Por falta de rastreo, gran parte de los mariscos que comemos son de origen incierto

Los conservacionistas de los océanos como Oceana y Greenpeace señalan la obligación de las compañías de mariscos de detener la pesca ilegal, especialmente porque los mares se están quedando sin peces con más de un tercio de las poblaciones sobreexplotadas, un número que se ha triplicado desde 1974, según la agencia de la ONU que supervisa este sector.

Existen una variedad de leyes aplicables a las cadenas de suministro para evitar que países como Estados Unidos importen bienes prohibidos. Además de las sanciones a países como Corea del Norte, Irán, Venezuela y Rusia, existen también leyes para bloquear productos asociados con el trabajo forzado en prisión, en Corea del Norte, trabajo forzado realizado por uigures o el trabajo forzado infantil.

Lee: La importancia de rastrear la procedencia de los mariscos para prevenir abusos

Sin embargo, estas leyes son especialmente ineficientes con los mariscos porque hay información limitada sobre qué sucede en los buques pesqueros.

Kenneth Kennedy, un exgerente del programa de trabajo forzado incluido en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, dijo que los legisladores estadounidenses y las agencias federales a menudo carecen de la voluntad política para aplicar la mayoría de las leyes contra la esclavitud u otras leyes de seguimiento de productos porque tales investigaciones avanzan de manera muy lenta y complican los acuerdos comerciales internacionales.

Los esfuerzos federales para monitorear los mariscos generalmente han ignorado a la flota china, a pesar de que estos barcos tienen grandes vínculos con crímenes laborales y ambientales. Más del 17 por ciento de las importaciones de mariscos de China fueron capturadas ilegalmente, según datos comerciales de Estados Unidos.

Según un estudio realizado en 2021 por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una organización sin fines de lucro que estudia los impactos del crimen organizado; de las 152 naciones involucradas en actividades de pesca ilegal, China ocupa el primer lugar y Rusia el segundo. En 2020, el Departamento de Trabajo de EU dijo que los calamareros chinos se prestan especialmente para el uso de mano de obra migrante y cautiva.

En 2016, el gobierno de Estados Unidos creó el Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos, que requiere que los importadores mantengan registros detallados de su captura desde el punto de cosecha hasta su entrada en los Estados Unidos. Sin embargo, los calamares no se incluyeron entre las 13 especies de mariscos monitoreadas.

Estas especies fueron elegidas principalmente debido a preocupaciones por la pesca ilegal y el etiquetado fraudulento, no por los derechos humanos y los abusos laborales. En 2021, la NOAA, agencia que supervisa el programa de monitoreo, anunció planes para ampliar el número de especies incluidas en base a nuevos criterios, incluido el hecho de que la flota estuviera asociada al tráfico de personas.

Hoy en día, los funcionarios de aduanas estadounidenses rastrean sólo dos o tres tipos de calamares, según David Pearl, especialista en asuntos exteriores de la NOAA. Esto es un problema, ya que, en realidad, hay entre 30 y 40 especies comerciales. Incluso cuando se mantienen registros de importación, las empresas pueden ocultar sus datos de importación y exportación al público simplemente pidiendo a los reguladores federales una exención, lo que muchas empresas logran.

En los comunicados de prensa, en sus sitios web y en las presentaciones de la Comisión de Seguridad e Intercambio, algunos vendedores de mariscos afirman hacer cumplir las normas que garantizan que sus cadenas de suministro estén libres de toda vinculación con actividades ilegales o abuso.

Pero John Hocevar, gerente de las campañas de los océanos en Greenpeace EE. UU., dijo que los llamados programas de responsabilidad empresaria tienden a ser ineficaces, porque son en gran medida autoimplementados, carecen de supervisión o verificación de terceros, se centran en preocupaciones ambientales y no en los derechos humanos, y típicamente llegan solo hasta las plantas de procesamiento, no a los barcos donde es más probable que ocurran los crímenes.

Según Yozell, del Centro Stimson, incluso saber qué país capturó el pescado es difícil. La ley federal de Estados Unidos requiere que los minoristas informen a los clientes sobre el origen de la mayoría de los tipos de alimentos, pero exime a los mariscos que se procesan en otro país y luego se reexportan. Si el pescado se captura en barcos rusos, pero se procesa en China, se etiqueta como un producto de China.

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Incluso a empresas que reclaman un monitoreo ambiental y laboral se las ha vinculado a buques chinos con indicadores de crímenes y riesgo. Ruggiero Seafood, que dice en su sitio web no vender mariscos capturados ilegalmente, ha sido vinculado a un calamarero que fue encontrado violando las sanciones de la ONU al pescar en aguas norcoreanas en 2019. 

Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, que dice en su sitio web que “nunca, a sabiendas” compra mariscos capturados ilegalmente, ha sido vinculada a un barco chino que pescó ilegalmente en Indonesia en 2020.

Lidl, el supermercado más grande de Europa, cita su compromiso con el abastecimiento responsable bajo el lema “Un mañana mejor”.

Pero Eridanous, la marca propia de calamar de Lidl, se procesa en una planta vinculada al menos a tres compañías pesqueras, cuyos buques tienen un historial de delitos de pesca, incluidas largos apagones de transmisión en las principales pesquerías de calamar en el Pacífico Norte y Sur, pesca ilegal en la zona exclusiva del Perú y extracción de aletas de tiburón.

Ruggiero y Kroger no respondieron a las solicitudes de comentarios. Lidl dijo que se opone a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y que planteó los hallazgos de esta investigación a su proveedor, Zhoushan Xifeng, quien brindó una declaración diciendo que no está involucrada en delitos de pesca.

Muchas de las mayores compañías de mariscos se han unido a un programa de la industria llamado Marine Stewardship Council (MSC) que ofrece garantía de trazabilidad y sostenibilidad. Jackie Marks, portavoz de MSC, dijo que el programa es principalmente para prevenir los delitos ambientales y rastrear de dónde provienen el pescado, no para tratar las preocupaciones laborales que podrían existir sobre los barcos.

El programa no evalúa las condiciones laborales ni realiza inspecciones en buques pesqueros en busca de delitos como el robo de salarios, golpizas, servidumbre por deudas o tráfico de personas. En lugar de ello, el MSC se centra principalmente en determinar si las plantas de procesamiento son higiénicas, si el etiquetado es preciso y si todos los buques y plantas de las cadenas de suministro son identificables.

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Para ser certificadas bajo MSC, las empresas pesqueras y de mariscos tienen que presentar documentos que indiquen que no han sido procesados mediante actividades vinculadas al trabajo forzado o delitos relacionados en los últimos dos años, y las empresas pesqueras deben informar qué medidas toman para prevenir tales delitos.

El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas en casos aislados. En diciembre de 2022, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky contra los directores de dos grandes compañías pesqueras chinas, Dalian Ocean Fishing y Pingtan Marine Enterprise, basadas en acusaciones de trabajo forzado y pesca ilegal por parte de algunos de sus más de 150 barcos.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tiene el deber de detener las importaciones vinculadas al trabajo forzado que ingresa al país, y en los últimos cinco años, la agencia ha redoblado sus esfuerzos.

La agencia ha emitido tales órdenes contra buques palangreros de atún con bandera de Taiwán, pero nunca ha tomado medidas contra los calamareros chinos, a pesar de la evidencia que los incluye entre los peores actores.

Ian Urbina* | El Sol de México

* Este reportaje fue realizado por The Outlaw Ocean Project, organización de periodismo sin ánimo de lucro con sede en Washington DC. Ian Urbina, Joe Galvin, Maya Martin, Susan Ryan, Daniel Murphy y Austin Brush llevaron a cabo el trabajo de investigación y redacción. Este reportaje recibió el apoyo del Pulitzer Center.