Política
El PAN propone prohibir que comercios cobren comisiones “extra” por pagos con tarjetas bancarias
El uso de tarjetas bancarias, departamentales y de trasferencias bancarias ha aumentado en los últimos años
Anuar Roberto Azar Figueroa, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), propuso una iniciativa de reforma para prohibir que los comercios cobren comisiones adicionales cuando los clientes paguen con tarjetas bancarias.
La iniciativa adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que “la o las comisiones que las entidades financieras cobren al proveedor del servicio por el uso de terminales punto de venta o dispositivos electrónicos que permitan cobros con tarjeta bancaria no puedan ser trasladadas al cliente”.
La propuesta del legislador panista, remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, también busca que los precios exhibidos no puedan ser modificados ni condicionados en función del medio de pago utilizado.
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Refiere que el uso de tarjetas bancarias, departamentales y de trasferencias bancarias ha aumentado en los últimos años, y en el país un porcentaje importante cuenta con estos instrumentos bancarios.
Indica que aunque el aumento en ventas para los establecimientos es significativo si cuentan con terminales punto de venta, en los últimos años se ha presentado una práctica abusiva por el uso de estos instrumentos financieros, llamado cobro “extra” o comisión por el pago con tarjeta bancaria en comercios tanto físicos como electrónicos.
Azar Figueroa aclaró que actualmente no hay una ley clara o norma que prohíba que los comercios cobren un “extra” o transfieran la comisión que pagan por el uso de las “terminales punto de venta” que las instituciones financieras les cobran por el uso de sus productos financieros, por lo que la transfieren a los clientes.
Si bien los contratos que los clientes firman con los bancos sí establecen que la comisión no puede ser transferida al tarjetahabiente, “con total impunidad, lo realizan, justificándose en consultar previamente al cliente si está de acuerdo con dicho cobro.
La comisión que el banco acuerda con el proveedor por el uso de sus terminales o el uso de los medios de pago que el banco pone al alcance, abusivamente son transferidas al comprador”, abundó.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ese cargo incumple con lo que los comercios pactan con las instituciones bancarias, pues en los contratos para el uso de terminales punto de venta se establece que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven los comercios con su clientela.
El diputado albiazul indicó que muchas personas han sido advertidas directamente en el comercio que si realizan el pago con tarjeta bancaria le cobrarán una comisión que puede ir del tres al seis por ciento extra.
Desafortunadamente, anotó, estas prácticas cada día van tomando mayor relevancia, ante una política comercial incorrecta, ya que en lugar de fomentar las ventas, ahuyenta a los clientes.
Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado y advertido que esta práctica es indebida, pero existe una falta de regulación clara que le brinde al consumidor las herramientas necesarias para presentar una queja ante las instancias correspondientes, recordó.
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“Una práctica que, lamentablemente se ha convertido en ley, por lo que, es necesario y urgente legislar en la materia”, llamó el diputado.
Un análisis de la Condusef revela que en 2022, el gasto total realizado con tarjetas de crédito y débito ascendió a más de 3.85 billones de pesos, lo que representó un incremento de 20.6 por ciento respecto a 2021, cuando el total fue de 3.19 billones.
A manera de ejemplo, si tan sólo dos por ciento de las operaciones diarias fuesen condicionadas por comerciantes abusivos al cobro de esa “comisión” o “recargo” por uso de una tarjeta, se afectaría a alrededor de 73 mil usuarios hasta por un importe de más de dos millones 261 mil pesos al día.
Por ello, puntualizó Azar Figueroa, es necesario y urgente tener una ley que brinde certeza a los consumidores, sin permitir prácticas desleales que impacten directamente en el cliente.
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