Rebrota la pandemia de las matanzas en EU

En menos de una semana, dos hombres de 21 años utilizaron un arma comprada legalmente en Estados Unidos para matar personas a tiros. Los tiroteos masivos comienzan a ser noticia nuevamente en medio de la pandemia del Covid-19, y aunque su regreso es muy desagradable, demuestra ser una parte inextricable de la vida de los estadounidenses.

Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el país tuvo 14 mil 414 homicidios en 2019, aproximadamente uno cada 36 minutos, mientras que otras 23 mil 941 personas se dispararon fatalmente contra sí mismas, aproximadamente una cada 22 minutos.

Según Gun Violence Archive, organización que lleva un registro de todos los ataques, desde 2014 hasta lo que va de 2021 ha habido 2 mil 697 tiroteos masivos en Estados Unidos. Desde enero hasta el 24 de marzo se registran 104 tiroteos masivos. En estos han muerto 39 personas y 7 han quedado heridas.

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La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris criticó a los republicanos por promover la “falsa opción” de que las propuestas de leyes de control de armas en el Congreso significan deshacerse de la 2da Enmienda de la Constitución.

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es parte de la llamada Carta de Derechos aprobada el 15 de diciembre de 1791. En síntesis, da el derecho a la posesión de armas. En los Estados Unidos de América la ley da pocas limitaciones para portar armas.

Ante esa protección o derecho, un hombre abrió fuego en un supermercado en Boulder, Colorado, con un arma que se asemeja a un fusil AR-15, matando a 10 personas antes de ser capturado.

Compró la pistola Ruger AR-556 el 16 de marzo, el mismo día en que otro hombre de 21 años en el otro lado del país mató a ocho personas, seis de ellas mujeres de ascendencia asiática, en negocios de masajes en el área de Atlanta.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió acciones en materia de armas después de los dos tiroteos. Pero la legislación en el Congreso es compleja y han pasado más de dos décadas desde que se aprobaron las principales leyes federales de control de armas.

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Eso significa que la legislación sobre armas más importante se ha dejado en manos de los estados, incluido Colorado, donde los legisladores han aprobado leyes en esta materia en los últimos años.

“No debemos esperar otro minuto (…) insto a mis colegas de la Cámara de Representantes y del Senado a actuar”, dijo el mandatario, que pasó varias décadas en el Senado. 

“Deberíamos prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país”, indicó, recordando que el Congreso logró superar sus divisiones y aprobó un veto a este tipo de armamentos durante diez años en 1994. 

El sospechoso del tiroteo en el supermercado, Ahmad Al Aliwi Alissa, todavía podía comprar legalmente un arma de fuego y conservarla a pesar de las preocupaciones sobre su estado mental.

Eso ha llevado a llamados a una acción más firme por parte del estado, y los líderes demócratas están escuchando. Aún así, el apoyo a los derechos de armas es fuerte en partes de Colorado, mientras se argumenta que más restricciones no son la respuesta.

Colorado tiene una ley que requiere verificación de antecedentes en casi todas las ventas de armas. El sospechoso tenía una condena por agresión por un delito menor en la escuela secundaria, pero eso no le impidió comprar un arma en una tienda cerca de su casa en los suburbios de Denver porque la mayoría de los delitos menores no impiden que las personas compren armas de fuego legales.

El estado también tiene una llamada ley de bandera roja que permite a las familias pedirle a un juez que retire las armas de las personas que podrían ser peligrosas. La familia de Alissa estaba preocupada por su salud mental.

Pero la ley requiere evidencia de que una persona presenta un riesgo significativo en el futuro cercano. No está claro si alguien cercano a él estaba lo suficientemente preocupado como para comenzar el proceso judicial en los seis días entre la compra del arma y el tiroteo, pero las preocupaciones generales sobre el comportamiento de alguien no suelen ser suficientes para persuadir a un juez de que ordene que se retiren las armas, dijo Jacob Charles, director ejecutivo del Centro de Derecho de Armas de Fuego de la Universidad de Duke.

Mientras tanto, una ordenanza en la ciudad de Boulder que prohibía las armas de asalto fue anulada en la corte pocos días antes del tiroteo debido a una ley estatal que prohíbe a los líderes locales establecer sus propias reglas sobre armas. Ahora, el líder de la mayoría del Senado estatal, Stephen Fenberg, está redactando un proyecto para derogar esa ley. También podría combinarse con otra nueva legislación.

“No hay una sola respuesta a este problema. Tiene que ser un conjunto de políticas complejo e integral porque cada tragedia es diferente”, dijo.

La legislación del período de espera ya está en proceso en Colorado, y los demócratas de Georgia planean introducir una medida que requeriría que las personas esperen cinco días entre la compra de un arma y su obtención, dijo el representante estatal David Wilkerson.

Y dado que las ventas de armas en todo el país aumentaron a niveles récord el año pasado en medio de la incertidumbre relacionada con la pandemia, los legisladores de al menos otros cuatro estados han propuesto crear o ampliar los períodos de espera.