La reforma eléctrica de AMLO genera posturas encontradas entre especialistas ambientales

Al interior del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), los especialistas tienen posiciones encontradas en torno a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras para algunos significa regresar 70 años en materia energética, para otros representa la posibilidad de generar energías limpias.

René Augusto Solinís Noyola, académico de Ingeniería Ambiental del ITESO, considera que la propuesta recientemente discutida en los foros de Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados es “regresar 70 años atrás” y advierte que el costo de la electricidad “será muy caro”, debido al monopolio que ejercería la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La reforma del Ejecutivo federal plantea que la CFE vuelva a tener la preponderancia en la producción y venta de electricidad, hasta alcanzar 56 por ciento de participación en el mercado.

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Para Solinís Noyola, México aún utiliza muchos hidrocarburos o derivados del petróleo para generar y transportar electricidad, aunado a que el porcentaje de eficiencia en la producción de luz es, en el mejor de los casos, de 50 por ciento, lo cual representa un alto costo económico y ambiental para el país.  

“Las plantas de CFE tienen 30 o 40 años de antigüedad y su tecnología es más ineficiente que la actual, sin cambios o actualizaciones en sus equipos”, expone el expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ) de 2019 a 2021. 

Por el contrario, Óscar Rojas Rejón, coordinador de la Ingeniería en Biotecnología del ITESO, destaca que la reforma del presidente López Obrador busca dar prioridad a las hidroeléctricas de la CFE, que no emiten contaminantes a la atmósfera. 

“El grueso de la producción eléctrica de México es mediante energías que no son contaminantes”, pues cuenta con una infraestructura de hidroeléctricas muy buena, pero que se ha ido abandonando poco a poco por beneficios entre particulares, se ha desmantelado y no se le ha dado tratamiento, expresa.

Menciona que aunque las empresas aumentaron su participación en el sector energético tras la aprobación de la reforma de 2013, esto no se ha reflejado en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes a la atmósfera, dado que las compañías usan gas natural para operar sus plantas de energía solar o eólica.

Considera que la producción de electricidad a partir de la energía solar o eólica por cuenta de la iniciativa privada no ha logrado el beneficio medio ambiental esperado, toda vez que en parte depende de la quema de gas natural, un combustible contaminante para operar.

“Las empresas no están considerando otro tipo de fuentes limpias como las hidroeléctricas o las geotérmicas”, menciona el académico, quien recuerda que las celdas fotovoltaicas o las turbinas eólicas funcionan con energía intermitente, es decir, que dependen de la energía del sol o las rachas de producción del viento. 

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Sin embargo, ambos académicos coinciden en que la reforma eléctrica no prevé un registro de contaminantes a la atmósfera para medir las afectaciones ambientales de la producción de electricidad y las que tendría en la salud de las personas en el mediano o el largo plazos. 

“No tenemos un inventario de CO2 que nos diga cuánto producimos de energía limpia en términos de residuos de CO2 y producción industrial, para ver si los objetivos del Acuerdo de París se cumplirán o no”, indica Rojas Rejón. 

Opina que existe una falta de compromiso de todas las partes para, realmente, hacer la transición energética con un enfoque sustentable, y dejar de verlo como un negocio de los privados, para generar un plan energético que permita el uso de la infraestructura que tenemos hoy en México.

Para Solinís, la reforma no toca las afectaciones a la salud pública ni las consecuencias que tiene para el cambio climático la producción de energía eléctrica mediante fuentes sucias como el carbón o el combustóleo.

“Al no combatir el cambio climático, aumenta la temperatura, hay más calor en las ciudades y eso genera mayor uso del aire acondicionado, que a su vez genera más consumo de energía eléctrica, y si ésta es producida por fuentes sucias, todo se puede complicar”, advierte.  

El 4 de noviembre de 2016 entró el vigor el Acuerdo de París, un tratado internacional que busca aminorar los efectos del cambio climático en el planeta y, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de dos grados Celsius, para evitar un aumento en los niveles del mar o la desertificación de grandes territorios. 

México fue uno de los 194 países que suscribieron el acuerdo, comprometiéndose a trabajar por la consecución de varios objetivos, entre ellos reducir 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51 por ciento las de carbono negro, así como que 35 por ciento de la producción para 2024 consista en energías limpias. 

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No obstante, para los especialistas del ITESO, lograr esos objetivos del convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) parece cada día más lejano, con o sin la nueva reforma eléctrica.

“Gran parte de electricidad que generamos es por quema de hidrocarburos y es un gran problema que tenemos”, aunado a que el incumplimiento del Acuerdo de París le puede generar a México problemas, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), dos de los principales participantes del tratado, dice Solinís.

Por ser un residuo derivado de la refinación del petróleo, además de tener un alto contenido en azufre, la quema de combustóleo para generar electricidad se convirtió en uno de los puntos más polémicos de la propuesta energética de López Obrador. 

Los expertos más críticos con la iniciativa presidencial, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), sostienen que la CFE usará de forma más intensiva combustibles contaminantes como el combustóleo y el carbón para recuperar la preponderancia en la generación de electricidad que obtendría de ser aprobada la reforma.

“La calidad del petróleo mexicano es de las más bajas, ya que tiene mucho azufre”, alerta Solinís. 

Los académicos coinciden en que México cuenta con una gran capacidad para incrementar su producción de energías renovables. 

“Somos uno de los países que reciben más sol en todo el mundo, sobre todo en el Noroeste, en estados como Sonora, Chihuahua o Baja California”, asevera Solinís. “El potencial de México en energía fotovoltaica no lo ha explotado el gobierno, sino los privados”. 

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), 85 por ciento del territorio nacional es apto para proyectos solares. 

Para Rojas, el desierto de Sonora y las grandes ciudades del norte y el centro del país son idóneos para generar electricidad mediante radiación solar. El principal inconveniente es el mantenimiento de los paneles. 

Mientras Solinís considera que la reforma de López Obrador afectará a industrias importantes para México, como el sector de las autopartes, especialmente con un aumento de los precios, Rojas insiste en que México no tiene como prioridad la producción de energía eléctrica a través del carbón y los derivados del petróleo.

En cuanto a las posibles afectaciones al precio de la luz, Rojas afirma que la infraestructura de la CFE y la no dependencia de combustibles fósiles que sí tienen otros países pueden permitir una producción de energía eléctrica más económica. 

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El país sigue dependiendo de la importación de gas. “Cuando México sea autosuficiente, se podrán fijar los precios, pero dudo que bajen”, puntualiza.