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La Opinión

El emblemático caso de Florence Cassez e Israel Vallarta

Israel Vallarta continúa en prisión (aunque sin sentencia dictada) y Florence Cassez salió de la cárcel en 2013

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Jacques Coste

Un documental producido por Netflix, “El caso (de Florence) Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, ha estado en boca de todos durante las últimas semanas. Se trata de un filme desgarrador, que muestra con claridad y crudeza la realidad de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. 

El caso es tan conocido que no hace falta profundizar en él. Basta con resumir que la AFI detuvo a Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005 bajo cargos de presunto secuestro. Poco después, se demostró que su detención fue un montaje orquestado por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino. Pese a que el propio García Luna reconoció que fue un montaje, a pesar de que ambos presuntos delincuentes fueron víctimas de torturas y sin importar que se han acreditado distintas violaciones al debido proceso, Israel Vallarta continúa en prisión (aunque sin sentencia dictada) y Florence Cassez salió de la cárcel en 2013, en buena medida gracias a la acción diplomática del gobierno francés. 

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Cuatro gobiernos han pasado desde la detención de estas personas: el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto y el de López Obrador. México enfrentó un gran pleito diplomático con Francia por el encarcelamiento de Florence Cassez. En 2008, se aprobó una reforma para pasar de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio, supuestamente basado en el principio de presunción de inocencia. En 2018, se aprobó otra reforma para transformar la Procuraduría en la Fiscalía General de la República y supuestamente dotarla de autonomía. Y hoy está en marcha la reforma del Poder Judicial federal, para ampliar el acceso a la justicia para toda la población. 

En resumen, proyectos políticos han ido y venido, las estrategias de seguridad han cambiado, distintos partidos han ocupado la presidencia y se han impulsado grandes reformas a nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Sin embargo, estos ajustes legales y avances institucionales de poco han servido, pues la podredumbre del sistema sigue intacta: las cárceles continúan repletas de presos sin sentencia, la prisión preventiva sigue usándose indiscriminadamente, hay cientos de presos encarceladas por delitos fabricados, el uso político de la justicia está más vigente que nunca y el principio de presunción de inocencia es una quimera.

Ahora bien, no me quiero detener en todos estos males estructurales del sistema de justicia en México. Prefiero enfocarme en un aspecto particular del documental: en el sufrimiento humano que causa estar en prisión; más aún, cuando una persona está encarcelada sin sentencia, pues en esos casos la incertidumbre y la angustia se añaden a todos los sufrimientos intrínsecos de perder la libertad. 

El documental retrata a la perfección el sufrimiento de las personas encarceladas injustamente y el de sus familias. Imaginemos, por un momento, estar encerrado en una celda, en condiciones de hacinamiento, con un montón de internos, habiendo recibido golpizas y toda clase maltratos por parte de agentes policiales y otros prisioneros, y sin saber cuánto tiempo estarás ahí, ni bajo qué cargos se te acusa o si puedes abrigar esperanzas de salir pronto. 

Pues bien, la realidad es que hay decenas de miles de mexicanos y mexicanas que están atravesando esa atroz situación. De acuerdo con un reportaje de Animal Político, hay 227 mil personas presas en México. Cuarenta por ciento de ellas permanece sin sentencia. Una porción importante de este porcentaje corresponde a personas en situación de pobreza. 

Además, diversas instituciones internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México han acreditado que la tortura es una “práctica generalizada” del sistema de justicia mexicano. Como refirió en 2014 Juan E. Méndez, relator de la ONU especializado en la materia: “La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”.

La retórica punitivista tiene un gran eco entre la sociedad mexicana: parece que aplaudimos cuando extienden el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Muchos mexicanos comparten la hipótesis de la “puerta giratoria”, aquella que argumenta que hay tantos crímenes porque los criminales salen de la cárcel y vuelven a delinquir. Y, con frecuencia, la gente exige penas más severas contra secuestradores, asesinos y otros delincuentes. 

Sin embargo, hay muy poca empatía social con esas decenas de miles de mexicanos y mexicanas que permanecen en prisión sin sentencia, encerrados injustamente por delitos fabricados o por la pereza de las instituciones de justicia que rara vez se molestan en investigar los delitos que persiguen y castigan. Ésta es una de las grandes tragedias de México. 

En estos momentos en que la prisión preventiva oficiosa se está discutiendo tan ampliamente, debemos centrar el debate en las personas: hay decenas miles de ellas que están sufriendo este horror en carne y hueso. Debemos partir de una realidad ineludible: un gran porcentaje de los presos en México está encarcelado injustamente y ha sido víctima de tortura. 

Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. 

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