Amnistía para opositor a gasoducto de IEnova preso en Sonora

Por Astrid Arellano

Sonora. Fidencio Aldama Pérez, yaqui a quien se le adjudicó un homicidio y fue encarcelado en 2016 en medio del conflicto por la instalación de un gasoducto en territorio de la etnia, podría resultar libre próximamente, pues su caso, entre algunos otros considerados como presos políticos, es revisado por Presidencia de la República.

En diciembre de 2018, la senadora por Morena Nestora Salgado, entregó una lista con los nombres de 19 mujeres y 180 hombres al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con el objetivo de que sea remitida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y estas personas detenidas de manera arbitraria, acusadas por delitos como homicidio, delincuencia organizada y secuestro, sean liberadas como parte de la amnistía propuesta desde la campaña.

Carmen García, esposa de Aldama, afirmó en entrevista para Cobertura 360, que el caso se encuentra en gestiones para lograr la liberación, pese a que ha sido un proceso lento, según le notificaron al abogado que los representa.

“Le reiteraron lo mismo, que ya van a va a ver su caso y, lo malo, es que está entre 33 casos más aparte del suyo que, se supone, son casos prioritarios, pero no tenemos tiempo estimado para su liberación”

carmen garcía, esposa de fidencio aldama

El encarcelamiento de Fidencio Aldama se dio en el contexto de la oposición de Loma de Bácum -uno de los ocho pueblos yaquis- a la construcción del gasoducto de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), un megaproyecto de 835 kilómetros que atravesaría el territorio del pueblo indígena sonorense y del que sus habitantes temen que provoque explosiones que pongan en riesgo a la comunidad y a su territorio.  

El 21 de octubre de 2016, cuando buena parte del pueblo se encontraba dentro de una asamblea, ocurrió un enfrentamiento entre yaquis a favor y en contra del gasoducto, hubo piedras, machetes y balazos, ahí resultó muerto Cruz Buitimea Piña, hubo tres heridos y 12 carros incendiados.

Aldama Pérez era parte de la guardia de vigilancia de Loma de Bácum, por lo que estaba armado con una pistola calibre 45 en ese momento, sin embargo, no coincidió con el calibre del arma que dio muerte a Buitimea, que era 22. Sin embargo, Fidencio fue detenido seis días después y ahora purga una condena de 15 años y seis meses de prisión, además de una multa de 75 mil pesos.

El caso de Fidencio, aseguró Carmen, está plagado de irregularidades.

“No le hicieron ninguna prueba, ni de balística ni de la pólvora en sus manos, con la justificación de que no había material para ninguna prueba, hubo testigos que miraron el calibre del arma que traía y esos no los hicieron valer en las declaraciones”

CARMEN GARCÍA, ESPOSA DE FIDENCIO ALDAMA

La esposa y hermanas de Cruz Buitimea declararon en juicio a favor de Fidencio, pero tampoco fueron tomadas en cuenta. También hubo un testigo que observó quién sí asesinó a Cruz, quien igualmente fue ignorado.

“Los que declararon en contra de él lo tienen ahí encerrado, pero también el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, porque ella se aferra a que pongan un gasoducto que nosotros no queremos y, para presionarnos, ahí tiene a Fidencio, encarcelado”, sostuvo.

Para la familia, los dos años y siete meses sin Fidencio, han sido sumamente difíciles.

“Estamos batallando, económica y sentimentalmente, más mis hijos”, concluyó Carmen, “mi niño, el más chiquito, cumple años el 11 de julio y yo le preguntaba que si quería que le hiciéramos una fiesta y me contestó: Quiero a mi papá libre, no quiero fiesta, quiero a mi papi aquí”.

Anabela Carlón, abogada y defensora de la Tribu Yaqui, dijo en entrevista para Cobertura 360 que la obra del gasoducto está suspendida debido al amparo solicitado en 2016, proceso legal que, actualmente, se encuentra en su última etapa.

“La empresa, a pesar del amparo, siguió trabajando, siempre negó haber violado la suspensión que nos había otorgado el amparo, siempre alegó que no estaba violando la suspensión, pero estaba trabajando y, al mismo tiempo, estaba pidiendo el sobreseimiento del caso o que se dijera al final que el hecho estaba consumado”.

En este momento, sólo se espera la resolución de la jueza del Séptimo Distrito, sostuvo.

“A nosotros, como tribu yaqui, nos querían pagar 7.5 millones de pesos por servidumbre de paso en 30 años”, explicó, “eso no nos pareció, además de que, después de eso, la empresa podría vender la infraestructura sin consultarnos”.

Las promesas al pueblo, igual que con cualquier megaproyecto, fueron el otorgamiento de becas, viviendas, el desarrollo social y “dejar de ser pobres”.

“Nos ofrecen servicios sociales a los que ya tenemos derecho sin necesidad de cambiarlos por un gasoducto”, aseveró, “somos yaquis, pero no somos tontos, esa es obligación del Estado”.

Las próximas acciones de la etnia en torno al conflicto, corresponderán a la sentencia que se emita, pero aseguró que el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Ya está en la Corte Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación también; hemos llevado nuestras denuncias a otras instancias, como la ONU y esperamos que esto mejore. Nosotros, como pueblo yaqui, no vamos a estar dispuestos a perder el territorio para que unas cuantas personas hagan negocio”

 

anabela carlón, abogada