La cadena de suministro de litio es clave para detonar la industria automotriz en México, Estados Unidos y Canadá

Para asegurar una cadena de suministro del litio en Norteamérica, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es fundamental promover una alianza en la región en la cual predominen iniciativas innovadoras y responsables en beneficio de las comunidades de los tres países.

El investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), José María Ramos García, sostuvo para incentivar la exploración del litio bajo una responsabilidad compartida, se requieren inversiones, energía sustentable y desarrollo comunitario.

Mencionó que en tres años, los vehículos fabricados en México, Estados Unidos y Canadá, deberán tener al menos un 75 por ciento de sus componentes producidos bajo el T-MEC, con la finalidad de comercializar libres de aranceles. Y el futuro de la industria de los autos eléctricos como una opción al uso de los combustibles fósiles se vincula con las baterías de litio.

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Expuso que la apuesta se asocia a los efectos del cambio climático y al reemplazo progresivo de los combustibles fósiles como parte de una política energética sustentable.

Para ello, consideró el académico de El ColeF, es estratégico promover un eficaz liderazgo gubernamental, un marco regulatorio claro, una colaboración público-privada transparente y acciones transversales en investigación, desarrollo y gestión del conocimiento, evitando prácticas anticorrupción.

Afirmó que la “sostenibilidad de la relación México-EU en el presente y futuro inmediato, estará sujeta a gestionar la asimetría y la interdependencia mediante una eficaz gobernanza que impacte en beneficio de las sociedades y reduzca las desigualdades”.

Comentó que la actual coyuntura de la relación bilateral se caracteriza por algunas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, en especial respecto a la propuesta de reforma energética del gobierno de México, que abonan a la necesidad de comprender las prioridades mexicanas: la soberanía, autosuficiencia energética, interés público, combate a la corrupción, transparencia y estado de derecho.

Esta agenda plantea espacios de diálogo y diferencias que forman parte de un nuevo período en la relación con Estados Unidos. Y el reto es llegar a acuerdos en función de las prioridades nacionales con respeto a los niveles de desarrollo diferenciados y según el estado de derecho: legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

“La posición mexicana pretende disminuir la asimetría con una política de defensa de la soberanía en materia de seguridad energética. Es una situación casi similar al contexto de la nacionalización de la industria en el año de 1960”.

Y un reto del gobierno estadounidense es entender el cambio en las prioridades de la agenda mexicana sobre la base de que se puede plantear una interdependencia asimétrica con respecto a principios básicos de soberanía, interés nacional e impacto social.

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Esto permitiría continuar el avance en el proceso de integración comercial, pero también en un mayor bienestar en la sociedad mexicana, señaló.

Ramos García expuso que “el desafío bilateral es gestionar la interdependencia asimétrica según los problemas compartidos y las prioridades de crecimiento y desarrollo de cada país”.

Particularmente, abundó, considerar las propuestas planteadas en la Cumbre de Líderes de América del Norte, del pasado 18 de noviembre de 2021, en donde se acordó definir las industrias esenciales para minimizar las interrupciones futuras.

Y que la región necesita cadenas de suministro resilientes, sostenibles, diversas y seguras para gestionar una seguridad económica.

Una estrategia prioritaria para el gobierno estadounidense, es acelerar la transición al transporte sostenible, lo que incluye la fabricación de vehículos eléctricos.

Consideró el académico de El ColeF, que el reto de la agenda bilateral será la definición de acuerdos con respeto a las prioridades nacionales de cada país.

Desde la perspectiva del gobierno estadounidense que plantea que los proyectos y contratos existentes de proveedores de energía renovable en el país, representan una base sólida para el desarrollo del futuro de la energía limpia de América del Norte.

Señaló que John Kerry, enviado presidencial especial del gobierno de Estados Unidos para el Clima y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, plantearon las preocupaciones sobre la propuesta energética del Ejecutivo mexicano:

Tanto la enmienda constitucional y los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica. En particular enfatizaron la violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC, lo que en la perspectiva estadounidense, pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en México y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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Señaló que el Ejecutivo federal mexicano también envió a mediados de este abril, una iniciativa de reforma a la Ley Minera para declarar como “de utilidad pública” la exploración y explotación del litio y prohibir el otorgamiento de concesiones o permisos a empresas privadas”.

Bertha Becerra | El Sol de México