Política

El PRD propone que amenazas de servidores públicos sean consideradas delito

Suguere la destitución del empleo y la inhabilitación de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos

Published

hace 9 meses

agosto 13, 2023

En busca de fortalecer las instituciones y evitar los vicios en la gestión pública, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, propuso tipificar como delito las amenazas en que pudieran incurrir los servidores públicos al utilizarlas para inhibir las denuncias que pudieran presentarse por diversas conductas relacionadas con corrupción.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la Ciudad de México impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, en el que propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 282.

Sugiere que “se aumente la pena hasta en una mitad cuando el delito (amenazas) sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones”, es decir, pasarán de cuatro a ocho años de prisión a seis a 12 años, en cada caso, y de 100 a 300 días de multa a 150 y 450 días, respectivamente.

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“Asimismo, se le impondrán, a las y los servidores públicos que incurran en amenazas, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos”, propone la iniciativa.

Pérez Valdez señala que de acuerdo con el Código Penal Federal vigente, los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella, con excepción del establecido en el párrafo anterior que se perseguirá de oficio.

Asegura que tipificar esta conducta delictiva de los servidores públicos es fundamental, porque su combate fortalece las instituciones y evita los vicios en la gestión pública.

Es indispensable, apunta, combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, como lo es del delito de “amenazas”.

Pérez Valdez considera que su iniciativa constituye un avance esencial para cumplir los acuerdos firmados, ratificados y asumidos por México, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que señalan el compromiso de crear, mantener y fortalecer las normas para el correcto y adecuado cumplimiento del servicio público.

“Es nuestra obligación dar certeza para que las y los ciudadanos puedan acudir a cualquier institución o servidor público sabiendo que cumplirán con la obligación que les fue encomendada y que, de no ser así, podrán acudir a las instancias adecuadas para ejercer su derecho”, sostiene.

Según el Código de Ética de la Administración Pública Federal, Capítulo II de los Principios del Servicio Público, artículo 5, relativo a los Derechos Humanos, resalta que todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades, conforme a sus atribuciones y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad de todas las personas.

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Por ello, apunta la iniciativa remitida a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, las personas servidoras públicas deben evitar conductas como el menoscabar la dignidad de las personas y cualquier tipo de discriminación.