Las instituciones de Defensa de México tienen alto riesgo de corrupción

México tiene un muy alto riesgo de corrupción en todas sus instituciones de Defensa, dio a conocer Transparencia Internacional (TI), que evalúa al país como el peor calificado en esta materia en Latinoamérica, únicamente después de Venezuela.

En el Índice de Integridad de la Defensa de Gobierno 2020 (GDI), señala que “la supervisión externa de las dependencias de seguridad mexicanas es extremadamente débil y el escrutinio está limitado por los privilegios del secreto de la defensa”.

“Esto se extiende a las adquisiciones y los presupuestos, que generalmente no son transparentes y solo se publicitan parcialmente” resalta el informe, donde agrega que, en paralelo, los marcos anticorrupción son débiles para el personal.

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Para TI, la actual situación de seguridad en México da como resultado un sector de Defensa desequilibrado que recibe considerables recursos y atención política, pero con poco desarrollo y opacidad mecanismos de gobernanza que aumentan significativamente el riesgo de corrupción.

De acuerdo con el organismo, el informe proporciona datos sobre el desempeño de los gobiernos en una variedad de temas de corrupción, que incluyen las operaciones militares y la compraventa de armas, precisa Transparencia Internacional.

El GDI evalúa la existencia, eficacia y aplicación de los controles institucionales en cinco áreas clave de riesgo de corrupción en defensa (Financiera, Operativa, de Personal, Política y de Adquisiciones).

Este informe evalúa a 86 países y les otorga una calificación que se enmarca en una escala con un rango de puntuaciones que van desde la categoría A, de muy bajo riesgo de corrupción, a la categoría F, de riesgo crítico de corrupción.

El 62 por ciento de los países en todas las regiones del mundo han obtenido una calificación de 49/100 o menor, lo que indica que se encuentran dentro de los rangos que van de riesgo alto a riesgo crítico de corrupción en el sector de Defensa.

México fue colocado en general en la categoría E, de muy alto riesgo, y dentro de las cinco divisiones, también mantuvo una calificación reprobatoria. En Política logró categoría D (riesgo elevado); Financiero: D; de Personal: D; Adquisiciones: categoría E (riesgo muy alto); y Operativa: categoría F (riesgo crítico).

El índice señala que el Ejército mexicano es una instituciones estatales menos transparentes y se beneficia de una posición privilegiada que lo exime de los requisitos de presentación de informes, divulgación y transparencia.

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Destaca que las fuerzas armadas están ganando cada vez más influencia bajo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les ha otorgado el control sobre puertos, pasos fronterizos e importantes proyectos de infraestructura.

“Esta profundización de alineación entre el ejecutivo y el ejército podría conducir a una mayor erosión de los poderes de supervisión de la defensa del parlamento y plantean cuestiones importantes en torno al alcance del control civil de las fuerzas armadas”, publicó TI.

En el área más afectada, la Operativa, el organismo resalta que la expansión de actividades de fuerzas armadas ha llevado a abusos generalizados de los derechos humanos, que se aceleraron con la militarización de la Seguridad Pública, además de que no existe un código de comportamiento.

“La impunidad que el personal de Defensa disfruta frente a casos de corrupción indica una debilidad aplicación de las regulaciones anticorrupción”. También menciona que dentro de las instituciones de Defensa, existe poca evidencia de que se fomente la práctica de no recopilar datos sobre denuncias y casos de denunciantes.

Dos áreas que preocupan especialmente a TI son la implicación de estos resultados en las operaciones militares y la corrupción en la compraventa de armas.

Prácticamente todos los países obtienen malos resultados en los controles de la corrupción en operaciones militares.

Presentan un riesgo de alto a crítico de corrupción en sus operaciones militares 81 estados, lo que, para TI, plantea serias dudas para los países que enfrentan amenazas internas, donde la falta de salvaguardias anticorrupción significa que es mucho más probable que las tropas contribuyan al conflicto a que lo sofoquen.

En cuanto a la corrupción en el comercio de armas, el GDI muestra que el 86 por ciento de las exportaciones mundiales de armas entre 2016 y 2020 provienen de países con un riesgo de corrupción de moderado a muy alto en sus sectores de defensa mientras que el 49 por ciento de las importaciones mundiales de armas se destinan a naciones que enfrentan un riesgo de alto a crítico de corrupción en la defensa.

Estos países no permiten que los legisladores, los auditores o la sociedad civil examinen las transacciones de armas, ni proporcionan datos significativos sobre cómo eligen a qué empresas comprar o si hay terceros involucrados, lo que, para TI, deja la puerta abierta al soborno, al derroche de dinero público y a que las armas lleguen a manos de bandas criminales o grupos insurgentes.

Jair Soto | El Sol de México