La reforma eléctrica de AMLO dañará a las finanzas públicas: Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) exigió a los diputados de Morena, PT, PVEM, PES, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no aprobar la reforma eléctrica del presidente de la República, porque afectará a consumidores y empresas mexicanas por tarifas de electricidad más caras, así como lastimará las finanzas públicas por el uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios.

Según el organismo antimonopolios, la aprobación de la reforma eléctrica suprimiría la competencia en el sector y eliminaría los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente.

La Cofece entregó al Congreso de la Unión una opinión para que no aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación que sean necesarios para salvaguardar el interés público, dijo la Cofece.

La Iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas, expresa.

La Cofece dio enumeró cuatro daños provocados por el modelo eléctrico propuesto por Andrés Manuel López Obrador.

1.- Instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad;

2.- Crear un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE);

3.- Desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas; y

4.- Eliminar distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias.

La reforma eléctrica de AMLO no advierte mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en su caso, por privados) y despachada en el sistema sea la menos costosa. Por el contrario, un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes, comentó la Cofece.

También desincentiva la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente.

La reforma eléctrica contempla la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado, lo que necesariamente se traduciría en una restricción de la oferta, inutilización de activos y en mayores desincentivos a la inversión.

La propuestas para regular el mercado eléctrico del presidente de la República prevé que los privados podrán generar “hasta” el 46 por ciento de la energía requerida por el país, esta generación sería únicamente para venta a la CFE y en los umbrales, términos y condiciones —aún desconocidos— que esta última determine, lo que la convierte en un monopsonio en la compra de energía eléctrica y con ello le permite monopolizar toda la cadena de valor.

“De esta manera, el cambio de paradigma propuesto ocasiona un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionan el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente”, comentó.

La reforma eléctrica compromete el funcionamiento eficiente del sector en general y su capacidad para atender las necesidades presentes y futuras. Ello afectaría negativamente tanto a los consumidores como a las empresas, la competitividad del país y con ello su crecimiento económico.

La Cofece reiteró que es fundamental hacer todos los esfuerzos para mantener y desarrollar un sector eléctrico competitivo, eficiente, sustentable y seguro, pues de ello depende el desempeño del resto de los sectores económicos y la prosperidad del país. La iniciativa no contribuye a ese propósito, entre otras cosas, por renunciar a la competencia y a una regulación que proteja el funcionamiento eficiente de los mercados.