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El Extranjero

Violencia policial, un mal enquistado en América Latina

Los abusos y violencia policial se reproducen en Chile, Brasil, Venezuela y en general en América Latina

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Carabineros en Chile

La muerte de George Floyd, un afroamericano a en Minneapolis, reavivó las demandas para una reforma policial en Estados Unidos, pero si hay un lugar donde ese problema es más urgente es América Latina, que se distingue por ser la región más violenta del mundo y donde operan las fuerzas de Policía más letales del planeta.

“De 0 a 10, la gravedad del problema es 20. Es un problema estructural, que se ha venido agravando en los últimos años, y que afecta a gobiernos de todo signo ideológico”,dijo Ignacio Cano, investigador de el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, en entrevista con la BBC Mundo.

En números absolutos la policía que más mata en la región –y en el mundo– es la de Brasil: 6 mil 220 víctimas fatales en 2018, por las 998 de Estados Unidos.

Aunque, en términos proporcionales ese título es para la Policía de Venezuela, un país que vive bajo el régimen represor de Nicolás Maduro, con 4 mil 998 víctimas en 2017. Eso significa que tuvo una tasa de mortalidad de 15.9 por cada 100 mil habitantes.

Hay que hacer hincapié, el país sudamericano vivió en 2017 la llamada Primavera Venezolana, que buscaba la renuncia de Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional.

Y según esta iniciativa, que da seguimiento a las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad en la región latinoamericana, ese no es lo único que distingue a la Policía venezolana. Así actúa la temida Policía de élite creada por Maduro a la que se acusa de ser un “grupo de exterminio”

Esta tasa es muy superior a la de 6.18 por 100 mil de la Policía de El Salvador y la de 2.3 registrada por la policía brasileña ese mismo año, según los datos del Monitor de Fuerza Letal.

Las fuerzas del orden bolivarianas también lideran a la región en número de civiles muertos por cada mil agentes, casi triplicando la letalidad de los policías de El Salvador: 28.6 contra 9.9 por cada 100 mil habitantes.

También son responsables de un altísimo porcentaje de todos los homicidios que se cometen el país: 25.8 por ciento, es decir, uno de cada cuatro. En contraste, con 407 víctimas a su nombre en 2017 la Policía de El Salvador fue responsable del 10.3 por ciento de todos los homicidios registrados ese año en el país centroamericano.

A la de Brasil, por su parte, se le imputaron el 7.3 por ciento de todos los homicidios de 2017, lo que también la convierte en parte del problema,

Lee: Manifestaciones contra policías llegan a Tijuana

Según las estimaciones del Foro Brasileño de Seguridad Pública, sin embargo, el porcentaje de homicidios atribuibles a la policía brasileña aumentó al 10.8 por ciento un año más tarde.

Pero todavía está por verse el impacto que tendrá en las cifras de El Salvador la autorización expresa para el uso de la fuerza letal contra de las maras o pandillas dada por el presidente Nayib Bukele en abril de este año, tal decisión le ha provocado muchas críticas al mandatario de parte de sus opositores.

Los atroces delitos de los pandilleros no dan carta blanca a El Salvador para castigarlos y vengarse de esta manera. Y, como advierte Cano, la falta de información oficial confiable dificulta las comparaciones entre países.

En tanto, los nicaragüenses tienen un alto grado de confianza en su cuerpo de policía. Pero eso no significa necesariamente que el público crea que los agentes no participen en actividades delictivas.

Más de la mitad de la población cree que los intereses criminales han corrompido un cuerpo de policía que pese a eso sigue considerándose digno de confianza. De hecho, la policía nicaragüense es conocida por colaborar con narcotraficantes y grupos de robo de estupefacientes.

Es posible que Honduras tenga el cuerpo de Policía más corroído por la delincuencia y el que menos confianza genera en la región, según las encuestas de percepción del público. En 2016, sin embargo, el país tomó algunas medidas para poner su casa en orden.

En su primer informe, publicado en 2019, el Monitor de Fuerza Letal también incluyó los casos de Colombia y México, por su parte Ignacio Cano dijo también que “tenemos serias dudas sobre los datos de Colombia. Y México simplemente no da los datos”.

Lo mismo dice su colega en el Monitor de Fuerza Letal Catalina Pérez Correa, quien lleva años estudiando el problema en México. “¡Tuvimos menos datos oficiales que en Venezuela!”, afirmó la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

En el caso de Colombia, el proceso podría estar revirtiéndose como resultado del proceso de paz, pero el Ejército todavía es responsable de buena parte de las muertes atribuidas a la fuerza pública: 72 contra 97 a manos de la policía en 2017.

Pero tanto el total –169 muertos, equivalente al 1.5 por ciento de todos los homicidios del país, según las cifras oficiales compiladas por el Monitor de Fuerza Letal– como la participación de las fuerzas armadas en el mismo dan cuenta de una reducción con respecto a los dos años anteriores.

La necesidad de reforma en las policías de América Latina no existe solo en los países peor calificados: en Chile, donde en 2018 casi cinco de cada 10 chilenos decían tener confianza en la institución, su manejo de las protestas puso en evidencia carencias y limitaciones importantes.

“Más de 160 menores recibieron perdigones, balas y maltrato en la protestas de Chile. Es inaceptable, independientemente de lo que hayan hecho”.

Además, un análisis de InSight Crime señala que los Carabineros de Chile –la fuerza policial que probablemente goza de la más alta calificación de confianza en la región– empañaron su reputación en un sorprendente caso de fraude de alto vuelo.

Para el 10 de marzo de 2017, por lo menos 10 agentes habían salido de la fuerza, incluyendo a un general y a un capitán, luego de revelaciones de que una red corrupta había desviado cerca de 12 millones de dólares del organismo entre 2010 y 2015. Las investigaciones revelan que este grupo transfirió dineros de una cuenta bancaria institucional a sus cuentas particulares.

“El problema claramente es menor en Chile, Uruguay y los países andinos, donde no se ha constatado una tendencia al uso excesivo de la fuerza”, le dijo Cano a la BBC Mundo.

La violencia policiaca “en el resto del continente es un problema y en algunos países es un problema extremadamente grave”, destacó Cano.

Lee: Detienen y acusan de asesinato al policía que asfixió a George Floyd en Minneapolis

Pero para Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo que ocurre en Estados Unidos está abriendo una oportunidad para que las agencias policiales latinoamericanas vean las cosas de otra manera.

“El gran mensaje para los gobiernos y las policías de América Latina es que hay que hacer reformas y que hay que hacerlas bien”, valora. “Eso es lo que he estado escuchando de mis contrapartes policiales en América Latina”, señaló Alvarado a BBC Mundo.

Y como evidencia de que las cosas pueden cambiar se pone como ejemplo el caso de Honduras, para el BID la más clara historia de éxito de las reformas policiales que la institución ha apoyado en América Latina.

Los 37 muertos a manos de las fuerzas de seguridad reportados en 2019 por el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional de Honduras, contrastan notablemente con la cifra 11 veces mayor de sus contrapartes salvadoreñas respecto a la violencia policial.

Esto, a pesar de que los dos países centroamericanos tienen problemas de seguridad bastante similares, incluida la presencia de las maras o pandillas y el hecho de ser ruta del narcotráfico.

El tema de la violencia policial en América Latina no solo es la discriminación a las poblaciones afrodescendientes, también es a los pueblos indígenas e incluso con personas mestizas.

Inevitablemente los cuerpos policíacos en la región necesitan una mayor remuneración y mejor preparación para dejar de lado, en la medida de lo posible, la corrupción y el maltrato a los ciudadanos de lo contrario esas instituciones pueden ser víctimas del desplazamiento.

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