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AMLO destina 13 mil 600 mdp para Chicontepec, pese a la oposición al fracking

En esa zona se tienen bajos niveles de extracción, pero el proyecto sigue recibiendo inversión y se prevé concluya el 31 de diciembre de 2031

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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destinado 13 mil 695.9 millones de pesos para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, conocido como el Paleocanal de Chicontepec, ubicado en los límites de Puebla y Veracruz, a pesar de que ha señalado su oposición al “fracking” y que en las dos administraciones federales anteriores sólo se lograron recuperar 70 mil barriles diarios de los 500 mil que se habían calculado.

El proyecto inició el 1 de diciembre de 2002 y se espera que concluya hasta el 31 de diciembre de 2031. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado y se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajín-Corralillo, Presidente Alemán-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. En abril de 2010 se contabilizaban mil 323 pozos, sólo de este proyecto.

En su momento, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, este proyecto se convirtió en la gran apuesta de Pemex. Se pretendía producir hasta medio millón de barriles diarios mediante la perforación masiva de hasta 30 mil pozos, pero la empresa sólo logró 70 mil barriles diarios, luego de los casi siete mil millones de dólares que se habían invertido en este proyecto, desde ese entonces y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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El debate generado este proyecto ha alcanzado a expertos de diferentes especialidades, los que están a favor piensan que el modelo geo-celular permite ubicar zonas con mejores condiciones para la extracción de petróleo y gas cuando se realiza “fracking”; los que están en contra dicen que ese proyecto solamente ofrecerá los mismos resultados pobres de producción que ha tenido hasta ahora.

Los datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), en 2019 fueron destinados tres mil 799.1 millones de pesos, mientras que en 2020 el presupuesto contempló cinco mil 133 millones y para este 2021 la cifra fue de cuatro mil 763.8 millones.

De acuerdo con el “Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones”, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de abril de 2010, fue identificado en 1926 y, cinco años más tarde, se descubrió el primer campo. En 1952 inició la explotación de hidrocarburos en el área “Presidente Alemán”.

Hacia los años 70, las actividades intensificaron en los campos Soledad Norte y Soledad. Los registros obtenidos a partir de los resultados de explotación llevaron a que, en 1978, Pemex contratara una empresa certificadora internacional para que, con cierta periodicidad, evaluara los volúmenes originales de gas y aceite en el paleocanal para corroborar sus reservas.

Desde entonces, varias empresas han evaluado estos volúmenes, todas ellas coincidiendo en la gran cantidad de hidrocarburos que se localizan en esta zona.

Desde ese año, es considerado un amplio recurso geológico continuo de hidrocarburos que constituye una de las mayores acumulaciones en América, sin embargo, dadas sus complejas características geológicas, la explotación rentable puede ser difícil y costosa, comparada con los grandes yacimientos del sureste del país, si se considera que este complejo es de baja permeabilidad, generalmente compartimentalizados, con alto contenido de arcillas.

Adicionalmente, al iniciar la extracción de crudo se liberan importantes volúmenes del gas disuelto, los cuales constriñen el paso del aceite hacia los pozos.

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Oficialmente, la explotación de este proyecto siempre se pospuso, no sólo por la baja productividad de sus pozos y la compleja estructura interna de sus yacimientos, sino por los retos técnicos y económicos que representaba para extraer los hidrocarburos, a pesar de su amplio potencial de recursos.

De acuerdo con el documento “Fracking en México” de la AMCF, entre el impacto que genera el uso de esta práctica extractiva está la desviación de recursos hídricos, contaminación de suelos, aguas superficiales, mantos acuíferos y en la atmósfera baja. Además de los daños a la salud, sismos, afectaciones sociales y cambio climático.

Acorde este documento, los territorios amenazados no solamente están en el territorio poblano, sino también en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y, en un futuro, Chihuahua y Oaxaca.

Esto sin hacer a un lado la invisibilidad que hay de las afectaciones sociales y que aún en el artículo 27 de la constitución y 96 de la ley de hidrocarburos se le considera una actividad de utilidad pública, además de considerarse como preferente por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.

Esto sin contar la subordinación de derechos de campesinos u otras prerrogativas de la industria como son la cesión de tierras, preparación arbitraria de los daños, represión de manifestaciones de inconformidad y múltiples violaciones a derechos. No sólo eso, esta práctica utiliza de tres a cinco millones de galones de agua, por pozo.

La contaminación del aire, que provoca esta práctica, se debe a las fugas que continúan mucho tiempo después de la clausura de las actividades. A ello se suma los bajos estándares regulatorios: “4% de los pozos producen la mitad del total de emisiones de metano”, se lee en ese documento que remata: es imposible predecir que pozos se presentarán como mega emisores.

La contaminación del aire es por el ozono y de acuerdo a especialistas, la proximidad a pozos aumenta la incidencia de asma entre el 1.5 y 4 por ciento, con respecto a sitios sin pozos. Lo que suma la dispersión de contaminantes, a kilómetros de distancia, por el viento.

No sólo eso, las afectaciones por los agentes contaminantes en el aire generan migrañas, enfermedades respiratorias, sangrado de la nariz, fatiga severa, mortandad materna, embarazos de alto riesgo, neonatos con bajo peso, partos prematuros y, al menos, 55 sustancias asociadas al fracking se las consideran carcinogénicas, 20 de estas producen leucemia o linfoma, esto sin contar las afectaciones en la salud de los trabajadores. Además de los sismos y otros impactos subterráneos.

Actualmente, está prohibido en varios estados de Estados Unidos, así como en Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda del Norte, España, Australia y Canadá. Alemania podría sumarse a esta lista de rechazo que incluso ya sido rechazada por el Parlamento Europeo desde 2015.

Edgar Barrios | El Sol de Puebla

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