Así son las cicatrices de las sobrevivientes de ataques con ácido

MORELIA, Michoacán. Los ataques con ácido o alguna otra sustancia corrosiva contra las mujeres hablan de una clara violencia de género que se produce con toda la intención de dejar lesiones, marcas y cicatrices evidentes en todo el cuerpo, pero especialmente en el rostro y que representan para las agredidas el duro proceso de sobrevivencia.

Para Sofía Stamatio, fundadora de la Organización Interrupción Legal del Embarazo en Michoacán (ILEMich), para una mujer, tener cicatrices en el rostro por una agresión de género es algo difícil de aceptar, pues le impide llevar una vida normal.

Asegura que ante la sociedad, la víctima cargará para siempre con un estigma, porque estas cicatrices significan un atentado contra su dignidad.

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La activista michoacana refiere que la intención de arrojar ácido en la cara de la víctima es una manera de dejar en una parte muy visible del cuerpo una marca de “poder” del patriarcado, que se manifiesta a través de la sustancia.

“Sin duda que estos ataques son el reflejo del patriarcado que tanto queremos erradicar, de ese sistema social donde las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, a quienes pueden herir, marcar y, también negar la posibilidad de que esa mujer pertenezca a otro hombre desde su lógica machista”, remarca la feminista.

Al respecto, Sofía Stamatio considera que en lugar de que los diputados locales aumenten penas en el Código Penal de Michoacán, deben establecer en las leyes que el daño sea resarcido, como lo indica el Nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en vigor en 2016, en el sentido de poner en el centro a la víctima.

Agrega que la intención debe ir más orientada a que el Estado se haga responsable de cubrir todo el tratamiento de la afectada y verificar que la víctima quede protegida del agresor, y no sólo imponer una multa monetaria o años en la cárcel.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), en Michoacán sólo se han iniciado cuatro carpetas de investigación relacionadas con uso de sustancias corrosivas en contra de mujeres.

El primer caso fue documentado en el 2016 en la colonia Torreón Nuevo en Morelia, cuando un hombre golpeó a su esposa con un trozo de madera en la cabeza, lo cual le arrebató la vida, para después rociar gasolina a su cuerpo y prenderle fuego, provocando quemaduras de primer grado en un 70 por ciento de su cuerpo. Por tales hechos, se le sentenció a 40 años de prisión.

En julio del 2021, la FGE vinculó a proceso a un hombre del municipio de Lázaro Cárdenas por haber rociado gasolina a su pareja y después prenderle fuego.

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Para abril del 2022, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre que le arrojó ácido a su ex pareja en el municipio de Tarímbaro, mientras la mujer se encontraba esperando el transporte público. La joven logró tapar su rostro con una mochila evitando lesiones en su rostro.

El caso con mayor presión mediática fue el de la joven Marlene de 23 años de edad, originaria de Puruándiro, a quien en julio de este año, un hombre que transitaba en su motocicleta le arrojó ácido en todo su cuerpo, causándole quemaduras de tercer grado. Los hechos fueron publicados en redes sociales por parte de la madre para exigir justicia e intervención de las autoridades estatales, ante lo cual la Fiscalía inició una carpeta de investigación.

La presidenta de la asociación Humanas sin Violencia, Circe López Riofrío, señala que la organización que encabeza en Michoacán no ha recibido denuncias de mujeres que hayan vivido un ataque de esta naturaleza.

Se pronuncia para que no se presente un aumento de estos casos en la entidad, porque es una violencia de lo más desgarradora.

Si bien López Riofrío dice que no hay denuncias, sí ha conocido algunos casos de mujeres que han sido quemadas con sustancias inflamables en regiones del Oriente, aunque más por problemáticas internas de las comunidades que por temas de género.

La activista expone la urgente necesidad de que las autoridades estatales junto con los legisladores trabajen para generar mecanismos de control de sustancias corrosivas para que se evite un posible aumento en los siguientes años de estos ataques.

“No por el asunto de inventarse otra violencia como se ha hecho por parte de los diputados, va a generar un enfoque contrario”, añade.

El Código Penal del Estado de Michoacán no contempla la agresión con sustancias corrosivas químicas, por lo cual sigue siendo de las entidades rezagadas en la materia.

De los 32 estados del país, sólo siete tienen tipificado en sus leyes los ataques con ácido: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.

Únicamente el Código Penal del estado señala en el apartado de Lesiones en el Artículo 125 referente a las lesiones simples que “a quien cause a otra persona un daño o alteración en su salud se le impondrá, de veinte a ochenta días de multa, cuando las lesiones no impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o causen enfermedad que no dure más de ese tiempo”.

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También “de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa, cuando las lesiones impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o la enfermedad dure un lapso mayor de ese tiempo, siempre que esas circunstancias sean temporales”. Y, “de cuatro a diez años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente en la cara”.

El artículo 127 del Código Penal, en el apartado lesiones por condición de género, también sólo indica que, “a quien cause lesiones a otra persona por su condición de género se le impondrá la pena correspondiente al delito de lesiones calificadas”, sin especificar las lesiones provocadas por sustancias corrosivas químicas.

El 21 de junio del 2022, los diputados de Morena Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán Vélez presentaron ante el pleno una propuesta de Decreto para se reforme el artículo 131 del Código Penal de Michoacán a fin de que quede de la siguiente manera: artículo 131. Lesiones calificadas.

“Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente a las lesiones simples se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando las mismas se produzcan por productos químicos, la pena se incrementará al doble de la correspondiente a las lesiones simples”.

La propuesta de los legisladores es que se aumenten las penas en el delito de lesiones simples de ocho a quince años de prisión, a las dos terceras partes que se elevarían a un máximo de 13 a 25 años para quienes ataquen con sustancias corrosivas como el ácido.

Sin embargo, el Decreto fue enviado a Comisiones donde se encuentra desde julio de este año, sin luces de que los diputados la aprueben ante el pleno.

La justificación de los dos legisladores es que desde su perspectiva los ataques con ácido se han posicionado como un tema de conversación recurrente en el país, debido al alza en su denuncia.

Al interior del Congreso, no es un tema relevante, ya que salvo la propuesta turnada a Comisiones es la de Barragán y García Zepeda, de ahí en fuera no existe mayor intención de abordar el tema.

La integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género, Liz Alejandra Hernández Morales emanada de Acción Nacional (PAN), admite que no se ha abordado el tema, porque están atendiendo otros asuntos, como el Observatorio Ciudadano y la conformación del Parlamento de Mujeres Abierto, aunado a que no han recibido ninguna propuesta para que se tipifiquen las agresiones con sustancias corrosivas en la entidad.

“Es un tema importante, pero no es un tema que esté en la Comisión. Me voy a dar a la tarea de checar ese tema y ver de qué manera se puede modificar algún artículo que habla sobre esa violencia”, comenta la legisladora sin tener conocimiento del tema.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), María Gabriela Cázares Blanco, quien ha presentado iniciativas referentes a la defensa de los derechos de las mujeres, reconoce también que al interior del Congreso no se ha analizado en especial la situación que existe sobre los ataques con ácido, porque los legisladores están más interesados en sólo aumentar penas a los feminicidas, en lugar de que se trabaje por la prevención de este tipo de delitos.

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Sin embargo, la legisladora tampoco ha presentado ninguna iniciativa referente a este delito, aunque, dice que está trabajando en una propuesta que pronto presentará ante el pleno del Congreso.

“Se ha insistido en que los diputados de esta Legislatura tengan más seriedad y a que se sumen al esfuerzo para que no haya más impunidad”, afirma.

Guadalupe Martínez | El Sol de Morelia