“No hay democracia con desaparecidos”

“No hay democracia con desaparecidos” es una de las consignas principales del Comité ¡Eureka!, uno de los primeros colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas en México, quizá el precursor más importante de la gran cantidad de organizaciones de este tipo que, tristemente, abundan hoy en México. 

El Comité ¡Eureka! se fundó en 1977, bajo el liderazgo de la recientemente fallecida Rosario Ibarra de Piedra. Quizá ninguna figura haya sido tan representativa del movimiento por los desaparecidos como doña Rosario. Ella cargó, durante muchos años, con el peso de encabezar la lucha por el derecho a la verdad, para conocer el destino de las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia.

Con este propósito, lideró manifestaciones de distinta índole, se sentó con distintos presidentes para plantearles sus demandas y hasta fue la primera mujer candidata presidencial en México.

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Amén de las simpatías o antipatías que pueda generar su viraje político de apoyo a López Obrador durante sus últimos años, Rosario Ibarra fue una mujer valiente y comprometida, inteligente y tenaz, incansable y solidaria.

Su figura se fue difuminando a lo largo del tiempo, pero no porque su lucha haya dejado de ser pertinente o porque ella haya abandonado la defensa de sus causas, no; más bien, porque la crisis de los desaparecidos se agravó y adquirió nuevas dimensiones durante la guerra contra el narcotráfico y hasta nuestros días, lo que detonó el surgimiento de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en prácticamente todos los estados del país, tanto así que “las madres de los desaparecidos” o “las buscadoras” se volvieron personajes cotidianos en nuestra vida pública. 

La Comisión Nacional de Búsqueda calcula que hay más de 90 mil personas desaparecidas en México. De ese tamaño es la crisis que vivimos. A los desaparecidos durante la Guerra Sucia, el periodo de represión gubernamental a los grupos disidentes durante las décadas de 1970 y 1980, hay que sumar a los desaparecidos de nuestros días, que han sido víctimas de los grupos del crimen organizado en consonancia con la ineptitud, la complicidad o hasta la participación activa de las autoridades. 

Una de tantas dimensiones de la crisis de personas desaparecidas es la crisis forense, lo que significa que el Estado mexicano carece de las capacidades necesarias para identificar a los cuerpos hallados en fosas comunes o lugares similares. Es decir, si de por sí es difícil encontrar a las personas desaparecidas, identificarlas para poder informar a sus seres queridos es otro gran desafío. 

Un instrumento que resultaría de vital importancia para la identificación de los cuerpos es el Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017. No obstante, el Banco no ha sido creado a cinco años de la expedición de la Ley. Los familiares de las personas desaparecidas siguen esperando.

Pese al carácter trágico y desgarrador del fenómeno de personas desaparecidas en México y sin importar que las cifras aumentan día con día, nos hemos acostumbrado a vivir con esta realidad. Salvo destacadas excepciones de periodistas y medios específicos (como Carlos Puig y Animal Político, por citar un par), la desaparición de personas no es un asunto que suela ocupar las primeras planas de los diarios o grandes segmentos de los noticieros de radio y televisión.

Y salvo momentos particulares de solidaridad, como cuando estalló el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, hay poca empatía social con el movimiento por los desaparecidos. 

Para rematar este aciago panorama, los últimos gobiernos federales han evitado lidiar con el problema de la desaparición de personas mediante distintos artilugios: unos con el desdén hacia las víctimas, otros con esfuerzos fallidos de justicia transicional y otros más con compromisos de saliva y papel, pero con pocas acciones y menos recursos.

El gobierno actual, encabezado por el presidente López Obrador, no se queda atrás: se ha centrado en politizar el movimiento de desaparecidos y convertirlo en parte de sus consignas contra el pasado neoliberal, pero su desinterés por el problema es evidente. 

Así las cosas, tenemos instituciones incapaces de hallar e identificar a las personas desaparecidas, una sociedad poco empática y anestesiada contra la tragedia y el dolor, una prensa concentrada en otros temas y un gobierno exclusivamente interesado en sacar raja política de la lucha de los familiares de las personas desaparecidas.

Mientras tanto, sigue creciendo el número de personas desaparecidas por las cada vez más violentas e inhumanas bandas criminales y por las autoridades, que son a veces copartícipes y a veces cómplices de este crimen atroz. 

Por todo ello, en estos días, cuando estamos debatiendo sobre qué tipo de democracia queremos en México —liberal, representativa, popular, directa, participativa y agregue el calificativo que usted quiera—, recuerdo la consigna de doña Rosario Ibarra: “No hay democracia con desaparecidos”. 

Esa frase sigue vigente. ¿Cómo llamar democrático a un país con más de 90 mil voces ciudadanas silenciadas? ¿Acaso hay democracia con una impunidad tan grande? ¿Es democrática una sociedad que observa sin perturbarse como sus miembros desaparecen a montones?