La reforma eléctrica de AMLO pone en riesgo a 8 plantas solares en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Aguascalientes. La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador complicará la operación de los parques solares ubicados en Aguascalientes, cuyas empresas podría recurrir a arbitrajes internacionales, ya que en la práctica estarían siendo sometidos a una expropiación indirecta.

Por sus altos niveles de irradiación solar, la entidad es propicia para la instalación de los parques fotovoltaicos, de los cuales a la fecha hay ocho en operación, dos más etapas de construcción y otro está en su fase de desarrollo (permisos, trámites). Esto ha traído a la entidad a inversionistas canadienses, chinos, españoles, estadounidenses, franceses e ingleses, además de mexicanos.

Juan Manuel Ávila, presidente estatal de la Coparmex, advirtió que en caso de aprobarse sin mayores modificaciones la reforma eléctrica, en la práctica el Gobierno Federal le estaría negando a estas empresas de plantas solares la posibilidad de operar, por lo cual, podrían denunciar que están siendo objeto de una expropiación indirecta.

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Señaló que la reforma conlleva un cambio en las reglas de operación, mediante el cual los privados quedan en el penúltimo lugar en lo referente al suministro de electricidad a las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que en la práctica van a tener una nula participación, sus ingresos se van a desplomar y perderían su rentabilidad, poniendo en riesgo la inversión que realizaron, en este caso en plantas solares.

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El 22 de junio del 2020, la Cofece argumentó que la política emitida por el gobierno Federal es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

“El instrumento publicado afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”.

“Ello porque la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, detalló la Cofece.

Tomás Dávalos | Organización Editorial Mexicana