El alza de impuestos ambientales en el Estado de México y San Luis Potosí tiene tintes recaudatorios: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la propuesta que los gobiernos del Estado de México y de San Luis Potosí enviaron a sus respectivos congresos para aumentar los impuestos en materia ambiental es excesiva, injustificada y con tintes recaudatorios.

“Lo que nos preocupa como Coparmex, pues los ingresos generados por estos gravámenes no están adecuadamente asignados a acciones de mitigación, y no se garantiza que su uso cumpla con criterios de transparencia y rendición de cuentas”, expuso.

Consideró que así como están planteados no es posible identificar un beneficio ambiental o social, “lo que sugiere que su propósito puede ser exclusivamente recaudatorio, además de que no se han demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de estos impuestos en ambas entidades”.

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El organismo señala que aunque las iniciativas mencionan supuestas ventajas y su impacto en la población más desprotegida, los impuestos propuestos no están específicamente asignados en las Leyes de Ingresos o Hacienda.

Como resultado, apuntó, no se puede asegurar que hayan sido o serán destinados para promover un medio ambiente saludable o el bienestar público, lo que desvirtúa su supuesto propósito original.

Aseguró que estos impuestos contradicen la legislación federal, específicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que los instrumentos económicos de carácter fiscal deben incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y no establecerse con fines exclusivamente recaudatorios, según su artículo 22, segundo párrafo.

En ese sentido, subrayó que la Coparmex respalda el Modelo de Desarrollo Inclusivo, que aboga por un crecimiento económico en armonía con la justicia social y la preservación del medio ambiente.

“Aunque nuestras empresas socias ya implementan acciones a favor de la economía circular y la reducción de emisiones, estos nuevos impuestos desincentivan la inversión nacional y extranjera, afectando la atracción del país y desaprovechando las oportunidades del fenómeno de relocalización de empresas, conocido como nearshoring”, subrayó.

La Coparmex afirmó la propuesta carece de fuentes técnicas que respalden el cálculo de los montos propuestos, generando dudas sobre su proporcionalidad, y expuso que los nuevos impuestos ambientales deben ir acompañados, al menos, de incentivos fiscales y administrativos que reduzcan el pago en función de las acciones pasadas o presentes para incorporar tecnologías avanzadas que minimicen las emisiones contaminantes.

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En el caso del Estado de México, indicó que hay un aumento desproporcionado, elevando el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera de 43 a 100 pesos por tonelada de dióxido de carbono equivalente (ton CO2e), que representa un incremento de 132 por ciento.

Respecto a San Luis Potosí, señaló que la propuesta de gravar el ciento por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) contradice las políticas nacionales e internacionales.

Además, añadió, va en contra de la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que convertiría al estado en la segunda entidad del país con el gravamen más alto de un solo golpe.

Ante ello, exhortó a los gobiernos y Congresos de esos estados priorizar el diálogo y generar mesas de trabajo con el sector empresarial. Es imperativo que medidas de alto impacto social, ambiental y económico como estas se basen en el consenso y la racionalidad.

El organismo consideró que se requieren acciones integrales, no solo impuestos, para establecer una verdadera política pública en materia ambiental.

Las cargas fiscales, sin incentivos y acciones complementarias, perjudicarán principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, y en última instancia, a los ciudadanos, puntualizó.