Un grupo de senadores pide fortalecer los programas de prevención del suicidio

El suicidio es un problema de salud pública que puede prevenirse si se aborda de manera oportuna, por lo que las y los senadores de la República destacaron la necesidad de impulsar y reforzar las estrategias de intervención pública en materia de salud mental. 

Por ello, el Pleno del Senado exhortó a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) y a los servicios de apoyo psicológico y emocional que brindan las instituciones públicas a la población, para que fortalezcan las estrategias y programas en materia de concientización y prevención del suicidio. 

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En un dictamen aprobado por la Asamblea, también solicitaron que se refuercen las campañas de difusión acerca de los servicios telefónicos de apoyo psicológico que están a disposición de las personas. 

Además, exhortaron a la Secretaría de Salud y a la de Educación Pública (SEP), así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que refuercen sus talleres, programas y campañas en centros escolares, en materia de concientización y prevención. 

Aunado a ello, los senadores le hicieron un llamado a la SEP, para que refuerce las pláticas dirigidas a padres de familia, docentes y estudiantes, con el fin de identificar posibles señales alarmantes que ayuden a prevenir el suicidio; y que implementen la Guía de Prevención del Suicidio 2022, que emitió la Secretaría de Salud. 

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Refirieron que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el suicidio se ha convertido en un grave problema de salud pública que ha ido al alza en México, ya que en 2017, la tasa de suicidios fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes, es decir seis mil 494; mientras que para 2022 fue de 6.3 por cada 100 mil habitantes, lo que representa ocho mil 123. 

Precisaron que las estadísticas sobre el suicidio en México, evidencian que esta problemática afecta en mayor proporción a un sector de la población que se encuentra entre los 15 y 29 años; sin embargo, las políticas para su prevención están dirigidas a la población general puesto que en todos los grupos etarios se identifican casos de personas afectadas. 

Por tal motivo, los legisladores consideran que es fundamental impulsar y reforzar medidas que garanticen la promoción, protección y atención de la salud mental de la población. 

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