Incorruptibles
Unos 197 contratistas fueron sancionados con mil 325 mdp por imcumplirle al gobierno de AMLO
Se emitieron 178 inhabilitaciones a 168 personas físicas o morales, con periodos que van de los tres a los siete años
En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 211 sanciones a 197 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal que infringieron diversas leyes, que incluyen multas por un total de mil 325 millones 172 mil 720 pesos.
En un comunicado, la dependencia informó que el año pasado, los Órganos Internos de Control (OIC) y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP impusieron 178 inhabilitaciones a 168 personas físicas y morales.
Ello, apuntó, con periodos que van de los tres meses a los siete años, cuyas circulares se publicaron, como lo establecen las leyes en materia de contrataciones públicas, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Explicó que los principales motivos de las sanciones fueron proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves, de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
En el caso de 12 empresas, señaló que la causa fue simular el cumplimiento de requisitos en contrataciones públicas, en apego a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP), vigente al momento de los hechos.
La SFP indicó que las sanciones a los contratistas, licitantes y proveedores con fundamento en LAASSP y la LOPSRM se publican en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en el hipervínculo: https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/.
En tanto, las circulares de inhabilitación con fundamento en la LFACP fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La SFP es la institución encargada de sancionar a los licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan dicha normativa, con lo que coadyuva a prevenir la corrupción, no permitir la impunidad y promover la eficacia gubernamental.
La dependencia vigila que las acciones se realicen en cumplimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, y de mejora de la gestión gubernamental.
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