En Acteal se delinea la amenaza de una guerra en Chiapas

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas. La situación que prevalece en la entidad es la antesala de una tragedia de grandes proporciones que han anunciado con antelación organismos de derechos humanos, académicos, especialistas y organizaciones sociales. En el estado se configura un Acteal a gran escala.

Semanas antes de la dolorosa masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, donde 45 indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas” en situación de desplazamiento forzado, entre ellos niños y mujeres embarazadas, fueron asesinados por grupos paramilitares, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación anunciaron con antelación sobre una potencial tragedia.

Hoy, en Chiapas, se configura el mismo escenario. Las voces que alertan sobre uno o diversos hechos similares a los de Acteal, con el inquietante elemento de la penetración que ha tenido el crimen organizado en distintas regiones del estado, con la complicidad o la permisividad de distintos actores políticos y económicos, han sido calificadas de “mentirosas” o “exageradas” por las autoridades.

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La actitud de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cárdenas ante ese escenario ha sido la de minimizar el problema y descalificar a los que han lanzado las llamadas de alerta.

“Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas en los últimos tiempos”, reviró López Obrador en su conferencia matutina el pasado 12 de julio.

Durante 13 días, El Sol de México realizó un recorrido de mil 537 kilómetros por distintas regiones de Chiapas (53 municipios de 124 con los que cuenta el estado) y pudo constatar que dicha entidad se encuentra inmersa en diversas y complejas problemáticas que han sacudido los cimientos del endeble tejido social en esta región, donde se sumó desde hace por lo menos una década un factor determinante y sumamente riesgoso: el crimen organizado enraizando una base social.

“Chiapas está en guerra”, resumió a mediados de junio la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también se pronunció sobre la crisis humanitaria y de violencia que atraviesa el estado. El 1 de junio señaló, en un comunicado, que “Chiapas está al filo de una guerra civil”.

Este diario también pudo constatar que la organización insurgente, incluso, decretó la “alerta máxima” en todos sus “caracoles” y comunidades autónomas, así como el cierre total de estos enclaves por los continuos ataques de grupos paramilitares y del crimen organizado a sus bases de apoyo.

“Son órdenes de la comandancia, que se tomaron en asambleas”, comentan milicianos zapatistas en los puntos de acceso a los caracoles de Oventic, Moisés y Gandhi y Guadalupe Tepeyac.

En la zona fronteriza con Guatemala y en los corredores hacia el norte del país, el tema de la migración y los negocios criminales que los grupos de la delincuencia organizada han confeccionado en torno a este fenómeno es latente.

El tráfico de armas de alto poder que ingresan por la porosa línea fronteriza del sur y que llegan a diversos grupos civiles que han aparecido en los últimos meses y que dicen enarbolar distintas demandas han sido denunciadas con anticipación por pobladores y organismos de derechos humanos.

Otros factores que se suman a esta “bomba de tiempo” llamada Chiapas es la presencia de organizaciones multinacionales del crimen en todo el territorio chiapaneco. También, el paramilitarismo y narcoparamilitarismo auspiciado y tolerado por autoridades federales, locales y fuerzas armadas (Ejército, Marina, Guardia Nacional).

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Un aspecto delicado, que pudo recabar este diario a través de distintos testimonios, es el adiestramiento de estos grupos criminales por parte de actores externos, como excombatientes del comando de élite de la milicia guatemalteca “kaibiles”, responsables de diversas masacres durante la última etapa de la guerra civil que asoló aquella nación centroamericana, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado.

En Chiapas el crimen organizado se desenvuelve a sus anchas a partir de la diversificación de negocios lícitos e ilícitos.

La trata de personas es un asunto alarmante, de acuerdo con pobladores y defensores de derechos humanos, especialmente en contra de migrantes y de jovencitas indígenas que son secuestradas y obligadas a prostituirse o a ejercer la llamada “etno-pornografía”, que luego se distribuye en formatos digitales en mercados y tianguis de San Cristóbal de las Casas y de San Juan Chamula.

Todo ello ha provocado un fenómeno desolador en la entidad: el desplazamiento forzado de miles de personas por la ola de terror impuesta por los grupos criminales, paramilitares, narcoparamilitares, “brazos armados”, sicarios y organizaciones delictivas de nuevo cuño.

En su informe Chiapas, un desastre, de marzo de 2023, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) cifra el número de desplazados en la entidad en 16 mil 755 personas entre 2010 y octubre de 2022, específicamente en los municipios de Aldama, Chalchihutitan, Pantelhó, Chenalhó, Chapultenango, Chicomuselo y Frontera Comalapa, así como en la comunidad zapatista Patria Nueva, en el municipio de Ocosingo.

Frente a este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia mañanera del 23 de junio, en Tuxtla Gutiérrez, que en Chiapas “hay mucho respeto entre la gente; no se han perdido costumbres, tradiciones; no se ha roto el tejido social, hay vida comunitaria, hay mucha cultura, y esto mantiene a Chiapas como un estado tranquilo”.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, comentó ese mismo día que “todos los delitos en Chiapas están a la baja” y que está en el sitio 22 de las 32 entidades federativas en niveles de inseguridad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En Chiapas, dijo el general, el total de elementos de las fuerzas federales y estatales que están desplegados en el estado es de 23 mil 821, de los cuales 8 mil 283 pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea, mil 823 a la Marina, 4 mil 932 a la Guardia Nacional y 8 mil 783 efectivos de las policías municipales y la estatal.

Aquí el asunto –anota Dora Robledo, directora del Centro Frayba– es que las fuerzas de seguridad no están en las zonas de conflicto. “Están en las autopistas, en el Tren Maya, en las zonas turísticas, en los aeropuertos, en los retenes migratorios, no así donde la violencia del crimen organizado y paramilitares ya rebasó a todos, como en los casos de Chicomuselo, Frontera Comalapa o Pantelhó”.

La violencia del crimen organizado y paramilitares ya rebasó a todosDora Robledo, directora del Centro Frayba

Pantelhó huele a miedo y a zozobra

El hombre de unos cincuenta años que pide un aventón de la comunidad de Polhó a Pantelhó no habla mucho. Luego, cuando se escucha el trepidar de un helicóptero que sobrevuela la zona, a la altura de la comunidad de Acteal, suelta unas palabras que traía atoradas: “Está todo revuelto, pero ya no queremos a ‘Machete’. Tampoco queremos a los otros delincuentes”.

Los deslaves de los cerros cercanos al municipio ocupan uno o dos carriles de la estrecha carretera. La niebla y una ligera llovizna dificultan la marcha. Y el hombre de unos cincuenta años, quien opta por no dar su nombre por temor a represalias, comienza a balbucear cosas ininteligibles, luego más claras: “Ya muchos están huyendo por violencia”.

 -¿A dónde?

– Chenalhó, Polhó, San Cristóbal (de las Casas)… Aquí adelante bajo.

La desconfianza y el miedo se respiran en este territorio, pero se acentúan cuando se observa el retén del Ejército y de la Guardia Nacional a unos metros de la garita de entrada al municipio y, luego, unos pasos más para allá, sobre la calle principal de Pantelhó, cuando se detecta a unos seis soldados detrás de trincheras improvisadas con costales de arena, mero afuerita de las casas.

Es sábado después del mediodía y la zozobra en esta plaza palpita con el silencio de sus calles. Pocos, muy pocos salen de sus casas. Unos observan los movimientos de los elementos del Ejército, la GN y la Policía Estatal al pie del Palacio Municipal, asegurado desde hace cinco días por las fuerzas de seguridad. Otros apuran el paso ante las preguntas y se escabullen entre las callejuelas desiertas.

Uno de los policías estatales que resguarda el Palacio Municipal pone la mano en el pecho cuando se intenta ingresar al edificio del ayuntamiento, abandonado a su suerte. Detiene con fuerza. Se huele el miedo que emana de sus poros. “¡No hay paso!” Y repite lo mismo, mecánicamente, cuando se le pregunta si hay alguien ahí adentro.

Dos hombres miran el despliegue desde una tienda de abarrotes en la esquina de la plaza principal. “No. Ahorita ya no hay nadie en la Presidencia Municipal. Todos se fueron. Dicen que andan por los montes”. Otros cuatro huyen en estampida cuando observan la cámara fotográfica. Se meten a tropezones a una casa que está a un costado de la iglesia Santa Catarina de Pantelhó.

Uno más, alcoholizado, desciende como puede las escaleras del kiosco de la plaza central. Aturdido, temeroso, con los ojos inyectados de sangre, lanza un alarido seco, estremecedor: “¡No hay nadie!” “¡Lárguense!”

-¿Y los del “Machete” (grupo que se denominó de “autodefensa” y tomó el poder de la alcaldía desde julio de 2021, tras “levantar” y desaparecer a 19 pobladores de Pantelhó)?–se le inquiere al hombre que observa desde la tienda de abarrotes.

– Nadie sabe dónde se fueron. A esos ya nadie los quiere. Son delincuentes. Corrieron para los montes cuando llegó Ejército.

El hombre voltea nervioso. En otra esquina de la plaza, detrás de una jardinera, lo observan cuatro jóvenes que cuchichean entre ellos y mandan mensajes de sus celulares. Tampoco le quitan la vista de encima los elementos de la Guardia Nacional apostados alrededor del kiosko.

De los otros, del grupo denominado “Ejército Civil del Pueblo Indígena”, y de los otros dos que aparecieron días después para apoyar a “El Machete” y a las autoridades municipales, también dice que son “delincuentes”.

“Fuera sicarios”, se lee en la pared de un inmueble que fue incendiado y que está a un costado de la Presidencia Municipal.

Una mujer que pasa por el lugar dice que está más tranquila con la presencia de los militares. El problema –señala– “es qué va a pasar cuando se vayan, porque no se van a quedar aquí para siempre, ¿o sí?”

Rivelino Rueda | El Sol de México