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Congreso de Baja California pone en riesgo la democracia en México: Coparmex
A 58 días de la reforma al marco legal de Baja California, los integrantes del Congreso ponen en riesgo a democracia y paralizan los trabajos legislativos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó como una “ilegalidad histórica” la actuación del Congreso de Baja California al ampliar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, porque “pone en riesgo la democracia en México”.
“Dichas acciones legislativas fueron dictadas en contravención a los principios de certeza electoral, irretroactividad de la ley, de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante sufragio”, advirtió Coparmex de esta entidad.
Recordó que los integrantes del Congreso local modificaron el periodo de gestión 37 días después, “mediante una sorprendente reforma a la Constitución del estado de Baja California el día 8 de julio de 2019”. Eso pone en riesgo la democracia en México.
Reveló que a 58 días de que esta reforma al marco legal de Baja California, los integrantes del Congreso han generado una parálisis legislativa, que lleva a los ciudadanos a estar “impedidos para ejercer los medios de impugnación que el propio sistema jurídico mexicano pone a su alcance”.
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“Es una clara omisión legislativa irresponsable y ausente de respeto al voto de los bajacalifornianos que los eligieron para hacer valer y defender la misma Constitución que están permitiendo que sea amenazada”, expresaron.
Hicieron énfasis en que el método de la consulta popular “no tiene validez legal en materia electoral, expresando claramente por la Ley de Participación Ciudadana del estado de baja California”.
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“Será un ejercicio simplemente inútil y una perdida de tiempo de índole jurídico que sólo puede resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, advirtió el organismo empresaria del Baja California.
Por estos motivos, hicieron un llamado a los legisladores bajacalifornianos, en particular a su presidente, para que “sin mayor dilación”, continúen con el trabajo legislativo que, de no hacerlo, “o dejarlo en manos de una consulta financiada por particulares sin validez legal, representa un agravio al sistema democrático mexicano”.
Por Redacción
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