Aumenta el consumo de drogas en mayores de 65 años, alerta la JIFE de la “epidemia oculta”

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo vinculado a Naciones Unidas, insta en un informe sobre consumo y tráfico de drogas y medicamentos fiscalizados en el mundo, a abordar los problemas relacionados con el uso de las drogas en las personas mayores, un fenómeno que califica de “epidemia oculta”.

Al respecto, el informe anual destaca que a medida que la población mundial envejece existe una mayor vulnerabilidad al consumo de drogas y la drogodependencia entre las personas mayores, entendidas como aquellas que tienen más de 65 años de edad.

“Los científicos han ido ignorando el uso de sustancias en las personas mayores de 65 años”, señala el texto, una falta de informaciones que ha llevado a los gobiernos a olvidarse de este problema y a no crear programas adaptados.

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La JIFE pidió a los gobiernos de todo el mundo concentrarse en el consumo de drogas entre las personas mayores y extender e integrar el apoyo para ayudar a revertir esta alarmante tendencia.

Los datos disponibles actualmente muestran una “tendencia alarmante”.
En Estados Unidos, el uso de la mayor parte de drogas en el grupo de mayores de 65 años se triplicó en los últimos diez años.

En India y en Nigeria, las personas de 45 a 64 años consumen en exceso medicamentos opiáceos y jarabes contra la tos, mientras que en Japón, los tratamientos contra los problemas de insomnio y la ansiedad “se recetan de forma desproporcionada a las personas mayores”.

Entre las personas de edad avanzada, la JIFE pone de manifiesto el “problema creciente” de la “polimedicación”, que corresponde a al menos cinco medicamentos –ya sean con o sin receta– o drogas ilegales por día.

Este uso puede conllevar problemas respiratorios, degenerativos, enfermedades del hígado, diabetes y problemas crónicos de salud mental, según detalla el informe.

Por otra parte, la junta expresó una preocupación por el efecto negativo de la pandemia de Covid-19 en el suministro de medicamentos sometidos a fiscalización, como los derivados de opioides.

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El informe señala que las medidas gubernamentales para frenar la propagación del virus provocaron una escasez de algunas de estas sustancias que tienen fines médicos y científicos.

Señalaron que la demanda para el tratamiento de pacientes con coronavirus interrumpió el tratamiento y otros servicios relacionados con la salud.

La JIFE enfatizó además que las personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias se han visto particularmente afectadas por la pandemia debido a que restricciones de movilidad y el aislamiento les han impuesto una mayor presión y, en ocasiones, han empeorado los trastornos.

Por ejemplo, se informó que los consumidores de heroína que no habían podido acceder al tratamiento de sustitución con opiáceos habían experimentado graves síntomas de abstinencia.

La escasez en el suministro de algunas drogas también hizo que varias personas utilizaran medios alternativos para consumirlas (por ejemplo, por inyección) y quedaran expuestas a riesgos adicionales como la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea.

El informe detalla la preocupación por el alto número de muertes por sobredosis de drogas, especialmente relacionadas con el fentanilo y la metanfetamina. Esta crisis se vio exacerbada por la pandemia y la junta prevé que contribuirá a aumentar el número de personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, junto con los aumentos de la depresión, la ansiedad, los traumas y el duelo.

Por otra parte, se exhortó a los gobiernos a aplicar respuestas proporcionales a la conducta delictiva relacionada con las drogas basadas en los derechos humanos. De acuerdo con la junta, las estrategias deberían basarse en el principio de proporcionalidad.

Cornelis de Joncheere, presidente de la JIFE, dijo al respecto que “el tráfico de drogas y la violencia relacionada con las drogas deben enfrentarse con medidas amplias y equilibradas, y las respuestas a la conducta delictiva relacionada con las drogas deben ser proporcionales y respetar los derechos humanos y el Estado de derecho”.

Igualmente, hubo preocupación de la junta por la despenalización que varios gobiernos han hecho del cannabis recreativo, e hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas legales que limiten la producción, distribución y uso de cannabis exclusivamente a fines médicos y científicos.