La incorrecta entrega de documentación e información pública puede constituir una falta administrativa grave: INAI

El incumplimiento de la obligación de hacer una correcta entrega-recepción de documentación e información pública puede constituir una falta administrativa grave, por razón del empleo, cargo o comisión tengan bajo la responsabilidad de los servidores públicos, coincidieron especialistas del INAI.

Por ello, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacaron la importancia de capacitar y profesionalizar a las personas servidoras públicas encargadas de la gestión documental en las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

En la inauguración del Seminario Permanente en materia de Archivos y Gestión Documental, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, sostuvo que de cara al próximo proceso electoral, la capacitación y profesionalización de quienes están involucrados en la gestión documental es clave para asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a la verdad y preservar la memoria histórica.

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“Es importante empezar a trazar esta ruta en donde se preserve la memoria y se preserven los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pero también el derecho a la verdad de todas y de todos”, subrayó ante representantes de instituciones públicas federales, estatales y municipales.

Por su parte, Josefina Román Vergara, coordinadora de la Comisión de Gestión Documental y Archivos del INAI, se refirió al artículo 49, referente al Código de Conducta de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.

Dicha norma establece la obligación de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información, que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad las personas servidoras públicas, así como impedir o evitar su uso divulgación, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, abundó.

“Si no se cumple con lo que se establece en la Ley General de Archivos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en todo el entramado normativo correspondiente a la debida gestión documental y a la obligación de hacer una correcta entrega-recepción, eventualmente, puede llevar al fincamiento de una responsabilidad que constituye una falta grave”, afirmó.

Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó que los procesos de entrega-recepción adquieren un papel relevante al advertir el estado en que la administración saliente deja los asuntos de su competencia y permite aproximar los temas que requieren atención por parte de quien llega, así como determinar posibles responsabilidades.

“Los procesos de entrega del encargo y posterior recepción -por quien sustituye- requieren que se tengan aptitudes sólidas para lograr eficacia, y todo esto va acompañado de la ética y el profesionalismo que se sustentan en conocer los alcances, o bien, las implicaciones de una correcta realización”, planteó.

En tanto, Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), indicó que los archivos, como custodios de la historia administrativa, juegan un papel crucial en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

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Asimismo, en la rendición de cuentas de los gobiernos, aseguran que las transiciones de poder se realicen sin comprometer los logros alcanzados y son, por derecho propio, un bien público, abundó.

En su momento, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, cordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT, resaltó la importancia de los archivos en los procesos de entrega-recepción.

“En todas las administraciones salientes se tiene la obligación de hacer entrega de los documentos, apegándose a los procedimientos establecidos en las leyes, lo que resulta un elemento necesario para la plena tutela y garantía del derecho de acceso a la información”, enfatizó.