El PRI exige que las empresas absorban el costo de las pruebas Covid-19 de sus trabajadores

Los senadores y senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron reformar las leyes Federal del Trabajo y General de Salud para que sea obligatorio que las empresas paguen las pruebas de Covid-19 de los empleados que lo soliciten.

En la iniciativa enlistada en la Gaceta Parlamentaria, exponen que obligar a los trabajadores a realizarse y cubrir el costo de pruebas para detectar Covid-19 u otros virus que causen o provoquen enfermedades respiratorias contagiosas, representa un acto de discriminación que atenta contra el derecho al empleo.

Por ello, sugieren modificar dichas leyes  para establecer como obligación que en los centros de trabajo que soliciten a sus empleados pruebas de prevención y detección de algún tipo de enfermedades respiratorias, serán los patrones quienes ofrezcan, de forma gratuita, los insumos médicos pertinentes para practicarlas.

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En el proyecto, enviado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, los senadores priistas proponen prohibir que los patrones cobren o descuenten del salario de sus trabajadores el costo de las pruebas de prevención y detección del virus.

Indican que si el reglamento de la empresa obliga o recomienda a los trabajadores a realizarse pruebas para prevenir contagios en el trabajo, tiene que ser la propia compañía quien absorba el costo, pues de acuerdo con la legislación vigente, los responsables de garantizar un espacio seguro e higiénico a los trabajadores son los patrones.

Refieren que durante la reactivación económica y el regreso escalonado a las actividades presenciales en los espacios de trabajo, surgieron casos en los que algunas empresas y establecimientos exigían a sus trabajadores presentar una prueba negativa de Covid-19, para reincorporarse a sus labores, pero el costo de la misma debía ser cubierto por cada empleado.

Precisaron que la propia Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores advirtió que es ilegal obligar a las y los trabajadores pagar por estas pruebas, por lo que por ningún motivo se les puede trasladar su costo a los empleados.

“Se busca ofrecer a las y los trabajadores de distintos sectores los mecanismos legales suficientes para proteger sus derechos laborales, en un contexto de retorno a la normalidad y tras la emergencia sanitaria de los últimos dos años”, puntualizan.