Negocios
Los importadores de hidrocarburos están más preocupados por cumplir con el decreto antihuachicol: Santamarina y Steta
Al mismo tiempo, se abandonan las medidas de vigilancia que sí pueden ser efectivas contra el huachicoleo
Con el reciente decreto de restricción temporal para la importación de hidrocarburos, conocido como antihuachicol, representa menos tiempo para que los importadores realicen sus trámites y mayor preocupación, por lo que se esperaría un panorama de parálisis y amparos, dado que la propia autoridad no podrá cumplir con sus propios tiempos.
Así lo expuso Norma Álvarez, abogada experta en Derecho Energético y Regulatorio, de Sustentabilidad e Infraestructura de la firma legal Santamarina y Steta, quien describió las complicaciones para los importadores de 68 productos, a causa del decreto.
“Si bien es cierto que el decreto y las disposiciones reglamentarias buscan prevenir el tráfico ilícito de hidrocarburos, la forma en que lo hacen no es la adecuada porque le están sobrecargando al permisionario con obligaciones que no necesariamente van a traducirse en el abatimiento de robos y otros actos ilícitos”, dijo.
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Explicó que la preocupación radica en que quienes tienen autorización temporal tendrán vencimientos que oscilan entre finales de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024, con una ventana de 12 días para obtener sus nuevos permisos, los cuales ya serán exigibles el 19 de diciembre.
En esas circunstancias, apuntó la especialista, existe una amenaza real para detener sus operaciones, sin contar con que, según el decreto y disposiciones anexas, deberán cubrirse los requisitos que establezcan otras instancias.
Entre dichas instancias, mencionó las secretarías de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, la Agencia Nacional de Aduanas, la Comisión Reguladora de Energía; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), que hasta el momento no se han dado a conocer.
Para colmo, subrayó la especialista, sendas dependencias ya anunciaron la suspensión de labores para el 21 de diciembre y “esta ventana tan corta entre la presentación de solicitudes y resoluciones de autoridades perfilan un lapso importante de suspensión y puede generar un problema que va a suscitarse en las aduanas”.
Norma Álvarez indicó que una parte del decreto en la que la Sener puede solicitar en cualquier momento a cualquier dependencia o tercero, información relativa a la cadena de valor del petrolífero que se va a importar, así como del solicitante, para determinar si se otorga el permiso.
“El problema es que cualquier tercero puede opinar sin que necesariamente tenga toda la información del permisionario, lo cual afecta directamente el principio de legalidad y de certeza jurídica.
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Cualquiera puede opinar sin estar informado de la actividad e influir en una negación del permiso. Consultas como estas ya afectan la parte eléctrica. Lo vemos con gran preocupación, porque esta presión puede llevar a una lluvia de amparos y a la judicialización, como está ocurriendo en el sector eléctrico”, dijo.
La experta de Santamarina y Steta mencionó también la negativa ficta, establecida en el acuerdo complementario, que consiste en que si la autoridad no resuelve en el tiempo fijado, se confirma la negativa.
“Se puede volver a solicitar el permiso, pero el permisionario obtiene la negativa ficta sin enterarse. Esta disposición genera más incertidumbre y retrasos en trámites con consecuencias que pueden resultar muy graves para la industria y el abastecimiento”, advirtió.
Puntualizó que es lamentable la sobrerregulación a los importadores que ya cumplen con la ley, mientras se abandonan las medidas de vigilancia que sí pueden ser efectivas contra el huachicoleo”, concluyó.
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