Política
Susana Harp advierte que el uso comercial de híkuri afecta a los pueblos originaros de México
Nos ofende que a nuestro hermano mayor se le vea como un negocio, dice representante de la región Wixárika
La senadora de Morena, Susana Harp Iturribarría, llamó a evitar el uso comercial de la planta híkuri, conocido como peyote, una especie de cactácea considerada sagrada y empleada en rituales espirituales por diversos pueblos originarios de la República Mexicana.
Acompañada de integrantes del Consejo General Regional Wixárika, la legisladora expresó la preocupación de los pueblos originaros por la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de medicina tradicional que abre la posibilidad del uso y aprovechamiento del híkuri por parte de organizaciones y empresas ajenas a los pueblos originarios.
Señaló que la propuesta, presentada al Senado de la República en octubre del año pasado, daña la identidad y cultura de estos pueblos, que en varias regiones es diferente, pero se expresan a través de rituales y espacios que se consideran sagrados.
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La presidenta la Comisión de Cultura en el Senado recordó que recientemente impulsó la ley para proteger el patrimonio cultural de comunidades indígenas y afromexicanas, para salvaguardar elementos tradicionales como los textiles, la gastronomía y los bioculturales.
A su vez, Antonia González, representante de los pueblos Wixárika de Jalisco, Durango y Nayarit, exigió que los servidores públicos de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno respeten y salvaguarden los derechos culturales, materiales e inmateriales de los pueblos originarios, así como sus derechos económicos, sociales, políticos y ambientales.
La iniciativa de reforma representa una “amenaza” al abrir el acceso al uso del híkuri, “nos ofende, nos entristece en lo más profundo de nuestro corazón, que a nuestro hermano mayor se le vea como un negocio, como una mercancía”, expresó.
Aseguró que esa iniciativa de reforma a la Ley General de Salud no sólo afecta a la cactácea, que está oficialmente reconocida como una especie en peligro de extinción, sino también la identidad cultural, el sistema jurídico, las instituciones, territorios ancestrales y continuidad de los pueblos originarios de México.
Por ello, Antonia González pidió al Congreso de la Unión que agilice los procesos legislativos tendientes a reconocer a esas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como la propuesta por la senadora Susana Harp.
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