Seguridad
El PRI proponen aumentar penas a quienes extorsionen a comerciantes
Es necesario actualizar un tipo penal que no ha sido reformado hace casi 30 años, refirió
Debido a que la extorsión contra negocios es el ilícito más cometido a nivel nacional, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Iriarte Mercado, propuso aumentar de dos a 10 años la prisión a quienes incurran en este delito.
El legislador planteó reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para aumentar las penas a quienes cometan el delito de extorsión, con independencia de las sanciones correspondientes por formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, dichas sanciones serán para quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.
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Asimismo, al que sin derecho obligue a un comerciante a adquirir un bien o servicio de un tercero, lo requiera o no; al pago, por medio de dinero, en especie o cualquier otro, a cambio de permitir el libre desarrollo de su actividad comercial, y obligue a servidor o servidora pública a permitir una actividad comercial.
Plantea además que cuando el delito sea cometido por alguna servidora o servidor público, algún integrante o exintegrante de una institución policial, de investigación, de procuración de justicia o de las Fuerzas Armadas, la pena se incrementará hasta en una mitad.
Iriarte Mercado explicó que la iniciativa obedece a la necesidad de atender este problema urgente y actualizar un tipo penal que no ha sido reformado hace casi 30 años, cuya conducta punible ha evolucionado dolorosamente, trastoca cada vez más la calidad de vida de las y los mexicanos y requiere de cambios para mantenerlo vigente.
Argumentó que la extorsión contra los negocios es el delito más cometido a nivel nacional y particularmente en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Asimismo, en Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, mientras que en cinco más, -Coahuila, Colima, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala- ocupan el segundo lugar donde más se comete el ilícito.
“Este delito es el más habitual en contra de las micro, pequeñas y medianas unidades, por delante del robo o asalto de mercancía, insumos o bienes y otros delitos, mientras que es el tercero más frecuente en contra de grandes unidades, de acuerdo con el Inegi”, refirió el legislador priista.
Refirió que en 2021, 67.6 mil delitos de extorsión fueron cometidos en la calle, en el establecimiento, cobro de piso y derivados y 44.8 por ciento de estos casos fueron pagados por las víctimas, evidenciando el miedo que reina en las y los mexicanos frente a dichos ilícitos.
Para atender esta problemática, consideró indispensable fortalecer los instrumentos jurídicos que deriven en el castigo de estas conductas, toda vez que cifras demuestran que 98.9 por ciento de los delitos de extorsión cometidos contra empresas no se denunciaron o no se iniciaron carpetas de investigación.
Ello obligó “como legisladores a revisar y solidificar el marco normativo que dé mayor confianza a la ciudadanía y herramientas de actuación a las autoridades”, apuntó.
Carlos Iriarte puntualizó que en el delito de extorsión impacta en la seguridad y en la tranquilidad de las familias mexicanas, en su economía y bolsillo, convirtiéndolo en un problema de urgente atención por la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo.
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