Once funcionarios del Sistema Anticorrupción de Sinaloa cobran 87 mil pesos al mes, pero sin dar resultados

CULIACÁN, Sinaloa. Aunque el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (Seamaes) tiene un propósito específico, 11 de sus funcionarios cobran sueldos de hasta 87 mil pesos cada uno, pero sin presentar resultados de fondo para abatir los malos manejos del erario.

Está el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, Francisco Javier Lizárraga Valdez, que junto con el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Avendaño Coronel, se llevan los mejores pagos, de 87 mil 270 pesos y 75 mil pesos mensuales, para cada caso.

Avendaño Coronel, además, fue descubierto en julio pasado litigando como abogado particular del exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosendo Luque Camacho, denunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente desviar 151 mil 505 pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

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Esta situación originó una polémica que terminó en nada, ni sanciones ni exhortos para quien desde lo institucional debería combatir la corrupción, a pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya consideró que sí había conflicto de interés del abogado.

La Secretaría Ejecutiva es todo un elefante burocrático de cargos públicos. En total, según el organigrama consultado en su portal, tiene 11 plazas. Fue creada en 2017 por el Congreso para darle certeza al combate a la corrupción en Sinaloa, pero en estos cinco años, en lugar de verse fortalecido, el Semaes se ha visto disminuido.

En total, el Sistema Anticorrupción eroga siete millones 706 mil 304 pesos en pagar una estructura ineficiente, burocrática y cuyos resultados en emitir exhortos o denuncias por mal manejo de recursos a funcionarios o entes públicos, no se ven por ningún lado.

Es decir, el Sistema se gasta la mitad de su presupuesto anual, que este 2022 se aprobó en 16 millones 728 mil 028 pesos, en pagar salarios.

Además, el ente público eroga un millón 740 mil pesos en concepto de renta de oficinas a la empresa Promotora Sinaloense de Negocios SA de CV, ubicada en el edificio 1221 de la avenida Insurgentes, en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán.

El contrato dice que concluyó el año pasado, pero las oficinas no se han movido del edificio Las Américas de Insurgentes Sur.

Una de las personas más críticas del Sistema Anticorrupción ha sido Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, quien describe al Semaes como un órgano que ha caído en el desprestigio y la inoperatividad,

“Nos preocupa que no dé los resultados esperados, que el Comité de Participación Ciudadana no sea un verdadero contrapeso”, indicó León Fontes.

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En estos momentos, dentro del Comité, existen tres vacantes cuyo proceso para ocuparse debió comenzar en enero pasado, pero el Congreso no le apostó a apuntar al Sistema.

Por el contrario, todo lo que se ve es el uso de una justicia selectiva en combate a la corrupción.

“Vemos una justicia selectiva, no un combate a la corrupción de manera sistémica, el caso de Jesús Estrada Ferreiro, sea responsable o no de lo que se le imputa, no salió del Sistema ni del Comité. Ahora no sabemos qué pase con el caso de Mazatlán, pero es donde deberían estar las instituciones involucradas, no se ven por ningún lado”, comentó la activista en materia de transparencia.

De hecho, la denuncia contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, por presunto daño al erario por el monto de 60 millones de pesos, en el marco del contrato con la empresa de luminarias Azteca Lighting, fue una decisión política de parte del Congreso y la Auditoría Superior del Estado, no un trabajo de fondo del Sistema.

León Fontes también recordó que ahora hay señalamientos en contra de la administración de Quirino Ordaz Coppel, la cual entregó contratos sin licitar por casi 500 millones de pesos en obra pública, aprovechando la pandemia.

“Es lo mismo, el gobernador Rubén Rocha ya habló del tema, la sociedad civil y medios denuncian, deberían actuar también”, apuntó Marlene León.

“Vemos que el Sistema no hace exhortos”, sentenció. Al revisar el portal de transparencia, no se encontraron, lo que sí fueron Recomendaciones No Vinculantes, las cuales han sido menos en 2022, y además, los municipios ni gobiernos las aceptan. Y como su nombre lo indican, no son vinculantes.

Lo que Iniciativa Sinaloa ve es un Sistema Anticorrupción “cooptado”, pero eso sí, sus integrantes cobran puntualmente sus sueldos, bonos y compensaciones desde el cuarto piso del edificio Las Américas.

Martín Durán | El Sol de Sinaloa