En defensa del debido proceso en México

En México, cuando se logra la aprehensión de un presunto delincuente frecuentemente sale libre a las pocas horas al acreditarse que se cometieron faltas en el debido proceso.

Con justa razón, esto causa frustración e indignación entre la sociedad y la opinión pública.

Es común escuchar tres propuestas para solucionar este problema:

1. Que se modifiquen las leyes para retirar diversas garantías procesales y, así, facilitar el trabajo de los cuerpos policiales, el Ministerio Público y las fiscalías.

2. Que se reforme la legislación federal y local para hacer los códigos penales más draconianos, duros e inflexibles.

3. Que se cambien ciertos tipos penales para que sean menos específicos, con el objetivo de que sea más sencillo para las autoridades acreditar la comisión de un delito.

Las primeras dos propuestas menoscaban el principio de presunción de inocencia, ya que se promueve que los presuntos criminales dejen de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario y pasen a ser culpables a menos que logren comprobar su inocencia de manera irrefutable.

La tercera propuesta es peligrosa. Los tipos penales responden a realidades sociales concretas y, a veces, desgarradoras.

Modificar o derogar esos tipos penales es sinónimo de no reconocer dichas realidades. Por ejemplo, el fiscal general Alejandro Gertz propuso derogar el delito de feminicidio del Código Penal Federal y, en su lugar, establecer que las motivaciones de género para cometer un asesinato sean un agravante del delito de homicidio.

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El tipo penal de feminicidio se estableció a razón de la atroz violencia machista que sufren las mujeres en México. Derogarlo es no reconocer que existe esta realidad. Lo mismo podría decirse de algunos otros delitos.

Además, la especificad de los tipos penales contribuye a que no haya detenciones arbitrarias o arrestos infundados y brinda certeza jurídica a los ciudadanos.

La premisa detrás de las tres propuestas que se mencionaron es que la legislación penal otorga demasiadas garantías a los presuntos delincuentes, lo que los verdaderos criminales aprovechan para usar las leyes a su favor y conseguir su libertad argumentando fallas en el debido proceso.

Las tres propuestas también se fundamentan en la idea de que los jueces que ordenan la libertad de los criminales por fallas en el debido proceso son corruptos o están cooptados por el narcotráfico.

Coincido en que la enorme corrupción dentro de nuestro sistema judicial deriva en la liberación de muchos miembros del crimen organizado, pero esto no es razón suficiente para promulgar reformas regresivas que establezcan un sistema penal draconiano y retiren las garantías para los ciudadanos que presuntamente cometieron delitos.

De por sí se perpetran una gran cantidad de injusticias en contra de la población más vulnerable, la cual puede pasar meses encarcelada sin haber sido juzgada, los abusos policiales están a la orden del día en las colonias urbanas populares o en las comunidades rurales y la tasa de detenciones arbitrarias es altísima en todo el país.

Si la legislación nos ofrece una amplia gama de garantías y aun así se cometen todas estas tropelías, entonces no quiero ni imaginar qué ocurriría si el carácter garantista de la ley desapareciera.

En general, la corrupción de los jueces beneficia a las grandes organizaciones criminales o a empresarios y políticos destacados involucrados en problemas legales. Es decir, a la gente que tiene el dinero y los recursos para operar redes de corrupción dentro del sistema de justicia.

Los ciudadanos de a pie no tienen acceso a estas corruptelas, menos aún los más pobres. Por el contrario, las garantías de un proceso legal justo (que, por cierto, pocas veces se aplican a cabalidad) son la única salvaguarda que tienen estos grupos frente a la autoridad.

En ese sentido, la reciente propuesta de reforma al sistema de justicia del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, es un paso hacia delante para combatir la corrupción, garantizar el derecho a un juicio justo y el acceso a un representante legal a la población más vulnerable.

Sin embargo, las propuestas para endurecer la legislación penal y hacer más laxos los tipos penales van en sentido opuesto a la reforma promovida por Zaldívar: lejos de garantizar una mejor impartición de justicia, legitimarían los atropellos de las autoridades.

En suma, lo que se necesita no es hacer más propicias las condiciones para que las autoridades puedan detener, encarcelar y declarar culpables a los ciudadanos a su antojo.

Además de combatir la corrupción en el sistema judicial, lo que se necesita es capacitar a las autoridades (policías, fiscalías y Ministerio Público) para que, al realizar sus labores (desde la investigación hasta la detención de los criminales), cumplan con todos los lineamientos que exige la ley para garantizar el debido proceso y, aun habiendo otorgado esas garantías, sean capaces de acreditar la comisión de un delito ante un juez. Así funciona la justicia en los países democráticos.

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En términos llanos, las garantías procesales son: que los policías no puedan entrar a tu casa sin una orden de cateo, que un juez no pueda tomar como evidencia una confesión que te arrancaron a base de torturas u otros métodos coercitivos, que tengas derecho a un abogado y, si no tienes la solvencia económica para pagarlo, el Estado te debe proveer uno, entre otras.

Si algún día, por la razón que sea, nos vemos involucrados en un problema legal, todos queremos tener estas condiciones. Las autoridades deben ser capaces de otorgar estas garantías al tiempo de combatir el crimen. Eso es el Estado de Derecho.

Por: Jacques Coste Cacho