Colombia es una nación prohibida para los activistas y defensores del medio ambiente

Colombia está convertida en una nación prohibida para los activistas y defensores del medio ambiente y los derechos humanos, en lo que va de este año se han registrado 84 asesinatos de esas personas y más de mil 200 desde que se firmaron los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, en 2016.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó del asesinato, en fin de semana, del líder indígena Luis Picasio Carampaima a manos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo) en el departamento de Chocó.

Indepaz también denunció el asesinato de dos jóvenes en el departamento colombiano de Cauca, una de las regiones con gran población indígena en Colombia, identificados como integrantes de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios (CPPC) y miembros activos del paro nacional contra el gobierno de derecha de Iván Duque.

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Según Indepaz, los jóvenes asesinados fueron identificados la como Yeison Benavides y Camilo Galíndez. Eran participantes activos de las movilizaciones por el paro nacional y miembros de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios CPPC, según el medio Canal 1.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta y advirtió de la presencia de organizaciones armadas, guerrilleras y paramilitares, como facciones de GAO- residuales, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos asesinatos se suman al de un líder de la comunidad indígena del resguardo de Catrú, en Chocó, Picasio, quien fue decapitado.

Picasio pertenecía a la comunidad del resguardo Catrú, en el municipio chocoano de Alto Baudó, y su muerte se produjo este 1 de julio tras la incursión en ese territorio indígena de varios hombres del grupo armado, que lo decapitaron. 

Indepaz advirtió que el crimen podría generar “riesgo de desplazamiento masivo”. Señaló que la Defensoría del Pueblo ya había advertido del riesgo en que se encontraba la comunidad Catrú y otras de la zona “por el accionar de grupos armados ilegales” y había instado a su “protección y atención efectiva y urgente”.

Según el registro de víctimas que contabiliza la organización, con el asesinato de Picasio son 84 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2021, y ya suman 1,202 desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre los “altos niveles de violencia” en Colombia ante los hallazgos de cuerpos desmembrados.

La semana pasada Indepaz comunicó también del asesinato de Danilo Torres, un líder social afrodescendiente del municipio de Magüí Payán, en el departamento de Nariño.

Antes de conocerse la noticia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) había manifestado su “profunda preocupación y alerta” por la seguridad de los liderazgos étnico territoriales en los municipios de Roberto y Maguí Payán, al tiempo que exhortaron al Estado colombiano “a reforzar de manera urgente las medidas de protección”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de Torres y solicitó al Estado colombiano investigar su caso con “debida diligencia” y sancionar a los responsables de los asesinatos de los activistas y defensores colombianos. 

A su vez pidió implementar “un enfoque étnico-racial en las medidas que se adopten, e implementar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país”.
Hace apenas tres semanas Junior Jein, un reconocido cantante de música urbana del Pacífico colombiano, fue asesinado a tiros por dos hombres que lo atacaron en una discoteca de la ciudad de Cali, según autoridades.

Harold Angulo –su nombre de pila– tenía 37 años y era un cantante y activista afrodescendiente que en 2020 había grabado junto a otros artistas la canción Quién los mató, en homenaje a las víctimas de las masacres que han recrudecido en Colombia tras el acuerdo de paz de 2016.

Tanto organizaciones civiles como Indepaz, la ONU y los partidos de la oposición le han pedido en repetidas ocasiones al gobierno de Colombia que dé garantías de seguridad a los líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados que trabajan en las zonas más remotas del país para hacer cumplir el acuerdo de paz y que suelen ser acosados y amenazados por grupos armados ilegales.

Colombia fue considerado en un informe de la ONG Global Witness, en 2020, como uno de los más peligrosos para ser activista y para los defensores, ya que lidera la lista de naciones con mayor número de asesinatos de ambientalistas. 

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La oposición pretende forzar al presidente Iván Duque a radicar nuevamente el Acuerdo de Escazú, un pacto regional sobre asuntos medioambientales que prevé garantizar la implementación de los derechos a la información ambiental, participación pública en toma de decisiones de impacto en el área y acceso a la justicia en el Congreso a partir del próximo 20 de julio, cuando iniciará el nuevo período de sesiones parlamentarias.