La entrega de la concesión del Viaducto Bicentenario se hizo de manera ilegal y provocó un saqueo de 8 mil mdp: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que la concesión otorgada a la empresa Viaducto Bicentenario. en el año 2008 por el Gobierno de México es “absolutamente ilegal y nula”.

Este pronunciamiento abre la puerta a una serie de acciones legales por parte de la FGR para revertir esta situación, que ha sido descrita como un atropello a la justicia y una defensa de los bienes nacionales.

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Durante una audiencia reciente, el caso tomó un giro aún más polémico debido a la actuación del Juez Daniel Ramírez Peña. Según reportes, el juez emitió una opinión pública y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano antes de escuchar todas las pruebas y argumentos, una acción que ha levantado grandes preocupaciones sobre la imparcialidad y justicia del proceso.

En respuesta, la Representación Social de la Federación lo recusó inmediatamente por considerar que había incurrido en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto.

Adicionalmente, se anunció que se iniciará el juicio correspondiente contra el juez, independientemente de los recursos que la ley permite en este caso.

El núcleo del problema radica en el delito de explotación de un bien de la Nación, específicamente sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta explotación ilegal ha permitido, según la FGR, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por parte de un particular, con la complicidad del Gobierno del Estado de México, sin que la Federación haya recibido compensación alguna en los últimos quince años por la explotación de este bien que es propiedad de la Nación.

Este caso no sólo destaca por el monto económico en juego, sino también por lo que representa en términos de legalidad y justicia administrativa en México.

La decisión de la FGR de impugnar la concesión y buscar reparar lo que considera un atropello a los bienes nacionales, pone de relieve la importancia de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en la administración de los recursos y bienes del país.

La controversia en torno a la concesión del Viaducto Bicentenario también plantea preguntas más amplias sobre el proceso de otorgamiento de concesiones en México.

Mientras la FGR se prepara para emprender todas las acciones legales necesarias, el caso promete continuar siendo un foco de atención pública y debate legal.

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