La reforma eléctrica del PRI, PAN y PRD establece luz eléctrica gratis para jefas de familia y grupos vulnerables

La alianza Va Por México, conformada por el PRI, PAN y PRD quieren que el acceso a la energía eléctrica se garantice con las tarifas más bajas o que se otorgue de forma gratuita, a través de una contrapropuesta a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se garantizarían tarifas más bajas y se otorgará en forma gratuita a jefas de familia y a grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala ya sea en los hogares o en forma comunitaria, en modalidad de Generación Distribuida”, dice un comunicado de Va por México. 

La contrapropuesta a la reforma eléctrica de Va por México también establece que “como derecho humano el acceso a la energía eléctrica, señalando que éste deberá ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible, señalando que el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para que el acceso sea a los costos más bajos y estables posible”.

De igual forma, Va por México propone la transformación de CFE Suministro Básico en una empresa del Estado independiente, es decir, Suministro Básico del Ciudadano.

“Se establecerían mecanismos de subastas de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo como medida específica de protección al usuario o consumidor, obligatoria para el suministro básico, o, en su caso, el Suministrador del Ciudadano podrá firmar contratos bilaterales con plantas ya existentes siempre y cuando su precio sea inferior al promedio del último año del PML”, dice el documento.

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También plantearon la elaboración de un manual específico para la protección de los derechos del usuario.

La contrapropuesta de la coalición formada por el PRI, PAN, PRD estableció un punto para la transición energética para ayudar a la lucha del medio ambiente. 

“Se establece la obligación del Estado para conducir la transición energética, con la participación del sector público, privado y social, como objetivo fundamental para el Estado en la lucha al cambio climático y al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia”, recalca el documento.

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