México carece de leyes para atender el desplazamiento forzado: IBD

A pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, aún no se tiene una política nacional ni una ley en la materia para atender de forma integral a las víctimas, revela el Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El documento titulado Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, apunta que de en enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, los cuales obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente.

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Durante este período, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa concentraron el 91 por ciento de los casos de desplazamiento forzado interno, 

La investigación refiere que, hasta el momento, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.  

En septiembre de 2022, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, urgió a las instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.

Además, coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención. 

El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República.