Incorruptibles
A dos años del gobierno de Rocha Moya, desplazados del sur de Sinaloa siguen sin casa
Muchas familias desplazadas se asentaron en invasiones o predios irregulares.
Para 2023 el gobierno del estado destinó un presupuesto de 70 millones de pesos para la atención de desplazados por la violencia, de los cuales 15 millones de pesos serían destinados a vivienda; 5 millones para cada zona: norte, centro y sur.
Otra parte se iba a destinar para la compra de terrenos y una más para meter servicios de agua, luz y drenaje y acondicionar terrenos con plataformas.
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La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable lanzó el concurso de “Prototipo de vivienda asequible para familias vulnerables”, este modelo sería otorgado para las familias desplazadas, que por motivo de la violencia han sido obligadas a abandonar sus hogares.
Pero a menos de dos meses de que termine el año no se ha empezado a construir ni una sola vivienda y al menos en el sur, se reasignaron los 5 millones de pesos para la introducción de servicios como agua, drenaje y luz en los predios, señaló Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, pues con ese recurso apenas iba a alcanzar para construir de 15 a 20 casas.
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Demanda
En el puerto hay 55 familias que ya tienen casa propia, las cuales fueron entregadas en el2021 por el gobierno del estado, fundando así el nuevo fraccionamiento CVIVE, desde entonces y a la fecha no se ha construido ni una más.
La demanda de vivienda es de 600 familias en este municipio, 200 en Concordia y 300 en el Rosario.
En este fraccionamiento hay 210 lotes asignados, la mitad ya cuenta con todos los servicios y la otra solo con agua y drenaje, pero solo unas 30 familias están viviendo ahí en condiciones vulnerables con casas de madera y lámina.
Algunas otras han ido construyendo en la medida de sus posibilidades, pues el encarecimiento de los materiales de construcción y las pocas oportunidades de acceder a un crédito de vivienda han dificultado que se hagan de un patrimonio propio.
Hacia el lado del ejido El Castillo hay 360 lotes,pero sin servicios, en Villa Unión había un predio de seis hectáreas para unas 300 familias, aunque se determinó que estos no eran hóspitos al estar en una zona de riesgo de inundación.
En Concordia hay 108 terrenos asignados, pero sin servicios y en Rosario de plano no se tiene nada.
Crece el conformismo
Gutiérrez Sánchez reconoció que con el paso de los años las familias han ido adoptando una actitud de conformismo ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y por obstinarse a seguir viviendo donde se instalaron desde que llegaron a la ciudad.
Muchas familias desplazadas se asentaron en invasiones o predios irregulares, rentaron casas o se fueron de “arrimados” con otros familiares o conocidos, a pesar de las incomodidades de vivir así no se quieren ir, muchos están esperando vivienda.
“¿Vivienda? Ahí está la bronca del maíz. Aquí sí el gobierno federal no le entra, no va a haber vivienda, pero con los eventos que ha habido en Acapulco se tiene que meter recursos a lo emergente“, reconoció.
El temor es que ante el desinterés de la gente en ocupar estos terrenos el gobierno deje de etiquetar presupuesto para la causa.
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Lo que falta
En el fraccionamiento CVIVE falta la introducción de energía eléctrica en la parte alta, así como individualizar las tarifas de agua y luz, pues actualmente son colectivas.
Actualmente, la Sebides trabaja en la construcción de un dispensario médico.
Desplazamiento hormiga
Las cifras más recientes del Sebides indican que en todo el estado hay más de 3 mil 104 familias desplazadas; la mayoría por violencia y el grueso de las víctimas se encuentran en asentamientos irregulares en colonias o comunidades de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Concordia, Guasave Guamúchil, Sinaloa y Choix.
Óscar Loza Ochoa, comisionado de enlace de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, ha señalado que el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia en Sinaloa se ha documentado por lo menos desde el 2009 a la fecha, lapso en el que han ocurrido por lo menos cinco desplazamientos masivos de personas.
De La Embocada, La Guayanera, La Petaca, Copala, Tecomate, Pánuco y Palo Blanco, Concordia, son las principales comunidades de origen de los desplazados del sur del estado.
Recientemente, añadió el líder del MASS, se ha registrado “desplazamiento hormiga” ya no tanto por la violencia, sino por falta de oportunidades en las comunidades, lo que ha obligado a las pocas familias que quedan en estos pueblos serranos a salir de su lugar de origen.
Entre cinco y seis familias han estado llegando semanalmente aunque con menos necesidades y más orientación de a dónde llegar y en qué trabajar.
Poblados como Los Zapotes, El Pueblito, el Sesteadero, El Guamúchil, El Coco y Chirimollos, también en Concordia, se van quedando prácticamente solos
Reciben apoyos sociales
El director de Bienestar Social de Mazatlán, Tonatiu Guerra Martinez, dijo que las familias desplazadas se dividen en dos ramos: los que ya tienen residencia local y los que continúan con categoría de desplazado.
“Están las familias desplazadas que ya tienen residencia local y que ya son habitantes normales de Mazatlán, que son mayoría y están los desplazados que todavía tienen esa categoría, que están esperando ser acomodados en espacios del Gobierno del Estado“, dijo.
Desde la dependencia se les ha estado apoyando con cartas de constancia de domicilio, cartas de dependencia económica, instalación de servicios públicos y han sido beneficiarios de algunos programas de apoyos sociales y el seguimiento de proyectos.
“En Mazatlán hay en situación de desplazamiento mil 800 familias, no dejan de ser a pesar de que viven en Mazatlán, tienen aquí a sus hijos, en escuelas, un trabajo y todo eso”.
“Pero todavía tienen su origen y cada vez que pueden te lo comentan, ellos quieren seguir siendo de allá por cuestiones de sus y costumbres aunque ya estén integrados a la vida urbana y reales, ahorita 600 familias que todavía tienen esa categoría (desplazado)”, explicó.
Aunque también, apuntó, hay desplazados que sí han tenido la capacidad de hacerse de un terreno, una casa y adaptarse, es decir, que no están en situación de pobreza.
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