Trump quiere destruir el Acuerdo Flores que protege a niños migrantes

El gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, presentó el pasado viernes un escrito ante la Corte de apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco (California), que busca desmantelar el Acuerdo Flores, que protege a menores indocumentados de detenciones prolongadas.

En el documento  –al que tuvo acceso la agencia EFE–, la Fiscalía General del Estado alega que, entre otros motivos, el pacto firmado en 1997, que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, entre otras garantías, está “desactualizado” y no refleja unas “circunstancias dramáticamente diferentes”.

El gobierno indica que se ha registrado un “aumento masivo en la migración familiar” y hay “nuevas regulaciones” sobre la custodia y cuidado de menores en custodia de Inmigración, que garantizan, en su opinión su bienestar.

“El interés público ya no justifica que se gran parte del sistema de inmigración funcione en conformidad con un acuerdo de hace 23 años que, según sus términos, pretendía ser temporal”, indica el escrito.

El Acuerdo Flores, que el gobierno pretende esquivar, deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Su caso levantó una larga batalla judicial que estableció unas reglas para garantizar los derechos de los menores llegados por la frontera.

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El pacto establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

Tras varios años de litigio se llegó a un acuerdo en 1997 con el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).

El caso llegó a la Corte de apelaciones del Noveno Circuito después de que la jueza Dolly M. Gee, del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles, decidió en septiembre pasado bloquear el plan del gobierno del presidente Trump de mantener detenidos más tiempo del permitido a familias y niños migrantes.

El plan del gobierno, anunciado en agosto pasado, buscaba poner fin a las disposiciones del Acuerdo Flores, alegando que el pacto “originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años”, pero se ha ido prorrogando sin que las administraciones anteriores adoptaran una regla definitiva.

Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis (UC Davis), una de las abogadas relacionadas al caso, dijo a la agencia española que confían en que la Corte de apelaciones concuerde con la jueza Gee y mantenga las provisiones que defienden a los menores migrantes.

Cooper indicó que esperan una decisión “muy pronto” de la corte de apelaciones, que llegará después de que ellos presenten su escrito ante el tribunal.

Tienen como fecha límite para hacerlo el 21 de enero próximo y contarán con el apoyo, entre otros, de la Academia Estadounidense de Pediatría, que afirmará que la medida que pretenden implantar el Gobierno es “dañina para los niños y no debe ser implementada”.

Con medidas como la que está en cuestión ahora en la corte de apelaciones, la Casa Blanca intenta reducir al mínimo la llegada a la frontera sur del país de menores no acompañados de un adulto así como de familias.

Por lo pronto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos descartó “falta” o “mala actuación” en los hechos que rodearon la muerte, en diciembre del año pasado, de dos niños inmigrantes guatemaltecos que permanecían bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

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Jakelin Caal, de siete años, y Felipe Gómez, de ocho, murieron el 8 y el 25 de diciembre de 2018, respectivamente, luego de haber sido detenidos junto a sus padres en territorio estadounidense.

En el pasado año fiscal, que concluyó el pasado 30 de septiembre, las autoridades migratorias se hicieron cargo de 76,020 niños que llegaron sin la compañía de un adulto y de 473,682 que lo hicieron en unidades familiares (que definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal).

En este sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en agosto pasado que “una vez más, el presidente Trump está haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos y está utilizando niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica”.

Mientras, grandes compañías hoteleras del país siguen permitiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que albergue a menores detenidos indocumentados en sus habitaciones.

Al menos 17 jóvenes migrantes fueron retenidos temporalmente por ICE en hoteles en agosto y septiembre, según datos oficiales  proporcionados al abogado Carlos Holguín.