Hackers van prisión por intervenir celular de ministro que encarceló a Lula

La policía federal de Brasil presentó cargos contra seis personas sospechosas de piratear los teléfonos celulares de varias autoridades, entre ellas el ministro de Justicia del país, Sergio Moro, y algunos fiscales de la operación Lava Jato.

El ministro Moro se había convertido en el símbolo definitivo de la justicia brasileña. fue el juez que dirigió la operación Lava Jato, la investigación judicial que reveló una red de corrupción sistémica entre empresarios y políticos, resaltó en un artículo de The New York Times.

El diario neoyorquino dice que esa investigación ha condenado a 159 personas y ha tenido repercusiones en casi toda la región: seis ex presidentes latinoamericanos han sido condenados por casos de corrupción, entre ellos el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los procesados está Walter Delgatti Neto, señalado como uno de los principales articuladores del pirateo de los móviles de diversas autoridades, sobre todo de los fiscales de la Lava Jato y de Sergio Moro, cuando aún ejercía como juez en primera instancia de esa vasta operación anticorrupción.

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Delgatti admitió en una declaración ante la policía haber accedido a las cuentas particulares de los fiscales jefes de la Lava Jato en la aplicación de mensajería Telegram, pero también a las de “centenares” de otros procuradores, jueces, comisarios y periodistas.

Delgatti Neto resaltó ser un votante arrepentido del mandatario de ultraderecha. “Hice campaña para Jair Bolsonaro y me arrepentí después”, comentó citado por Veja.

Las filtraciones de ese pirateo causaron impacto por mostrar afinidades políticas del entonces juez Moro y el equipo de fiscales a cargo de las investigaciones. El hoy ministro de Justicia niega la veracidad de los mensajes, pero declaraciones de otros involucrados tienden a confirmar el material.

En la entrevista con Veja, Delgatti sostuvo que el grupo que lideraba también invadió los teléfonos del general Walter Braga Neto, actual jefe del Estado mayor del Ejército, y de la ex presidenta del Supremo Tribunal de Federal, Carmen Lúcia.

La Policía confirmó que las investigaciones “fueron concluidas” y “remitidas a la Justicia Federal de Brasilia” para seguir el trámite del caso, que está bajo secreto de sumario.

Los investigadores consideraron que hay “indicios” de que los acusados cometieron varios delitos, como asociación ilícita e interceptación de comunicación telemática.

Los seis individuos implicados ya se encuentran detenidos en Brasilia, después de que la policía llevara a cabo operativos entre julio y septiembre para “desarticular una organización criminal que practicaba delitos cibernéticos”.

De acuerdo a las autoridades, las actividades ilícitas del grupo, que incluían estafa y fraudes bancarios, entre otros tipos de delitos cibernéticos, podrían haber afectado a unas mil personas.

En la declaración, Delgatti también explicó que pasó los mensajes “sin ningún tipo de edición” al portal The Intercept Brasil, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald y que publicó una serie de reportajes que puso contra las cuerdas la conducta de Moro cuando todavía era juez.

Muchos de los diálogos filtrados por The Intercept Brasil cuestionan la imparcialidad del hoy ex juez en sus acciones en la Lava Jato, como los juicios contra Lula da Silva, condenado dos veces y quien pasó un año y siete meses en la cárcel por corrupción.

Tras los reportajes, Moro, quien en 2017 dictaminó una pena de nueve años y seis meses de prisión a Lula por corrupción tras dar por probado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS, llegó a ser citado a esclarecer las acusaciones ante el Senado.

En ese momento, el ministro Moro denunció que un “grupo criminal” pretendía “atacar” a “las instituciones” y sobre todo a la “lucha contra la corrupción” que él encarnó como juez.

Asimismo, negó que hubiera acordado acciones de la Lava Jato con los fiscales del Ministerio Público, aunque admitió que conversaba con ellos sobre la marcha de los procesos, y dijo que también lo hacía con los abogados responsables de la defensa de todos los “centenares” de acusados.

“Eso es normal en la tradición jurídica de Brasil y de otros países”, expresó en aquel entonces el ahora ministro.

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Nuevas investigaciones

La Policía Federal y la Oficina del Fiscal Federal iniciaron el pasado miércoles una nueva fase de la operación Lava Jato para ampliar las investigaciones sobre los contratos de embarcaciones cerradas por Petrobras por más de 6 mil millones de reales (1.475 millones de dólares), por sospechas de corrupción y soborno a favor de Maersk, Tide Maritime y Ferchem, dijeron las autoridades.

El grupo de trabajo Lava Jato investiga presuntos sobornos de al menos 3.4 millones de dólares debido a 11 contratos de Maersk con Petrobras por un total de $592 millones de reales (145 millones de dólares).

También se están investigando los contratos de flete celebrados por Petrobras con la intermediación de Tide Maritime y Ferchem, que se incluyen en los contratos vigentes después de 2020 en montos globales que exceden los 100 millones de dólares.