sin que la pandemia por Covid-19 detenga los trámites migratorios. Muchos de ellos seguramente fueron abandonados por los traficantes en la frontera entre nuestro país y Guatemala.

Lo cierto es que en 2018, se estimaba que hasta el 1 por ciento de la población haitiana, o 105 mil personas, habían emigrado a Chile. En ese momento, la Policía de Investigaciones de ese país sudamericano afirmó que los traficantes que llevaban haitianos a Chile ganaban 160 millones de pesos chilenos (más de 200 mil dólares) semanales.

La realidad es que mientras  la pandemia de Covid-19 extienda su permanencia, el tráfico de personas se vuelve una práctica más fuerte y encubierta, debido que para muchas personas la migración se ha convertido en la única opción ante las condiciones adversas que padece prácticamente todo el mundo.  ¡Un dilema que parece nunca va a terminar y eso preocupa mucho!

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