Política
Las leyes penales y electorales son necesarias para combatir la violencia de género: Marcela Guerra
Asegura que la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisión no es una concesión, sino un derecho
Ante la mayor participación femenina en la vida pública, la violencia contra las mujeres también ha crecido, por lo que se requieren reformas para definir en las leyes penales y electorales estos tipos de agresión, reconoció la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo.
Al participar en la Cumbre de Presidentas de Cámaras Bajas en París, Francia, la legisladora mexicana afirmó que “la paridad y la participación política de las mujeres en la vida pública del país no es solo conquistar cargos”.
Se trata, dijo, de lo que hacemos en estos cargos para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades, pues “la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisión no es una concesión, es un derecho”.
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Refirió que en México, las mujeres representan más del 50 por ciento de la población, un pilar fundamental para construir sociedades incluyentes, instituciones sólidas y democráticas.
Guerra Castillo participó como oradora en la Mesa de Diálogo: Igualdad y paridad política, empoderamiento del liderazgo femenino en la política en la Cumbre de Presidentas de Cámaras Bajas en París, Francia, ante sus homólogas de diversos países.
Ahí, asentó que superar los obstáculos ha sido posible con la lucha permanente y el activismo, resiliencia y solidaridad de las mujeres de todos los ámbitos, en el impulso de las mejores prácticas y la denuncia de abusos.
“La paridad y la igualdad, para que sean consistentes, deben ser dimensionadas como una garantía constitucional. La Agenda de Igualdad Sustantiva debe ser prioritaria y transversal”, planteó.
La diputada priista admitió que aún se enfrentan barreras que deben ser derribadas como las violencias, los feminicidios, la brecha salarial, la construcción de políticas públicas sin perspectiva de género y la carencia de espacios seguros e igualitarios.
Al hablar ante presidentas de parlamentos de países como Alemania, Bélgica, Sudáfrica, Tanzania, Indonesia, España, Francia y México, entre otros, encabezadas por la presidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Yaël Braun-Pivet, Guerra Castillo relató que, en México, en conjunto con el Tribunal Electoral, se diseñó un procedimiento sancionador, para resolver de manera rápida, los casos en los que se denuncia violencia política contra las mujeres.
“Se establecieron sanciones severas como la pérdida del registro de la candidatura del agresor y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, mencionó.
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Acompañada de las diputadas Marisol García Segura, de Morena, y María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del PAN, Marcela Guerra indicó que, con la paridad consagrada en la Constitución mexicana, en 2023 se avanzó aún más al establecer en la Carta Magna la prohibición para que ninguna persona agresora por violencia familiar, sexual o deudora alimentaria, pueda ocupar cargos de representación popular, ni desempeñarse como funcionario público, reforma conocida como Ley 3 de 3.
Subrayó la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en asegurar la protección de las víctimas por violencia política de género.
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