El gobierno de Cuauhtémoc Blanco está en crisis política

CUERNAVACA, Morelos. La crisis política que atraviesa el estado no es nueva, aunque hasta este mes tocó a las últimas instituciones que parecían mantener la solidez en el estado.

Un automóvil compacto va por la Avenida San Diego desde la colonia Antonio Barona con rumbo a Reforma. A velocidad muy baja desde el auto se detona una pistola nueve veces justo frente a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Apenas han transcurrido 33 minutos del lunes, los disparos duran apenas cuatro segundos e impactan ventanas y muros de las oficinas, como una triste respuesta a la pregunta que desde hace mucho se hacen en todo el país: ¿Qué está pasando en Morelos?

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La detención del fiscal general de Morelos, el ataque armado a la Comisión de Derechos Humanos y la ruptura entre los magistrados del Poder Judicial se suman a los episodios de zozobra del Ejecutivo, Legislativo y otros órganos autónomos que no se han salvado del pleito entre grupos políticos y que mantienen su operación comprometida financiera o jurídicamente.

La historia de las rupturas pasa por los conflictos internos por el poder, expedientes abiertos con acusaciones de corrupción, señalamientos de vínculos con grupos de la delincuencia organizada, disputas presupuestales violencia política, ruptura de acuerdos, campañas electorales anticipadas y falta de oficio político para retomar el diálogo.

Empresarios, legisladores, académicos, dirigentes sindicales, comerciantes y colonos coinciden en señalar el grave nivel de descomposición política en Morelos.

En los últimos cinco años, por lo menos, el estado ha vivido episodios que no se habían registrado en su historia reciente. Los asesinatos de líderes sociales y políticos sobrepasan la veintena e incluyen el feminicidio de una diputada local y el homicidio de un alcalde en funciones.

La fragmentación política ha llevado a enfrentamientos abiertos y constantes entre los poderes y con los órganos autónomos. Cuatro consejeros electorales locales han sido destituidos (aunque después tres fueron reintegrados a sus cargos) por presuntas omisiones en sus encargos.

Más de 50 carpetas de investigación coleccionan indagatorias sobre presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos que van desde el gobernador hasta regidores, pasando por secretarios de despacho, diputados, alcaldes y magistrados del Poder Judicial.

El propio gobierno estatal ha reconocido la infiltración del crimen organizado en la actividad política del estado. El fiscal general, responsable de trabajar por lo menos la mitad de esas carpetas, fue detenido por presuntos delitos cometidos en agravio de la Ciudad de México.

Por lo menos 12 figuras políticas del oficialismo local están en abierta campaña política. Una decena de funcionarios públicos y representantes populares dejarán sus cargos los próximos meses para buscar ser electos en nuevos puestos.

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Si bien el problema no es generalizado, es evidente que la crisis ha llegado a los tres poderes del estado y a los órganos autónomos por igual.

Desde el arribo de la actual administración, la polémica se hizo presente por la situación de quien hoy encabeza el Ejecutivo, quien decidió conformar su equipo de trabajo con personas foráneas, por lo que fue duramente criticado.

La salida de José Manuel Sanz, quien fungía como jefe de la Oficina de la Gubernatura, y de Pablo Ojeda Cárdenas, exsecretario de Gobierno, dejó desprotegidos a más de uno al interior del Ejecutivo, incluido al gobernador estatal.

Ojeda Cárdenas se despidió del Ejecutivo tras el escándalo de la supuesta venta de la Notaría número 4 con jurisdicción en Jiutepec, en un proceso marcado por la falta de transparencia. De hecho, a un año de distancia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) continúa con las investigaciones.

Ojeda y Sanz se fueron en el mismo paquete y fueron sustituidos respectivamente por Samuel Sotelo, quien fungió como consejero jurídico, y por Mónica Boggio Tomazas Merino, quien era la titular de la Secretaría de Economía.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha recibido de 2018 a 2021 ocho acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ello hizo crecer la enemistad del titular del Ejecutivo con el ombudsman de la entidad, Raúl Israel Hernández Cruz, a quien Blanco Bravo relaciona con su antecesor Graco Ramírez. La CDHMor logró echar atrás la Ley de Videovigilancia y frenar la Ley de Educación, la Ley de Ingresos para el año 2020, entre otras.

Blanco Bravo también rompió relación con los fiscales de Morelos, Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y el fiscal general Uriel “N”, detenido el pasado 4 de agosto en su domicilio de Cuernavaca.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción mantiene varias carpetas de investigación en contra del mandatario estatal, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito y otra más por delincuencia organizada, luego de una fotografía publicada por El Sol de México en enero de 2022 donde el mandatario aparece junto a tres líderes criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga al Gobernador por su relación con grupos criminales.

La enemistad que mantiene el Ejecutivo con el Legislativo a raíz de la llegada de la 55 Legislatura y la creación del denominado G-15 ha provocado pleitos que aún no terminan, como la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023.

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Tras el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sufrió un rompimiento que generó la conformación del denominado G-15.

Los diputados morenistas Paola Cruz Torres, Macrina Vallejo y Alejandro Martínez en la sesión ordinaria del 14 de septiembre anunciaron la adhesión a su bancada al exlegislador priista Alberto Sánchez Ortega.

Además, anunciaron en el pleno que habían decidido nombrar a Macrina Vallejo como coordinadora de la bancada y por ende presidenta de la Junta de Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, desconociendo a su compañero Arturo Pérez Flores, quien fue nombrado previo al inicio del segundo año legislativo.

Paola Cruz Torres, Macrina Vallejo, Alberto Sánchez y Alejandro Martínez se sumaron a los diputados de las demás fuerzas políticas, conformando así el G-15: Óscar Cano Mondragón, Andrea Gordillo Vega, Francisco Érick Sánchez Zavala y Ángel Adame, de Acción Nacional (PAN) y Tania Valentina Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT).

Agustín Alonso y Verónica Anrubio Kempis, de Nueva Alianza; Eliasib Polanco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Luz Dary Quevedo y Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano (MC), y Gabriela Marín, de Morelos Progresa, y en su lugar, actualmente está Marguis del Rayo Salcedo.

Mientras que el G-5 lo conforma Arturo Pérez, Edi Margarita Soriano, Ariadna Barrera y Mirna Zavala, de Morena, y Erika Hernández Gordillo, de Redes Sociales Progresistas, a quienes les fueron arrebatas las comisiones legislativas y mantienen recursos legales que aún no han sido resueltos.

El 4 de octubre de 2022 el asesinato de la diputada Gabriela Marín vistió de luto al Congreso; hasta la fecha, el crimen sigue sin resolverse. Su lugar fue ocupado por Marguis del Rayo Salcedo.

La relación entre el Congreso del estado y el gobernador Cuauhtémoc Blanco se terminó por fracturar el 26 de octubre de 2022, día en que los 15 diputados aprobaron un presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 alterno al que presentó el Ejecutivo local, en el que además cancelaban las libres transferencias.

El presupuesto aprobado, así como el fondo de infraestructura para municipios por más 540 millones de pesos, creado por el G-15 fue controvertido por el Ejecutivo y el pasado mes de mayo, los ministros de la segunda sala de la SCJN suspendieron el Fondo de Infraestructura Regional Municipal creado por los legisladores locales.

Los problemas internos en la bancada de Morena y los diversos recursos jurídicos ante órganos electorales han propiciado constantes cambios de presidencia en la Junta Política y de Gobierno y ha derivado en un atraso en la agenda legislativa, como son el tema de solicitudes de juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco y el exalcalde de Cuernavaca Antonio “N”, así como la designación de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

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Asimismo, las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Ejecutivo al Congreso generaron un enfrentamiento principalmente entre el mandatario Cuauhtémoc Blanco y el legislador Agustín Alonso.

De hecho, en julio pasado el gobernador retó a golpes al diputado, tras acusarlo de maltratar a los secretarios de Estado en las últimas comparecencias. Al respecto, Alonso Gutiérrez se limitó a señalar que actuará por la vía legal.

Uno de los Poderes que hasta los primeros meses de 2022 navegaba en aguas más tranquilas era el Poder Judicial, pero el oscuro manejo que se dio durante la administración de Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) salió a la luz, luego de que fue denunciado por el exalcalde de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós, quien lo señaló de “litigar con el uso de tráfico de influencias”.

La denuncia que primero presentó Martínez Garrigós ante la subprocuraduría fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y que luego ratificó ante la Unidad de Inteligencia Financiera alcanzó también al padre de Rubén, Felipe Jasso Escobar y a la esposa de éste, Myredd Alexendra Mariscal Vilaseñor.

La tarde del 4 de mayo de 2022, Rubén Jasso perdió la presidencia ante Luis Jorge Gamboa Olea, quien tomó protesta el 17 mayo de ese año.

El ojo del huracán se puso sobre el Poder Judicial de Morelos luego de que la Fiscalía de Morelos detuviera a Luis Alberto “N”, alias El diablo, presunto delincuente de Huitzilac y a quien se le relacionó con la muerte de tres jóvenes originarios de Cuernavaca en abril de 2023.

Tres días después de su captura, la jueza Alejandra Trejo dejó libre a Luis Alberto, al asegurar que las pruebas que presentó la Fiscalía pudieron haber sido sembradas, y desde entonces comenzó un ligero enfrentamiento entre el órgano procurador de justicia y el TSJ.

A finales de junio de 2023, un presunto escándalo sexual suscitado en las oficinas del TSJ que involucraba al presidente del Tribunal hizo que los reflectores voltearan al Poder Judicial. Estos hechos provocaron que tres empleadas del TSJ fueran despedidas.

El 5 de julio la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHMor) presentó una queja de oficio en contra de Gamboa Olea para investigar presuntos actos de acoso laboral, pero hasta la fecha el Poder Judicial se ha negado a entregar la información al organismo.

El 19 de julio cinco magistrados culminaron su periodo y antes de irse, el ahora magistrado en retiro Carlos Iván Arenas Ángeles, acompañado de varios de sus excompañeros, se pronunció en la explanada del TSJ para desconocer a Gamboa Olea y señalar que había incurrido en faltas graves por no haber llamado a la integración de las salas que se quedarían sin titular ante las mencionadas salidas.

Arenas Ángeles adelantó que el magistrado presidente presuntamente lo persuadió para que cambiara el sentido de su voto en dos casos de relevancia, uno en el que involucraba a El Diablo y otro que estaba relacionado con servidores públicos.

Días después el exmagistrado presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para que se investiguen estos hechos.

El lunes 7 de agosto durante la sesión extraordinaria de pleno, ocho magistrados encabezados por Rafael Brito Miranda solicitaron la remoción del cargo de Gamboa Olea e incluso votaron a favor de que se cambiara el orden del día y se incluyera la remoción del mencionado.

Gamboa Olea se amparó ante la justicia federal y obtuvo la suspensión por parte del Juzgado Segundo de Distritito para evitar que se abordará el tema de su remoción, al considerar que no hay elementos suficientes para solicitar esta situación.

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La crisis política en la entidad también ha alcanzado a los órganos autónomos como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

En el caso particular del Impepac, la inestabilidad inició desde la remoción de la consejera presidente Ana Isabel León Trueba determinada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2020, luego de determinar que retrasó por 15 meses la entrega al pleno de la investigación en contra del actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, señalado de pagar siete millones de pesos al Partido Sociademócrata (PSD) por la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca en 2015.

Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo del Consejo General, acusó en su momento que la consejera tuvo conocimiento oficial sobre la conclusión de la investigación preliminar efectuada por el Secretario Ejecutivo desde el 7 de diciembre de 2016 y fue hasta el 8 de marzo de 2018 cuando convocó a sesión extraordinaria urgente para tratar el punto.

En su lugar fue designada como consejera presidenta América Patricia Preciado Bahena, quien estuvo al frente poco menos de un año, pues falleció al contagiarse de Covid en 2021, tomando su lugar Mireya Gally Jordá.

En agosto de 2022 el Consejo General del INE determinó remover de sus cargos a los consejeros del Impepac Javier Arias Casas, Isabel Guadarrama Bustamante y José Enrique Pérez Rodríguez, quienes recurrieron a recursos legales que les permitieron ser restituidos por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de este año.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) también ha vivido sus propias vicisitudes. Juan Salazar Núñez fue designado como fiscal Anticorrupción en medio de señalamientos por haber fungido como consejero jurídico en el gobierno de Graco Ramírez y ser designado incluso por el fiscal general Uriel “N”.

La Fiscalía Anticorrupción fue promotora del juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, las solicitudes no progresaron en el Congreso local.

Recientemente el actuar de la FECC ha sido cuestionado por dos casos; uno de ellos el de la exauditora del estado América López, a quien se le acusa de un desvío millonario y cuyo proceso quedó prácticamente detenido, y el segundo, el que aceptara sin apelación que el exalcalde de Cuernavaca Antonio “N”, también acusado de desvío de recursos, saliera de prisión para estar en arraigo domiciliario.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) también ha sido cuestionado por su desempeño.

El actual comisionado presidente Marco Antonio Alvear Sánchez, en un albazo junto a su compañero comisionado Roberto Yáñez Vázquez, destituyeron de la presidencia, en el 2021, a la entonces comisionada Dora Ivonne Rosales Sotelo, a unos meses de concluir el cargo.

Recientemente Alvear Sánchez y los otros cuatro comisionados Roberto Yáñez, Hertino Aviles, Xitlali Gómez y Karen Patricia Flores fueron exhibidos por el centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas de gastar casi 100 mil pesos, entre otras cosas, en donas, pizzas, hamburguesas, hot dogs y hasta palomitas del cine.

Ello, sin dejar de mencionar que los excomisionados Dora Ivonne Rosales, Mireya Arteaga y Víctor Díaz, enfrentan en su contra un proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y por el cual el comisionado Víctor fue vinculado a proceso el 24 de mayo de 2023.

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Otro de los organismos autónomos que está en la mira, sobre todo después de un atentado a sus oficinas es la Comisión de Derechos Humanos, cuyo titular Raúl Israel Hernández Cruz, ha intentado ser destituido desde 2021.

Redacción | El Sol de Cuernavaca