El acceso a la información en México es un derecho humano y un instrumento clave para la vigilancia de la función pública: INAI

El acceso a la información en México se ha consolidado como un derecho humano fundamental y como un instrumento clave para la vigilancia permanente de la función pública y el combate a la corrupción, destacó el INAI.

Mediante un comunicado, resaltó los 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

Aseguró que durante ese tiempo, el desarrollo legal e institucional registrado en México tanto en materia de acceso a la información como en protección de datos personales, a partir de esta ley, constituye un patrimonio democrático, social, político y cultural que llama a difundir, proteger y preservar.

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) refirió que el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Unión fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2002, y entró en vigor al día siguiente.

Mencionó que el diseño legal e institucional provino de la movilización ciudadana y las ideas promovidas por académicos, periodistas y editores de periódicos, que conformaron el Grupo Oaxaca, para impulsar que este derecho fuera garantizado por el estado.

Un año después, abundó, el 12 de junio de 2003 entró en funciones el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y por primera vez, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información, mediante solicitudes formales dirigidas a las dependencias y entidades de Administración Pública Federal.

El organismo indicó que durante estas dos décadas tuvieron lugar dos reformas constitucionales claves en la evolución del derecho de acceso a la información: la de 2007, que permitió desarrollar de manera más amplia la narrativa constitucional de este derecho, y la de 2014, que dotó al órgano garante de autonomía constitucional y extendió la obligación de transparentar y rendir cuentas a todas las instituciones del Estado mexicano.

Hoy, explicó el INAI, las personas pueden hacer solicitudes de información a cualquier instancia pública o persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a nivel federal, estatal y municipal, incluidos órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

Además, la sociedad cuenta con herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, desde donde se pueden hacer solicitudes o buscar información de los más de ocho mil sujetos obligados del país, abundó.

Asimismo, acotó, el Centro de Atención a la Sociedad (CAS), un call center al que se accede gratuitamente al llamar al teléfono INAI 800 835 4324 y es atendido por personal experto que asesora en la presentación solicitudes de información, incluso, sin necesidad de contar con Internet.

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El INAI refirió que de 2003 al 31 de mayo de 2022 han ingresado tres millones 206 mil 531 solicitudes, de las cuales dos millones 657 mil 178 son de acceso a la información y 549 mil 353 de datos personales.

De igual forma, se han interpuesto 161 mil 199 recursos de revisión, que constituyen el medio de defensa de las personas ante su inconformidad por las respuestas otorgadas a sus peticiones; de ese total, 140 mil 419 son de acceso a la información y 20 mil 780 de datos personales.

Actualmente, el marco legal e institucional que garantiza el derecho de acceso a la información en México está conformado por una Ley General de Transparencia, una Ley Federal y 32 Leyes Estatales; así como por un organismo garante nacional y 32 locales que integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) junto al Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A fin de analizar los avances del acceso a la información y plantear los desafíos de este derecho en el país, el INAI celebra este lunes 13 y martes 14 el Encuentro Conmemorativo por los 20 años del reconocimiento del Derecho a Saber en México, en la capital del país y en Sinaloa, respectivamente.